Bogotá es una de las capitales donde más residen víctimas del conflicto armado, a la fecha del 31 de diciembre de 2021 se reportaron 378.676 personas. Su atención la lidera la Administración Distrital en cabeza de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación. Aunque se ha desarrollado la política pública que tiene como objetivo la protección de esta población, su ejecución es insuficiente afirmó a LAUD 90.4 FM ESTÉREO, la concejal Ana Teresa Bernal.   “Tengo que reconocer que esta es una de las ciudades que mejor ha entendido la política y en gobiernos anteriores se avanzó en ello… Sin embargo, aún los afectados siguen teniendo situaciones de alta vulnerabilidad, la mayoría de los que han llegado a la capital no logran superar las condiciones de pobreza, viven de trabajos informales, no tienen estabilización económica ni socioemocional”, manifestó.   Paralelamente, el Distrito enfrenta un alto índice de desplazamiento en el último año a raíz de la guerra que sufren las regiones, ante ello Bernal dijo: “Si bien hay una destinación de recursos a la asistencia inmediata y humanitaria, que es cuando los desplazados llegan; falta cumplir otros deberes que permiten que dicha población tenga un periodo de estabilización y mejoramiento de su condición. El ideal es que ellos recuperen la plenitud de ciudadanía y dignidad”.   En el debate de gestión que la cabildante realizó en el Concejo de Bogotá con el fin de hacer observaciones a la puesta en marcha de la política pública, se determinó que las acciones de la Administración son: “Regresivas, no impactan en los componentes centrales de la reparación integral, beneficia a muy pocas víctimas, se ha fortalecido narrativas de discriminación y no se cuestiona el modelo Nacional que ha desmontado el espíritu de la Ley 1448 de 2011”. Ver exposición completa aquí.   “Se tienen que articular de mejor manera el Gobierno Nacional con el Distrital para lograr que los afectados superen su vulnerabilidad y se puedan estabilizar, sea por la reubicación en la ciudad o por el retorno seguro siempre y cuando en sus regiones ya no haya amenazas”, señaló.   Bernal indicó que para avanzar en la implementación “Es importante que las medidas que se tomen sean progresivas… se debe fortalecer los programas de vivienda, educación y salud, y que se pueda recuperar lo perdido.... El desplazamiento a pesar del dolor, es una oportunidad para Bogotá pues le ha traído diversidad, conocimiento y sabidurías ancestrales”, concluyo.   Escuche la entrevista completa en este video:   

La educación inclusiva permite el acceso a niños con discapacidad y otras necesidades especiales a cualquier institución educativa en donde se relacione en clase con sus pares de edad, dándole las mismas oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro niño.

En Colombia, legalmente todas las entidades públicas y privadas, desde la primera infancia hasta el posgrado, están amparadas por la Constitución Política. La Ley 1618 del 2013, en su artículo 24, define que el derecho a la educación es para todos y por lo tanto los colegios deben tener un plan de atención para las distintas poblaciones”.

María Angélica Yazzo Zambrano, Máster en Desarrollo Educativo y Social e investigadora en educación inclusiva, dijo en LAUD 90.4 FM ESTÉREO que todas las instituciones educativas deben tener la capacidad de realizar procesos de admisión y revisar que tengan  las condiciones y apoyos especializados, como lo estipula el decreto 1421.

“No debe ser posible que algún colegio, ya sea público o privado, niegue la posibilidad de que ingrese un niño o niña con alguna condición de discapacidad.  En su autonomía es claro que las instituciones deben realizar sus procesos de admisión con la observación, pero cuando se recibe no se puede excluir, pues prima el derecho a la educación y a la infancia”, explicó la experta.

Para la docente se ha avanzado en algunos aspectos como en la cualificación de los maestros del país. “Muchas universidades están a la vanguardia en capacitar para la inclusión, se han adelantado técnicas de evaluación y existe el decreto 1421 que nos da una herramienta como el PIAR, la cual garantiza la pertinencia de la enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad y se ha venido aplicando con excelentes experiencias en los colegios públicos”.

Y agregó que la falencia está en que no se ha  implementado una cultura inclusiva, pues la política está, “pero en las instituciones educativas, y sobre todo en el sector privado, se debe empezar a tener concienciación de que enseñar es un proceso continuo, y tanto directivos como profesores, deben ser competentes en este ámbito”.

En casos cuando a los niños o jóvenes se le haya vulnerado el derecho a la educación, existen organismos como el Consultorio y la Clínica Jurídica para la inclusión de la Fundación los Libertadores. También está la Fundación Asdown que orienta y acompaña a las personas con discapacidad intelectual, sin excepción, y a sus familias.

A diario se conocen en Bogotá noticias sobre hechos que atentan contra la ciudadanía como hurtos, homicidios y desapariciones, y más recientemente se han retomado prácticas como el uso de escopolamina que ha cobrado la vida de algunas personas. Estos sucesos generan un panorama de incertidumbre entre los habitantes quienes se cuestionan qué tanto han sido efectivas las medidas tomadas por el Distrito. LAUD 90.4 FM ESTÉREO, dialogó con Néstor Rosanía, experto en seguridad.   “La administración de Claudia López y la de Iván Duque ha sido un fracaso en cuanto a esta materia. Los secretarios de Seguridad que ha conseguido la alcaldesa no han funcionado… por otro lado hay un alto subregistro en la ciudad, porque no todas las víctimas de hurtos denuncian y ahí está la diferencia entre las cifras presentadas y la precepción… La tendencia es que la problemática seguirá y aumentará porque no hay una estrategia que se esté ejecutando para frenarla”, expresó el experto.   Si bien la actual Administración Distrital ha reconocido que existe crimen organizado en la capital, las acciones para combatirlo no son suficientes: “Los golpes dados a los delincuentes son pequeños… cuando se observa qué pasa con los capturados se ve que continúan operando desde las cárceles… entonces no se han desarticulado las bandas… en los eslabones de la cadena de seguridad, desde las estrategias hasta la judicialización, tenemos unos vacíos muy grandes y eso hace que los hechos no se detengan”, señaló.   La solución es “crear una política pública realmente eficaz que parta de las investigaciones en los territorios y empiece a mapear los grupos delincuenciales que hay en Bogotá… porque las restricciones como la del parrillero no representan nada… es una labor que debe hacer la Secretaría”, precisó.   Rosanía afirmó además que el pie de fuerza de la Policía Metropolitana no es suficiente para un Distrito de más de ocho millones de habitantes: “No hemos tenido un gran avance, no se ven los resultados y seguimos en las mismas dinámicas, el crimen organizado sigue creciendo en la ciudad”, por eso se requiere fortalecer la inteligencia e investigación judicial.   El invitado indicó que durante la pandemia los alcaldes en el país dijeron que los índices de inseguridad habían bajado, lo cual ocurrió por el confinamiento, pero al momento de la apertura hubo un efecto rebote “porque los bandidos salieron a buscar recursos y ahí fue cuando se dispararon los delitos. Estamos a un año de ese fenómeno”.   Ante la situación Rosanía instó a los oyentes a reforzar la vigilancia en establecimientos y viviendas, por ejemplo, con la instalación de cámaras, así mismo resaltó la importancia de participar en los frentes ciudadanos que promueve el Distrito.   Escuchar la entrevista completa, aquí:

Se conocieron los resultados de la quinta entrega del proyecto ¿Qué piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia? La que arroja cifras como que el 79 % de los jóvenes piensa salir a votar este 29 de mayo en primera vuelta presidencial y el 52 % no se siente representado por los candidatos.

También señala que el  78 % de los jóvenes ya decidió por quién va a votar y el 22 % aún no sabe. El 73 % tiene clara las propuestas de su candidato y le interesa sobre todo las temáticas de educación, salud, seguridad y empleo.  

En cuanto al momento de escoger algún candidato, los jóvenes, según la encuesta tienen cuenta: las propuestas del candidato (58 %), su perfil (39 %), la ideología (33 %), las conversaciones de su familia (22 %), las conversaciones con sus amigos (17 %), el partido político o movimiento del candidato (16 %), las discusiones en los debates presidenciales (14 %), lo que ve y lee en redes sociales (13 %), lo que ve, lee y escucha en medios de comunicación (13 %), la voz a voz (11 %) y la popularidad del candidato (11 %).

¿Qué les preocupa a los jóvenes?

Lo que más les inquieta es la inseguridad que sigue ocupando el primer lugar, tendencia que persiste comparándola con la encuesta hecha en noviembre del año pasado teniendo un 57 %, siendo los más afectados por este fenómeno los jóvenes de los municipios rurales (60 %), en comparación con quienes viven en las ciudades (32 %).

A la inseguridad le sigue la falta de empleo con el 54 %, las demoras en atención a salud, el 40 %, la pobreza el 34 %, la falta de acceso a la educación superior el 32 %.

¿En cuáles instituciones confían y desconfían?

En primer lugar, en las universidades públicas, seguidas de las universidades privadas.

Desconfían en la presidencia de Colombia (81 %), los partidos políticos (80 %), el Congreso de la República (78 %), los influenciadores digitales (73 %), la Policía Nacional (73 %), el Consejo Nacional Electoral (72 %), la Fiscalía (71%), la Contraloría (70 %), los medios de comunicación (70 %), la Procuraduría (69 %), los líderes religiosos cristianos no católicos (69 %), las Gobernaciones (68 %), las Alcaldías Municipales (68 %), los jurados de votación (65 %), los sindicatos (64 %), la Registraduría (62 %), la Defensoría del Pueblo (59 %), las redes sociales (59%), las Fuerzas Militares (58 %) y la Iglesia Católica (56 %).

Emociones de los jóvenes

Según el estudio la emoción que los domina es la alegría, con un 56 %, sobre todo quienes están en municipios rurales (64 %) y un poco menos para los jóvenes de las ciudades (55 %).

Ficha técnica:

La encuesta que se realizó entre el 7 y el 21 de abril en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Pasto, Villavicencio, Manizales, Neiva, Tunja y en 210 municipios del país, fue realizada por la Universidad del Rosario,  la fundación Hanns Seidel, El Tiempo Casa Editorial y la firma Cifras y Conceptos. Se encuestaron a 2220 jóvenes entre 18 y 32 años, quienes representan un universo de 4.7 millones de personas.

El Alto Tribunal declaró inconstitucional esta práctica tras una demanda que aduce  que es una forma de maltrato animal que vulnera el derecho a la protección del ambiente sano.

Si bien es cierto que la Corte  Constitucional  admitió “que no hay evidencia científica suficiente para calificar a los pescados como animales que sienten'', precisa que "por eso se aplica el principio de precaución, al tener en cuenta que es factible que en algún momento esto se pueda probar”.

Aunque no es posible definir con certeza absoluta las consecuencias nocivas de la pesca deportiva, se debe tener en cuenta los términos de los principios de protección y bienestar animal, el impacto y deterioro de los recursos hidrobiológicos.

 “Existe información científica relevante que exige evitar impactos nocivos en estos seres y su entorno, debe preferirse la exclusión de la actividad”, dice el fallo.

Ante esto Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) mostraría preocupación con este tema pues este podría traer consecuencias que impactarían al sector turístico y económico de las diferentes regiones.

La Secretaría Distrital de Movilidad –SDM recordó que el próximo 14 de mayo vence el plazo para obtener descuentos y sin intereses de mora por el pago de multas de tránsito impuestas antes del 30 de junio de 2021. Esta amnistía, que está amparada en la Ley de Inversión Social, beneficia a más de 46 mil bogotanos.

Las personas que tienen cuentas pendientes por infracciones cometidas en dicho periodo podrán ingresar a la página web de la Secretaría de Movilidad y dar clic en el botón ‘Consulta y pago de comparendos’, luego indagar con su número de cédula o placa. La diligencia no requiere de intermediarios.

¿Quiénes se pueden acoger a las amnistías?

Los deudores de multas de tránsito de vehículos: 

•    Cancelan el 50 % del capital y sin intereses de mora hasta el 14 de mayo de 2022.   •    Cancelan el 80 % del capital y sin intereses de mora entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre de 2022.    Los deudores de multas de tránsito de motocicletas:

•    Cancelan el 40 % del capital y sin intereses hasta al 14 de mayo de 2022.  •    Cancelan el 60 % del capital de la deuda y sin intereses entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre de 2022.

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de generar el pago a través de la plataforma PSE o imprimir el volante para cancelar en la sucursal bancaria de los bancos Occidente y Caja Social, además de los puntos Éxito y corresponsales bancarios ‘Red Banco Amigo’ a nivel nacional.

¿A quiénes excluye?  

A las personas que tengan sanciones por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

Finalmente, la SDM instó a los conductores para que mantengan actualizados sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT, ya que es el único mecanismo oficial que poseen los organismos de tránsito para notificar las infracciones. 

Información tomada de la SDM.

Para el docente y médico epidemiológico, Carlos Trillos, consultado en LAUD 90.4 FM ESTÉREO,  la decisión es pertinente en la medida que se ha visto una estabilidad en los niveles bajos de casos nuevos de Covid-19, de ocupación hospitalaria y hay  buenos resultados en muchas partes de país, de la cobertura en vacunación.

Sin embargo, el especialista indicó que “aún existe el riesgo individual de cada quien. Hay personas que tienen más riesgo y susceptibilidad de enfermedades, como los adultos mayores y las personas que están tomando algún medicamento”. Agregó que “no hay que confiarse totalmente para no volver a la época de restricciones y confinamiento”.

Recomendó que no está de más seguir utilizando la mascarilla, pues hay circulación viral. Exhorto para que en los sitios cerrados haya ventilación y distanciamiento adecuado. “La pandemia no se ha acabado, hay que ser prudente”.

Trillos recordó que en los lugares que se debe, obligatoriamente, portar la mascarilla, es en los servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público e instalaciones educativas. Aplica para los municipios que hayan llegado al 70 % de cubrimiento de esquemas completos y 40 % de dosis de refuerzo.

Al preguntarle sobre qué tanto daño hace el tapabocas a las vías respiratorias por el uso recurrente, el médico dijo que no son perjudiciales porque están hechos para proteger a las personas.

Escuchar entrevista aquí: 

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó cómo fueron las postulaciones de los movimientos políticos que participarán en el sorteo de jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2022 que se llevarán a cabo el 29 de mayo. En total participarán 2.585.378 ciudadanos para tal fin.

La lista de postulados la encabezan las entidades privadas con 1.005.790 personas; le sigue el sector estudiantil con 839.815; entidades públicas con 409.420; docentes con 263.311 y agrupaciones políticas con 67.042, estas últimas equivalen al 2,59 % del total de interesados.

Los colombianos registrados por cada una de las coaliciones y partidos políticos fueron:

•    Pacto Histórico: 39.840 •    Equipo por Colombia: 22.541 •    Centro Democrático: 4.163 •    Centro Esperanza: 252 •    Partido Colombia Justa Libres: 246

La Liga de Gobernantes Anticorrupción del candidato Rodolfo Hernández, el Movimiento de Salvación Nacional del candidato Enrique Gómez Martínez, el movimiento Colombia Piensa en Grande del candidato Luis Pérez y el Partido Verde Oxígeno de la candidata Íngrid Betancourt no postularon ciudadanos para el sorteo.

El plan estratégico que planteó la Registraduría tiene como objetivo el fortalecimiento de las elecciones presidenciales, por ello estableció la ampliación del período de registro para el sorteo mencionado.

La selección y la publicación de las listas de jurados de votación se realizará desde este lunes hasta el próximo 9 de mayo, en todo el territorio nacional, en cumplimiento del Código Electoral que establece que, a más tardar, 15 días calendario antes de los comicios se integrarán las listas de colaboradores.

Finalmente, la entidad recordó que para esta jornada se cambiarán totalmente los jurados de 5.109 mesas en las que hubo errores humanos o posibles irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14, y que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, con el fin de generar confianza y brindar plenas garantías para el proceso que se dará el 29 de mayo.

Información tomada de la Registraduría Nacional.

La Secretaría de Desarrollo Económico dio inicio a la ‘Semana de la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos – PDA’, por medio de la firma del primer pacto en la región: “Yo contribuyo, no pierdo ni desperdicio alimentos en Bogotá”, el cual tiene como objetivo promover buenas prácticas en hogares, plazas de mercados y líneas de producción para mitigar esta problemática.

Por esta causa en Colombia se desaprovechan 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, según lo indicó el Departamento Nacional de Planeación, cifra que alcanzaría para dar de comer aproximadamente a ocho millones de personas en este mismo periodo de tiempo. En Bogotá la cifra anual es de 1,2 millones de toneladas.

Las pérdidas y desperdicios corresponden:

•    64 % a las que se ocasionan en las etapas de producción, postcosecha, almacenamiento, procesamiento industrial, distribución mayorista.  •    36 % a las malgastadas en las etapas de distribución y retail, servicios de alimentación y consumo de los hogares. 

Las actividades y metas del pacto firmado serán replicadas en diferentes espacios para que actores de las plazas de mercado, centros comerciales, mercados campesinos, restaurantes, tiendas y ciudadanía en general, puedan vincularse y aportar a la reducción PDA. 

El pacto #YoContribuyo promueve la implementación de un plan para la reducción de pérdidas o desperdicios de alimentos. ¿Quieres unirte y convertirte en un ciudadano alimentario? Consulta en qué consiste, fírmalo y promueve buenas prácticas alimentarias👉 https://t.co/W4EZMCpGLS pic.twitter.com/wlgsVjKiQB

— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) May 2, 2022

“Ante el aumento de las cifras de pobreza que nos dejó la pandemia y el repunte de la inflación, es ética y moralmente imperativo avanzar en este tipo de iniciativas para disminuir este fenómeno. El compromiso es de todos”, exhortó Alfredo Bateman, Secretario de Desarrollo.

Por su parte, Alain Bojanic, representante de la FAO en Colombia, destacó que “La PDA es un duro golpe de índole económico, ambiental y energético. Tenemos que ocuparnos de acciones concretas. Mostrar esas pérdidas es una manera de sensibilizar. Hay que trabajar a lo largo de toda la cadena de valor y ver que se hace en cada uno de los puntos”.

Se espera que en esta semana la reducción de PDA impacte a mínimo 10 mil personas, para ello se realizarán 11 actividades, siete de ellas presenciales y cuatro virtuales que serán transmitidas a través de las redes sociales de la Secretaría.

Información tomada de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024, la Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca aumentar en $5,84 billones de pesos el cupo de endeudamiento vigente de la ciudad. 

La alcaldesa Claudia López indicó: “Tuvimos la mayor recesión económica por cuenta de la pandemia, llegamos a tener un desempleo de casi 25 %, perdimos cerca de 1,1 millones de puestos de trabajo, ya recuperamos 900 mil, por fortuna esperamos que nuestra economía crezca en 4.1 %... Fue un golpe duro. Pero Bogotá ha logrado reducir la pobreza en 5,1 % entre 2020 y 2021. En total, 618 mil personas lograron salir de esta condición el año pasado en nuestra ciudad".

Y agregó: “Sin embargo, pese a que vamos bien, aún nos falta bajar los índices especialmente para mujeres y jóvenes”. Como principal antecedente frente a esta nueva solicitud, vale la pena recordar que el PIB en 2020 cayó 6,5 % y la pobreza monetaria aumentó 12,9 %, pasando de 27,2 % en 2019 a 40,1 % en 2020.

Por su parte Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda dijo: “Tenemos dineros comprometidos para vigencias futuras que ya fueron aprobadas y que tienen que ser efectivas en 2023-2024… A la fecha se han comprometido $10,9 billones de pesos de los $11,6 que nos habían habilitado en el Acuerdo 781 de 2021, equivale al 94 %”. 

Los recursos solicitados tienen como objetivo impulsar la reactivación económica, fortalecer la inclusión social y productiva, generar más de 60 mil vacantes, aumentar los cupos en Educación Superior garantizando 56 mil becas especialmente para jóvenes y mujeres, invertir en el Sistema Distrital de Cuidado y avanzar en la segunda línea del Metro subterránea que llegará a las localidades de Suba y Engativá por $2,81 billones de pesos.

También se pretende construir y restituir 19 colegios, edificar seis establecimientos para la primera infancia y crear un centro pedagógico para maestros (en restitución) en La Candelaria, bajo el nombre de Centro Abel Rodríguez. Los establecimientos se ubicarán: 6 en Engativá, 5 en Bosa, 4 en Suba, 2 en Rafael Uribe Uribe, 2 en San Cristóbal, 1 en Usaquén, 1 en Fontibón, 1 en Ciudad Bolívar, 1 en Mártires y 1 en Usme. Y se habilitarán 23.895 cupos adicionales en instituciones educativas con el fin de reducir la necesidad del transporte escolar.

La inversión tendrá la siguiente distribución: 

•    Construcción de colegios: $1,08 billones de pesos •    Ampliación de becas estudiantiles: $1,4 billones de pesos •    Edificación la segunda línea del Metro: $2,8 billones de pesos •    Construcción cable aéreo de San Cristóbal: $ 300 mil millones de pesos •    Creación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento Gibraltar entre Bosa y Kennedy: $240 mil millones  •    Consolidar Manzanas del Cuidado en San Cristóbal y Kennedy: $540 mil millones

Por otra parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB– ESP) solicitará también un nuevo cupo al cabildo, por $2,8 billones de pesos, que destinará a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas - PTAR Canoas, en cumplimiento de la sentencia de descontaminación del Río Bogotá.

Con información de la Alcaldía de Bogotá

Ver la rueda de prensa completa aquí: