Un 2 de mayo de 2002 la extinta guerrilla de las Farc fueron los máximos responsables de la masacre en contra de la población de Bojayá, que se resguardaba en la iglesia del municipio.

Un día como hoy, en medio de los enfrentamientos entre los guerrilleros de las FARC-EP y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ambas empeñadas en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato; Un "cilindro bomba" fue lanzado por miembros del Frente 58 del Bloque Noroccidental de la guerrilla, a la iglesia del pueblo, en donde la comunidad se resguardó para protegerse, produciendo la muerte de aproximadamente 100 personas.

Leyner Palacios, quien hace parte de la Comisión de la Verdad y es víctima de esta masacre, pues perdió a muchos de sus familiares, dijo que hay mucha preocupación en cuanto a la reparación que no fue adecuada, también por la persistencia de la violencia en los territorios, hay alarma por el confinamiento del 70 % de las personas en los cascos rurales, sigue el reclutamiento, situación que ha llevado a que algunos niños y jóvenes recurran al suicidio; y la falta de atención a las víctimas. Este 2 de mayo se realiza una conmemoración por parte  del Sistema Integral para la Paz, la Iglesia de Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, entidades que unen para acompañar a las víctimas y a las comunidades  afrodescendientes e indígenas que hoy siguen enfrentando la violencia y el  sufrimiento provocado por el conflicto armado.

Igualmente,  el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, junto a  autoridades étnico territoriales organizan un homenaje a las personas que  perdieron la vida y un conversatorio para debatir y exponer la situación de  derechos humanos en el territorio ante las denuncias de homicidios, amenazas  de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes,  desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y  desapariciones forzadas, entre otras violaciones.

En el marco del conflicto armado en Colombia, los grupos subversivos han infestado grandes extensiones de tierra con minas antipersonales ubicadas alrededor y en los municipios donde ejercen poder o se disputan el territorio con otros actores armados. Desde entonces las Fuerzas Militares y organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo campañas de desminado humanitario con el propósito de liberar las zonas de esta amenaza que mutila, asesina y daña la humanidad de los ciudadanos. Posteriormente con el Acuerdo de Paz, los excombatientes integraron este proceso hasta la fecha. Con base en ello, expertos de la Universidad del Rosario hicieron investigaciones sobre el efecto positivo que tiene este proceso en el país.   LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó con Juan Fernando Vargas, doctor en Economía y docente de la Facultad de Economía de la Institución, para conocer sobre los hallazgos. “Colombia es la segunda nación, después de Afganistán, con más víctimas por estos artefactos y en cuanto a las minas artesanales ocupa el primer lugar en la última década… La intervención para desactivarlos y removerlos cuenta con la colaboración de expertos nacionales e internacionales que trabajan de la mano con la comunidad”.   En cuanto a los beneficios Vargas dijo: “Esto es muy importante para el desarrollo y bienestar de las regiones afectadas pues cambian la relación de las personas con la tierra y el entorno… los efectos son positivos… encontramos que aumenta la actividad económica, se incrementa la densidad poblacional, es decir los ciudadanos regresan a los territorios; los niños y niñas vuelven al colegio por tanto asciende la matrícula y el desempeño en las pruebas Saber y disminuye la intensidad de los cultivos de coca, ganadería ilegal y deforestación”.   Sobre los costos el invitado comentó que instalar una sola mina antipersonal cuesta menos de 50 dólares y desactivarla aumenta 300 veces más dicho precio: “el valor de desminar es elevado, se necesitan equipos, personal calificado y tiempo de trabajo en campo”, sin embargo, “los beneficios son mayores”, inclusive permiten que el PIB municipal alcance el 0.8 % y se salvan más de 350 vidas al año.   Vargas afirmó que, si bien se ha logrado remover estos artefactos en varios municipios, el proceso avanza a paso lento, de hecho, se esperaba que este terminara en el 2020 y ahora en el Plan de Operaciones de Desminado Humanitario el plazo será hasta el 2025. “Si hubiera más recursos no solo por el Gobierno sino también por la comunidad internacional se podrían acelerar las operaciones... se ve muy difícil lograrlo  al ritmo actual”, expresó el docente.   Conozca más sobre el desminado humanitario aquí.   Vea la entrevista completa:

Desde el próximo lunes la Administración Distrital levantará la excepción transitoria de pico y placa para el talento humano en salud, la cual opera en la capital desde el 21 de septiembre de 2020 y que contribuyó a la atención y el control de la pandemia del Covid- 19.

El Secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, afirmó que “el trabajo del personal ha sido y sigue siendo maravilloso. Desde la Administración lo reconocemos y agradecemos. Hoy con una ciudad en obra necesitamos del concurso de nuestro talento humano para contribuir con la movilidad cumpliendo con la restricción de pico y placa y usando las alternativas que tenemos diseñadas para desplazarnos sosteniblemente”.

Por su parte el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó: “La excepción se levanta a partir del 30 de abril, teniendo en cuenta que la condición de carácter epidemiológica ha sido superada. Invitamos al personal a hacer su aporte para que la capital tenga un tránsito más ágil”

Además destacó que “Bogotá fue la única ciudad del país que implementó y mantuvo este tipo de medida para dicho sector, reconociendo el esfuerzo y naturaleza del trabajo de miles de hombres y mujeres en la atención de la pandemia por coronavirus”.

El pico y placa opera en horario extendido de 6:00 a.m. a 9:00 p.m  de lunes a viernes desde el 11 de enero del año en curso. Los días pares es para carros con placas terminadas en dígitos pares y los días impares para las placas terminadas en números impares.   Con la norma cerca del 50 % del parque automotor particular sale de circulación en los días de la restricción, lo que equivale aproximadamente a unos 950 mil vehículos. Así mismo aumentaron las validaciones de los usuarios del SITP en un 10,6 %. Y se han impuesto alrededor de cinco mil comparendos por incumplimiento a la medida, al tiempo que se han inmovilizado cerca de 600 carros. 

El Distrito invitó al personal de salud a acogerse a las alternativas de excepción para desplazarse en la ciudad como es el ‘Pico y placa solidario’, ‘Carro compartido’ o hacer uso de móviles híbridos, bicicletas o caminatas.  

Información tomada de las secretarías de Salud y Movilidad.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral con corte al 24 de abril de este año, en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos: dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.

El ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander). Nueve aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales; Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander).  Y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.

Mediante esta actuación la Entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.

Información tomada de la Procuraduría General de la Nación.

Luego darse esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la audiencia pública de reconocimiento de la verdad por parte de los 11 imputados en el Caso 03 sobre los ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, más conocido como “falsos positivos”. El presidente del alto tribunal expuso en el programa ‘Revista de la Mañana’ en qué consiste el proceso y cuál será el paso a seguir.   “El país ha podido reflejar el trabajo de la Jurisdicción, se trata de uno de los crímenes de guerra más graves y delitos de lesa humanidad que se han cometido en el conflicto armado… El trabajo arduo de la Sala de Reconocimiento ha sido sistematizar toda la información, recoger los reportes e informes de las víctimas y las investigaciones de la Fiscalía”, expresó Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP.   A partir de esto se determinaron los patrones de macro criminalidad y comenzaron los exámenes en varias unidades militares de Colombia. La primera de ellas fue la desplegada en Norte de Santander, allí se conocieron los primeros implicados que fueron los que dieron sus declaraciones en la pasada audiencia.   Leer también: ¿Quién dio la orden? Preguntan las víctimas de “falsos positivos”   ¿Cómo funciona la JEP?

Cifuentes explicó que existen dos fases.   Fase 1: No adversarial.  “Es una oportunidad que se les brinda a los comparecientes y presuntos perpetradores para que ellos asuman su responsabilidad y aporten verdad exhaustiva a las víctimas, al país y a la Jurisdicción. En el momento que lo hagan y si así lo estime la Sala de Reconocimiento, está dictará una resolución de conclusiones proyectando una sanción restaurativa, la cual se destina a una sección para la paz que dictará la sentencia”.   Fase 2: Adversarial. “En el momento que los implicados no acepten responsabilidad ni aporten a la verdad, en este caso la Unidad de Investigaciones y Acusación formula cargos ante el Tribunal para la Paz y si esta persona es declarada culpable se le impone una sanción hasta de 20 años de prisión”.   ¿Qué pasará con los 11 exmilitares?

Este caso está transitando por la fase 1, por tanto, luego de la audiencia del 26 y 27 de abril, se procederá a la verificación por parte de la Sala y en tres meses se conocerá la resolución de conclusiones para saber si se acepta o no su reconocimiento.   ¿Cuáles serán las sanciones?

“Será un tiempo entre cinco y ocho años cuando su libertad estará sujeta a diversas restricciones de locomoción, bajo vigilancia y monitoreo constante, y en ese mismo término deben desplegar trabajos y actividades de contenido reparador para las víctimas aprobados por ellas mismas, este es uno de los puntos más importante del Acuerdo”, indicó el Magistrado.   Y enfatizó: “Se abre un capítulo importante para el país y es la dignidad de las víctimas, porque es sembrar, a través de este tipo de acciones, la reconciliación y la no repetición”.   Se sigue la investigación

“Actualmente se llevan indagaciones en otras unidades militares como el Meta, Huila, Casanare y Antioquia. Al término de todas estas actuaciones, llegarán más pruebas, versiones y testimonios de los afectados, se van a determinar los máximos responsables… En este momento la JEP no ha concluido con todo el juzgamiento de este macrocaso que se ha dividido en subscasos dada su complejidad. Nuestro objetivo no es solo perseguir a los perpetradores sino ofrecerle al país la verdad desde la perspectiva judicial”, señaló Cifuentes.   El Presidente de la JEP expuso la importancia de lograr una justicia restaurativa, la cual está dirigida a los imputados que se acogen a la fase 1: “es un relato doloroso, no borra las huellas de los crímenes, no resucita a los muertos, no retrocede los desplazamientos forzados, no elimina las torturas infringidas ¡De ninguna manera! Pero en el momento presente puede significar un alivio para las víctimas y puede representar un nuevo futuro para los victimarios quienes podrán hacer el tránsito a una vida distinta y reinsertarse la sociedad”.   Finalmente, el Magistrado indicó que el mismo proceso se dará con los exmiembros de las Farc-EP en la audiencia de reconocimiento de secuestro el 31 de mayo, 2 y 6 de junio de 2022.   Puede ver: 120 asesinatos por “falsos positivos” no quedarán en la impunidad   Entrevista completa:  

Son 39'002.239 los colombianos que están habilitados para ejercer su derecho al voto, incluidos los que viven en el exterior, durante las elecciones de presidente y vicepresidente de la República para el período constitucional 2022-2026, que se celebrarán el domingo 29 de mayo de 2022.

En Colombia, 38’ 029.475 ciudadanos (19.582.821 mujeres y 18.446.654 hombres) podrán sufragar en 100.809 mesas de votación, que se instalarán en 12.263 puestos: 5.174 en el área urbana y 7.089 en el área rural.

En el exterior, 972.764 personas (529.087 mujeres y 443.777 hombres) están habilitadas para votar en 1.343 mesas, distribuidas en 250 puestos de votación de 67 países. El período de votación en el exterior inicia el lunes 23 de mayo y finaliza el domingo 29 de mayo.  

Impulsada por Connectas, plataforma que promueve la innovación periodística y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de Latinoamérica y el Caribe, está disponible la convocatoria para ser parte de la ‘Escuela Virtual CONNECTAS 2022’ hasta el domingo 1 de mayo.   Determinado como un escenario de capacitación periodística que busca potenciar las habilidades comunicativas de cientos de profesionales en la región de las Américas, este proceso de formación que iniciará el 16 de mayo de manera remota será un insumo para la proposición de temas investigativos que serán articulados con materiales producidos por distintas organizaciones que desarrollan investigaciones y productos de alto impacto en el contexto global actual.   Carlos Eduardo Huertas, director y líder de la mesa editorial de la organización, estuvo en los micrófonos de LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogando sobre el ejercicio y misionalidad de esta plataforma; y a su vez invitando a quienes estén interesados en inscribirse a la Escuela Virtual.   Ver entrevista completa:

Las personas que sean admitidas, participarán durante cuatro semanas de esta metodología de estudio que requiere una buena conexión a Internet y disponer de al menos cinco horas por semana para estudiar el material.   Mayor información aquí.

Tras el anuncio del Ministerio de Salud en el cual se dispuso que a partir del 1° de mayo se podrá dejar de usar el tapabocas en espacios cerrados en los municipios del país que tengan al 70% de su población con el esquema completo de vacunación, también se decretó que desde el próximo 15 de mayo se eliminará el uso de este elemento en espacios abiertos y cerrados de las escuelas, colegios y universidades.

Como parte de las medidas que buscan ir desescalando algunos protocolos que se implementaron con el inicio de la pandemia generada por el Covid-19, el Gobierno estipuló entonces que eliminará esta restricción de las instituciones de educación en todos sus niveles; alertando que se deberán hacer esfuerzos frente a la vacunación de menores y jóvenes ya que persiste el riesgo de contagio en esta población. 

“Desde el inicio de la pandemia, han fallecido 358 niños, 549 niños ingresados a UCI y 3.191 niños hospitalizados a lo largo de este tiempo. Frente a estos datos, la cobertura que se ha logrado de vacunación, en promedio, en Colombia es relativamente baja. Con una dosis llevamos el 63,9 % y con dos dosis el 42,1 %”, expuso el ministro Fernando Ruíz. 

Con esta determinación, se llama la atención de los familiares y de los espacios formativos para que impulsen el fortalecimiento de los esquemas inmunológicos para seguir protegiendo a la niñez y juventud en Colombia. Hasta el momento, las capitales que han logrado los indicadores establecidos para levantar la medida del uso del tapabocas son Bogotá, Tunja, Armenia, San Andrés, Leticia, Manizales, Ibagué, Pereira, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán.

La Secretaría de Desarrollo Económico en alianza con las Cajas de Compensación Familiar de Bogotá adelantan la implementación del programa ‘Empleo Joven’ que tiene como objetivo incentivar a las empresas para que generen puestos destinados a esta población. Con ello se pretende también disminuir la tasa de desempleo en la ciudad.

El programa permite que las entidades interesadas se inscriban y luego de validar la contratación de personas entre 18 y 28 años, reciban por parte del Distrito un beneficio monetario equivalente al 55 % de un salario mínimo mensual por tres meses por cada joven vinculado. Adicionalmente ahorran en gastos de selección del recurso humano pues desde la Secretaría se remiten los candidatos

A la fecha, ya hay más de 200 empresas seleccionadas que han empleado a 1.300 jóvenes, las cuales recibirán sus desembolsos luego de la revisión de los documentos y requisitos. Actualmente hay 15 mil cupos disponibles y se estima que en mediano plazo se logren a aumentar a 25 mil. La meta son 40 mil empleos.

La Secretaría hace de nuevo la invitación a los empresarios de la ciudad para que hagan parte del programa, no hay requerimiento de tamaño de su unidad productiva. Para participar las compañías deberán hacer la preinscripción en la página web de ‘Bogotá Trabaja’, posteriormente la Secretaría recibirá y evaluará los documentos presentados. Luego se tramitan y registran las vacantes, se remiten los perfiles y se hace la gestión contractual.

Las empresas deben estar formalizadas, haber generado nuevos puestos de trabajo para jóvenes a partir del 1 de julio de 2021 hasta la fecha o generar nuevas vacantes y estar ubicadas en Bogotá. La vinculación laboral de dicha población debe tener una remuneración mensual mayor a un salario mínimo, ser por un periodo mayor a un año o tener contrato indefinido. 

El programa está enmarcado dentro de una gran estrategia con la que se busca cerrar las brechas en empleabilidad de aquellos grupos de la población que fueron más afectados por la pandemia como mujeres, jóvenes y los mayores de 50 años. Es así como para 2022, se triplicó la capacidad operativa y de atención de la Agencia Pública de Empleo Distrital.

"Invitamos a los empresarios de Bogotá a participar en #EmpleoJoven, que subsidia hasta el 55 % del salario mínimo para que las empresas formalizadas contraten jóvenes de manera formal por al menos un año": @alfredobateman.

Consulta más información aquí👉🏻 https://t.co/Ty5FWFHaze pic.twitter.com/CTkO9GxWBS

— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) April 28, 2022

La Secretaría de Ambiente lideró un encuentro con propietarios y administradores de bares, gastrobares y otros tipos de negocios de comercio nocturnos para que se tome consciencia sobre la importancia de cumplir con las normas ambientales en materia de emisión de ruido y contribuyan a tener una mejor convivencia con los vecinos.

“La invitación es un poco a concientizarnos de que la situación del ruido es compleja, queremos abrir espacios para ver cómo podemos mejorar la norma, hay que encontrar la manera de que las estadísticas mejoren, porque las quejas es la constante en varias localidades. El objetivo es que la ciudad viva en sana convivencia, la idea es llegar a unos acuerdos, articularnos, tener espacios de diálogo y comunicación continua”, dijo la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia.

Con la campaña #BájaleElVolumen el Distrito busca que los establecimientos comerciales no excedan los niveles permitidos. Esto ayudará a que se reduzca el impacto que genera la actividad, sobre todo para los vecinos de las zonas aledañas, quienes merecen una mejor calidad acústica en su entorno. 

Más del 50 % de las quejas que recibe la Secretaría en dichos temas están relacionados con la afectación que generan los negocios nocturnos. Además, menos del 10 % de los medidos cumplen las condiciones solicitadas. Las localidades más afectadas son Chapinero, Antonio Nariño, Teusaquillo, Bosa y Suba.

El año pasado, en el marco de la recuperación económica, el Distrito junto con representantes del sector de bares y gastrobares, firmaron el pacto ‘Reactivación con respecto’ y en la actualidad se busca que el compromiso se cumpla. 

Las actividades comerciales nocturnas tienen como estándar máximo permisible de emisión de ruido en el día (7:01 a.m. a 9:00 p.m.) 70 decibeles dB (A), sonido que se puede comparar con el que emite el motor de un vehículo a un metro de distancia. Mientras que en la noche (9:01 p.m. a 7:00 a.m.) de 60 decibeles dB (A), que equivale a una conversación normal escuchada a un metro de distancia. 

Este tipo de encuentros con los propietarios permite que entiendan la problemática y la perturbación que la actividad genera en el sueño y las horas de descanso de los vecinos. Asimismo, se pueden coordinar acciones con las entidades distritales para promover una rumba con menos contaminación sonora.  Finalmente, la Secretaría instó a los ciudadanos a contribuir a la moderación, para ello recomendó: 

• No usar parlantes en espacio público. • Utilizar con volumen moderado los dispositivos de audio y televisión. • Implementar técnicas de conducción amigables con el ambiente y preferir medios alternativos como la bicicleta. • Hablar en lugares públicos o privados en un tono de voz moderado. • Mantener una sana y respetuosa convivencia con los demás.

Información tomada de la Secretaría de Ambiente.