La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) inició la renovación de medidores de agua en la capital con una primera fase que contempla el reemplazo de 319.000 equipos, de los cuales 11.000 ya comenzaron a instalarse en las localidades de Usaquén, Chapinero y Suba. En entrevista con LAUD 90.4 FM ESTÉREO, la gerente de la entidad, Natasha Avendaño, explicó que esta modernización busca mejorar la precisión en la medición del consumo de agua y fortalecer la confiabilidad de la facturación.

La renovación, según aseguró la funcionaria, se hace necesaria luego de que estudios técnicos evidenciaron que cerca del 83 % de los aproximadamente 2,5 millones de medidores que hay en la capital presentan condiciones de antigüedad, desgaste o desactualización tecnológica que pueden afectar la exactitud de las mediciones.

"El artículo 144 de la Ley 142, la Ley de Servicios Públicos, establece que cuando se dan ciertas condiciones, como la antigüedad del medidor, desgaste por el uso o cambio de tecnología, es obligación del usuario acceder al cambio del medidor y también es deber de la empresa, presentar una alternativa para que usuario decida si usa el ofrecido por la EAAB y asumir su costo o si quiere, traer un equipo por su cuenta, pero que cumpla con las especificaciones técnicas y las evaluaciones de nuestro laboratorio”, refirió.

Uno de los principales mensajes entregados por la gerente fue que ningún usuario debe permitir el cambio del medidor si previamente no ha recibido una comunicación oficial de la Empresa. En ese sentido, dijo que el proceso comenzó hace cerca de dos meses con el envío de cartas a los usuarios seleccionados en Usaquén, Chapinero y Suba. En esa comunicación se les informó las razones por las que el medidor debe ser reemplazado y cómo será el procedimiento para realizar la instalación. 

Es importante señalar que el costo del nuevo medidor deberá ser asumido por el propietario del inmueble, ya que la normativa vigente establece que estos dispositivos hacen parte de la instalación domiciliaria. No obstante, desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá se indicó que se ofrecerán diferentes modalidades de financiación para facilitar el pago a través de la factura del servicio.

En esa línea, en los micrófonos de La Verdadera Alternativa de la Radio, la gerente Natasha Avendaño también hizo un llamado para evitar fraudes y reiteró que ningún funcionario o contratista está autorizado para recibir dinero en efectivo durante el cambio del medidor. 

La gerente @navendanog también recordó que:

1️⃣ Ningún funcionario está autorizado para recibir dinero en efectivo

2️⃣ El pago solo se realiza a través de la factura del servicio

3️⃣ Si tiene dudas puede llamar a la Acualínea 116 para validar la identidad de los funcionarios pic.twitter.com/d8Bfu6D38b

— LAUD ESTÉREO (@LaudEstereo) July 29, 2026

“El costo del medidor y su instalación lo debe asumir cada uno de los usuarios, pero cabe resaltar que: Ningún funcionario ni nadie, está autorizado a recibir dinero en efectivo. El cobro del medidor únicamente se hace a través de la factura del servicio público de Acueducto y Alcantarillado. Entonces, en el momento en el que a usted le cambien el medidor y lo instalen, debe firmar unos documentos recibiéndolo, diciendo que efectivamente autorizó el trámite, ahí debe definir si quiere pagar en una cuota o en dos, o dependiendo de todas las facilidades de pago que se ofrecen, con una financiación por medio de su factura, con unas tasas de interés bastante competitivas para los usuarios. 

Asimismo, recomendó verificar siempre la identidad del personal que realiza la visita y, en caso de cualquier duda, comunicarse con la Acualínea 116 antes de permitir el ingreso a la vivienda.

La actualización tecnológica permitirá reducir problemas de submedición, detectar con mayor precisión el consumo real de agua y avanzar en las acciones contempladas en el Plan Maestro de Gestión de Pérdidas, orientado a optimizar el uso del recurso hídrico y preparar a la ciudad frente a escenarios como un eventual fenómeno de El Niño.

Este programa de renovación avanzará de manera gradual hacia otras localidades. El invitado recordó que únicamente los usuarios previamente notificados harán parte de esta primera etapa del proceso de modernización de los medidores.

Colombia dio un paso muy importante al impulsar una nueva herramienta para los Derechos Humanos y la denuncia de agresiones basadas en género. Se trata de la ‘Ley Jineth Bedoya Lima’, que fue sancionada por la Presidencia de la República tras superar su discusión en el Congreso. Una iniciativa que obligará a funcionarios públicos, contratistas y demás personas que laboren en la ruta de prevención, atención, investigación y sanción de violencias contra las mujeres, a recibir formación permanente sobre enfoque de género, Derechos Humanos y atención a víctimas.

Este es un esfuerzo por combatir una problemática que durante años ha sido denunciada por organizaciones sociales y defensoras de Derechos Humanos: La revictimización institucional, es decir, las situaciones en las que las personas que denuncian agresiones vuelven a ser afectadas por la forma en que son atendidas por las instituciones del Estado.

La Ley recibe el nombre de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien hace más de dos décadas fue víctima de secuestro, tortura y violencia sexual mientras realizaba una investigación periodística. Un caso que por las valientes denuncias de Bedoya, se ha convertido en una bandera de la lucha por los derechos de las mujeres.

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¿Qué es la revictimización y cómo se ejerce por parte del Estado?

Aunque muchas personas asocian la violencia únicamente con la agresión inicial, organizaciones especializadas advierten que el daño puede continuar en el momento en que las víctimas buscan ayuda. La revictimización ocurre, por ejemplo, cuando funcionarios ponen en duda el relato de quien denuncia, realizan preguntas culpabilizantes, minimizan los hechos, obligan a repetir una y otra vez su testimonio o retrasan injustificadamente la atención.

Así lo explicó, en entrevista con LAUD 90.4 FM ESTÉREO, Manuela Arango Pérez, profesional de incidencia política de la ‘Corporación Colectiva Justicia Mujer’, quien señaló que estas conductas suelen estar relacionadas con prejuicios sociales que aún persisten dentro de algunas instituciones. Según la experta, diversos estudios sobre tolerancia social e institucional frente a las violencias contra las mujeres han evidenciado que algunos funcionarios continúan reproduciendo estereotipos que terminan afectando el acceso de las víctimas a la justicia.

“Solamente el 18 % de los jueces de familia de todo el país cuentan con una capacitación en enfoque de género y enfoque diferencial. Eso ya da un gran indicio sobre el nivel de formación. Ese tipo de capacitaciones se toman de manera, pues, voluntaria o en la medida en que alguna institución, dependencia, las quiera brindar”, reveló.

En ese sentido, según explicó Arango, la norma establece que las capacitaciones dejarán de ser actividades voluntarias o esporádicas para convertirse en procesos obligatorios, permanentes y evaluables. El objetivo es que quienes integran la ruta de atención comprendan cómo identificar las vulneraciones basadas en género, actúen respetando los derechos y eviten prácticas que profundicen el daño sufrido por las víctimas.

La formación está dirigida a servidores públicos de entidades como la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y demás instituciones que participan en la atención de estos casos. También cobijará a contratistas y particulares que ejerzan funciones públicas relacionadas con esta labor.

¿Qué entidades estarán obligadas a la capacitación?

- Ministerio de Igualdad y Equidad o la entidad que haga sus veces.

- Fiscalía General de la Nación.

- Instituto Colombiano de Medicina Legal.

- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

- Fuerzas militares

- Policía Nacional y Policía Judicial.

- Comisarías de Familia.

- Secretarías de gobierno, de la mujer y/o sus equivalentes en el nivel territorial.

- Ministerio de Salud y Protección Social, particularmente paro impartir directrices enfocadas al personal de Hospitales, Clínicos, Empresas sociales del Estado y demás centros de atención médica.

- Rama Judicial, particularmente para impartir directrices enfocadas a los jueces y magistrados de la República.

- Ministerio del Trabajo.

- Corporaciones de Elección Popular: Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, concejos distritales o municipales y juntas administradoras locales.

- Ministerio Público en todos sus niveles: Procuradurías, Defensorías, Personerías.

- Notarías.

- Conciliadores en derecho.

- Ministerio del Interior.

- Ministerio de Educación Nacional.

Ante el aumento de la realización de tatuajes de gran extensión y diseños, que por lo general representan más dolor en el cuerpo, surgió en varios establecimientos del sector la posibilidad de realizarlo bajo sedación, pero este acto encendió las alarmas en las autoridades en salud ¿Por qué?

Para comprender las implicaciones, LAUD 90.4 FM ESTÉREO, dialogó con Fredy Ariza Cadena, anestesiólogo y presidente Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación - S.C.A.R.E., entidad que emitió su concepto al respecto.

“La sedación es una modalidad de anestesiología que incluye la utilización de dispositivos, medicamentos y un entorno de seguridad. El paciente tiene condiciones de hipnosis e inconsciencia para la reducción de la sensación de dolor. Se usa en procesos médicos o intervenciones terapéuticas”, expresó.

¿Qué dicen las normas en Colombia?

La aplicación de anestesia está regulada bajo la Ley 6ª de 1991 y en actos administrativos del Gobierno Nacional, donde se especifica que para llevar a cabo el procedimiento es requisito contar con un entorno 100 % seguro que posea como mínimo equipos de monitoreo para medir frecuencia cardiaca, presión arterial y oximetría; oxígeno y un área de recuperación.

También se requiere que el establecimiento tenga las certificaciones de funcionamiento por parte de la Secretaría de Salud y contar con personal idóneo. “Es obligatorio tener expertos en el área y la sedación solo la puede realizar un anestesiólogo autorizado”, indicó.

No obstante, pese a las normas actuales, hay un vacío jurídico porque en el país no existe aún la ley que regule el uso de esta modalidad para tatuar, debido a que no son actividades médicas ni de terapéuticas, en ese sentido Ariza enfatizó que es importante avanzar en la articulación de los actores del sector y autoridades sanitarias con el fin de emitir medidas puntuales que garantice la vida de las personas y su bienestar.

¿En qué casos se aplica?

Únicamente para asuntos clínicos de diagnóstico o tratamientos como endoscopias, resonancias, odontología, cirugías menores, entre otros.

Riesgos

En sí, este método en ocasiones presenta contraindicaciones aun si es suministrado por un profesional, por eso es indispensable el personal humano en salud y los equipos de seguimiento y estabilización por si hay alguna novedad. Pero cuando lo usa una persona no autorizada, el nivel de riesgo aumenta, pues para lograr el efecto de inconsciencia es necesario mezclar varios medicamentos con las dosis exactas según el paciente, algo que un particular desconoce.

Los principales peligros son:

· Reacciones alérgicas a los medicamentos.

· Anafilaxia (reacción alérgica grave).

· Depresión de la respiración.

· Alteraciones del funcionamiento cardíaco.

· Pérdida de los mecanismos normales de protección del organismo.

· Paro cardiorrespiratorio.

· Muerte, en los casos más graves.

Recomendaciones

Para evitar complicaciones en salud, el invitado hizo un llamado a quienes deseen tatuarse, a que lo hagan en lugares certificados y acreditados, no recurrir a la sedación sin las indicaciones sanitarias y a desconfiar de los precios demasiados bajos ya que se pueden traducir en bajas medidas de seguridad.

Conozca el pronunciamiento completo de la Sociedad S.C.A.R.E, aquí.

Vea la entrevista en el siguiente video

Para mantener esta tendencia, el Distrito lanzó la campaña 'Sigamos Rodando', una estrategia que fortalece la prevención, promueve el autocuidado y refuerza el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para proteger a quienes se movilizan en bicicleta.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia busca prevenir el hurto de bicicletas y dar a conocer las principales modalidades utilizadas por los delincuentes, promover medidas de autocuidado e incentivar el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía para fortalecer la seguridad de quienes se movilizan en este medio de transporte.

En Bogotá se realizan diariamente más de 885.000 viajes en bicicleta, una cifra que refleja la importancia de este medio de transporte para trabajadores, estudiantes, deportistas, domiciliarios y miles de ciudadanos. Por ello, proteger a los ciclistas continúa siendo una prioridad para el Distrito.

Los resultados obtenidos durante 2026 son producto del trabajo articulado entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad y la Secretaría Distrital de Movilidad, mediante estrategias como el fortalecimiento de las rutas seguras, el acompañamiento policial en corredores priorizados, el impulso a Registro Bici Bogotá, la promoción de la denuncia y el desarrollo permanente de acciones preventivas.

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Precisamente para reducir estas oportunidades y seguir cerrándoles el paso a los delincuentes, la campaña 'Sigamos Rodando' busca fortalecer los hábitos de autocuidado, informar a los ciudadanos sobre las modalidades de hurto más frecuentes y consolidar una cultura de prevención que contribuya a proteger a quienes usan la bicicleta como medio de transporte.

"Denunciar y registrar la bicicleta son acciones que fortalecen las investigaciones, facilitan la judicialización de los responsables y aumentan las probabilidades de recuperar el vehículo", aseguró el secretario Distrital de Seguridad, César Restrepo.

Rutas seguras para los ciclistas

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad de los ciclistas, Bogotá cuenta con presencia permanente de la Policía Metropolitana y equipos de Gestores de Convivencia en tres de las rutas con mayor afluencia de usuarios:

· Autopista Norte: Desde la Calle 170 hasta el peaje Los Andes.

· Patios: Desde la Carrera Séptima con Calle 85 hasta el peaje Patios.

· El Verjón: Desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 11 de la vía a Choachí.

El acompañamiento policial se mantiene todos los días entre las 4:00 a. m. y la 1:00 p. m. Los jueves, además, se refuerza la presencia institucional debido al incremento de ciclistas deportivos que utilizan estos corredores.

Adicionalmente, 98 uniformados, entre auxiliares y profesionales de Policía, desarrollan labores de prevención y control en 14 localidades, con especial atención en sectores donde históricamente se concentra el hurto de bicicletas, como Kennedy, Engativá, Suba y Ciudad Bolívar.

Registro Bici, una herramienta clave para recuperar bicicletas

La plataforma es una herramienta que asocia la información del propietario con su bicicleta y facilita su identificación y devolución cuando es recuperada.

A la fecha, 560.250 bicicletas se encuentran registradas en la ciudad. Solo durante junio se vincularon 7.330 nuevos usuarios.

Recomendaciones para seguir rodando seguros

Aunque las cifras muestran una reducción en el hurto de bicicletas, las autoridades recuerdan que el factor oportunidad continúa siendo la modalidad más frecuente. Por ello, la Secretaría Distrital de Seguridad recomienda:

· Utilizar cicloparqueaderos vigilados.

· Asegurar la bicicleta con candados tipo "U", que ofrecen mayor resistencia frente al hurto.

· Desconfiar de personas que intenten desviar al ciclista de su recorrido mediante engaños, modalidad conocida como "la milenaria".

· Comprar bicicletas y repuestos únicamente en establecimientos de confianza que entreguen factura, ya que adquirir elementos de origen ilícito puede configurar el delito de receptación.

· Registrar la bicicleta en Registro Bici Bogotá.

· Reportar cualquier hecho delictivo a la Línea 123.

En caso de ser víctima de un delito, los ciudadanos también pueden comunicarse con la Línea AIDE, al (601) 377 9595, extensión 1137, donde recibirán orientación y acompañamiento para presentar la denuncia durante las 24 horas del día.

La capital colombiana dio el primer paso hacia una red de iluminación pública totalmente automatizada. Con un plan piloto sobre el corredor de la Calle 85 con Carrera 15, el Distrito busca erradicar los reportes ciudadanos cuando una lámpara deja de funcionar, dando paso a un esquema predictivo de respuesta inmediata.

A través de esta innovación, cada dispositivo emite alertas en directo ante eventuales averías o hurtos de infraestructura. De este modo, los equipos técnicos se desplazan al punto exacto sin necesidad de realizar patrullajes a ciegas o esperar días a que la comunidad interponga una queja.

Esta transformación ataca de frente una problemática costosa: El constante deterioro del equipamiento por cuenta de la delincuencia. Tan solo entre 2025 y lo corrido de 2026, la ciudad gestionó más de 24.000 solicitudes vinculadas al robo de cableado y destrucción del sistema. De hecho, restablecer un único punto saboteado le cuesta al Distrito 1,3 millones de pesos aproximadamente; fondos que podrían destinarse a iluminar sectores que aún carecen del servicio.

Los corredores más golpeados por estas afectaciones abarcan el Canal Arzobispo, los pasos subterráneos de la ciclorruta en la Calle 26, el parque Calvo Sur, el Camino de Arrayanes y la zona de Provenza, en Lagos de Córdoba, donde los daños suelen dejar a oscuras a la comunidad durante varios días.

La tecnología puesta a prueba no solo agilizará las reparaciones, sino que adaptará la potencia de la luz según la presencia de peatones o vehículos, generando un ahorro sustancial de electricidad. Entretanto, la operación convencional continúa respaldada por 29 cuadrillas de terreno que este año han atendido cerca de 93.000 contingencias, resolviendo el 87 % de los casos en menos de cinco días.

Con esta apuesta, Bogotá proyecta blindar su red eléctrica, optimizar el uso de los recursos públicos y garantizar calles más iluminadas y seguras.

Las intensas temperaturas que traerá el fenómeno de El Niño ya movilizan acciones preventivas en la capital. Ante este escenario, el Jardín Botánico anunció un plan especial para proteger árboles, jardines y huertas urbanas, al tiempo que instó a los habitantes a adoptar medidas sencillas para mitigar los impactos de la temporada seca.

El monitoreo de esta condición climática no es nuevo. Desde marzo se emitieron las primeras alertas y, un mes después, el Ministerio de Ambiente advirtió sobre la alta probabilidad de que el fenómeno se consolidara durante el segundo semestre. Este panorama suele traducirse en la reducción de precipitaciones, una marcada ola de calor y un riesgo elevado de conflagraciones forestales.

Frente a esta amenaza, la estrategia institucional busca preservar la hidratación del suelo y reducir el estrés térmico en la vegetación. Para lograrlo, los equipos de mantenimiento incrementarán la cobertura con madera triturada, un insumo clave para resguardar las raíces del sol directo. Paralelamente, se incorporará hidrogel en los sustratos para garantizar la retención hídrica por periodos más prolongados.

De forma complementaria, la entidad ajustará sus labores operativas. El césped y las hierbas que crecen alrededor del arbolado ya no serán retirados, pues actúan como un escudo protector contra la evaporación. Asimismo, las jornadas de riego se trasladarán exclusivamente a las horas de la noche y el amanecer para maximizar el aprovechamiento del recurso.

Por otro lado, se aconsejó postergar la siembra de nuevas huertas o zonas ajardinadas mientras persista la fase crítica de la sequía, ya que la falta de lluvias impide un correcto enraizamiento.

Finalmente, el organismo enfatizó que la eficacia de este plan requerirá del compromiso ciudadano. Acciones diarias como el consumo responsable de agua y energía, la abstención de quemas o fogatas y el reporte oportuno de árboles en riesgo resultarán fundamentales para atravesar con éxito los próximos meses.

Todos los días los medios de comunicación informan sobre medias que toman los dirigentes, instituciones, secretarías o ministerios, las cuales son de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía en general, varias pueden afectar o beneficiar a las poblaciones. Pero ¿Qué mecanismo usan las entidades para crear dichas normas? Lo hacen a través de actos administrativos.

LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó al respecto con Gonzalo Ramírez Cleves, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y Especialista En Derecho Constitucional y Ciencias Políticas.

¿Qué son los actos administrativos?

“Es cualquier declaración, decisión o manifestación de voluntad que toma una entidad del Estado y posee efectos jurídicos”, expresó el experto. En otras palabras, es una decisión oficial que toma una autoridad pública que influye en las personas, pues tiene la facultad de otorgar derechos, imponer obligaciones, autorizar algo, negar un permiso, reglamentar leyes, etc. Por ejemplo: La Ley seca que impide el expendio de bebidas alcohólicas en determinadas horas. O la restricción del parrillero hombre en las motocicletas de un municipio.

Características

Se toman de manera unilateral, es decir que nace del Estado sin requerir permiso de los ciudadanos. Son documentos legales, vinculantes y de cumplimiento inmediato. Deben ser notificados si son para un particular o publicados sin son para la población en general, esto con el fin de que puedan entrar en vigencia y tener efectos. Además, son impugnables.

Tipos

Existen varias clases, algunos son:

· Decretos: “Son los que expiden autoridades de orden nacional o territorial, por ejemplo, la Presidencia de la República, los gobernadores o los alcaldes. Son de contenido general, tienen nivel jerárquico superior y logran desarrollar leyes”, manifestó el investigador.

· Resoluciones: “Los expide generalmente el ministro, los directores del departamento administrativo, secretarios o los superintendentes. Es un acto de menor rango que se usa para tomar decisiones específicas, otorgar o eliminar permisos, tomar medidas, entre otros”, agregó.

· Directivas: Son instrucciones, recomendaciones u orientaciones que se dan a los subordinados dentro de una entidad pública. En su mayoría no crean derechos u obligaciones para los ciudadanos, sino que organizan la actuación interna de la administración.

· Acuerdos: Son actos expedidos por los concejos municipales, las asambleas departamentales y algunos consejos directivos de organismos públicos con el propósito de regular asuntos de su competencia. Por ejemplo, un acuerdo que aprueba el presupuesto de un municipio.

· Ordenanzas: Son normas que expiden las asambleas departamentales para regular temas de interés del departamento, como tributos o planes de desarrollo.

· Circulares: Son comunicaciones mediante las cuales una corporación o institución explica, aclara o unifica la interpretación de medidas y procedimientos. Dependiendo de su contenido, tienen efectos únicamente internos o también producen efectos jurídicos.

· Licencias y permisos: Son documentos mediante los cuales una autoridad faculta a una persona o empresa para realizar una actividad determinada, como una licencia de construcción o un permiso ambiental.

· Autorizaciones y concesiones: Permiten a un particular ejercer una actividad o usar un bien público bajo determinadas condiciones, como una concesión para operar una vía o prestar un servicio público.

¿Cómo impugnarlos?

Si alguien no está de acuerdo con los actos o considera que vulneran algún derecho, puede impugnarlos de la siguiente manera:

· Vía administrativa: “Existen tres recursos, el primero es el de reposición que es el que usted hace ante la misma entidad que produce la instrucción para que la revise de nuevo. El segundo es el recurso de apelación que se hace ante la autoridad que está más arriba que el organismo que emitió el documento. Y la queja, que se usa cuando la apelación es rechazada”, informó el docente.

· Vía jurisdiccional: En este caso es posible usar la ‘nulidad y restablecimiento del derecho’, que consiste en que usted pide nulo el acto administrativo por la vía judicial y además solicita una reparación económica del daño. Al igual está la opción de ‘nulidad simple’ que se traduce en la demanda a la directriz para que se elimine del todo del ordenamiento jurídico porque es contrario a la Constitución o la Ley.

No obstante, los que no estén de acuerdo con las medidas poseen otra herramienta, que es la tutela, que aplica en el momento que se viola un derecho directamente.

Conozca más, aquí.

Vea la sección completa en el siguiente video:

Esta nueva edición reunirá a más de 50 cafeterías de especialidad en una experiencia diseñada para explorar, degustar y votar por las mejores bebidas de autor del país.

Del 5 al 17 de agosto, los amantes del café podrán recorrer una gran ruta que conecta algunas de las cafeterías más reconocidas de Bogotá, Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Mosquera. Cada establecimiento presentará una bebida exclusiva creada especialmente para el festival, combinando técnicas de extracción, innovación y el sabor único del café colombiano.

Más que una simple taza de café, Coffee Master se ha convertido en una plataforma que impulsa el trabajo de productores, tostadores y baristas, acercando al público al universo del café de especialidad. Durante el recorrido, los visitantes podrán conocer diferentes métodos de preparación, perfiles de sabor y propuestas creativas que reflejan la diversidad cafetera del país, las cuales incluirán desde preparaciones clásicas como espresso y filtrados hasta cold brew y recetas de autor que combinarán café con lácteos, frutas, especias, semillas, cacao y hierbas producidas en Colombia.

Uno de los aspectos más llamativos del evento es que los asistentes no solo prueban las bebidas, sino que también hacen parte de la competencia. Después de visitar las cafeterías participantes, los consumidores pueden calificar sus favoritas, ayudando a definir cuál será la bebida de autor ganadora de esta edición. Un jurado especializado complementará la evaluación con criterios como creatividad, técnica y experiencia sensorial.

El auge del café de especialidad

Colombia es reconocida mundialmente por producir algunos de los mejores cafés del planeta, pero en los últimos años el café de especialidad ha vivido un verdadero boom. Este movimiento busca resaltar el origen del grano, las prácticas sostenibles, el trabajo de los caficultores y los procesos que permiten obtener bebidas con perfiles aromáticos y de sabor mucho más complejos.

Coffee Master se ha consolidado como uno de los eventos más importantes para este sector, permitiendo que miles de personas descubran nuevas cafeterías, apoyen negocios locales y conozcan más sobre la cultura cafetera colombiana.

Por eso si busca un plan diferente con amigos, una cita o simplemente quiere ampliar su lista de cafeterías favoritas, Coffee Master 2026 promete convertir cada parada en una experiencia para el paladar. Durante casi dos semanas, Bogotá respirará aroma a café recién molido, creatividad y mucho talento colombiano.

La programación concluirá el 17 de agosto con una ceremonia de premiación en el Teatro Libre, donde se anunciará la cafetería ganadora de Coffee Master 2026. El evento, con entrada libre, también contará con una muestra de cafés colombianos abierta al público.

Así que prepare su ruta, elija sus cafeterías favoritas y déjese sorprender por las bebidas que competirán por convertirse en la mejor creación cafetera del año. Para mayor información y participar del evento visite el siguiente link.

La promesa del presidente Abelardo De La Espriella de desmontar varias instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016 ha abierto un intenso debate sobre la viabilidad jurídica de esa propuesta. Aunque el mandatario ha insistido en eliminar organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expertos sostienen que lo pactado cuenta con sólidos blindajes constitucionales que dificultan cualquier intento de romperlo.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, dialogó con LAUD 90.4 FM ESTÉREO y señaló las razones por las que, en contravía de los deseos del nuevo jefe de Estado, el cumplimiento de los acordado y las instituciones creadas para su implementación están protegidos.

“Desconocer el acuerdo no es tan fácil. Creo que van a intentar frenarlo, pero es difícil porque hay unos mandatos constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrían que hacer una reforma a la Constitución para desmantelarla o una reforma en el Congreso, sin embargo, ya vimos que no es tan sencillo que Abelardo imponga sus condiciones”, refirió González.

En ese sentido, el principal salvavidas del acuerdo está en el ordenamiento jurídico colombiano. Según explicó González, varios de sus componentes fueron incorporados al marco constitucional mediante actos legislativos y posteriormente revisados por la Corte Constitucional, lo que significa que no pueden desaparecer simplemente por decisión del Gobierno de turno.

Así las cosas, cabe recordar que la implementación está protegida por varias reformas constitucionales, más de 70 leyes y cerca de 120 decretos, además de un blindaje declarado por la Corte Constitucional a través del acto legislativo 2 del 2017, que fijó la obligación del Estado para cumplir lo pactado durante tres períodos presidenciales, es decir, hasta el año 2030. 

Para el experto lo que podría ocurrir durante el Gobierno de De La Espriella es lo mismo que ocurrió entre el 2018 y el 2022, en la administración de Iván Duque, cuando se limitaron los alcances de lo pactado en materia de paz recortando el presupuesto.

“Tenemos la experiencia de lo ocurrido durante el Gobierno de Iván Duque. Ellos habían prometido “hacer trizas” el Acuerdo y, una vez que comenzó su mandato, tuvieron que negociar y tener en cuenta realidades constitucionales. Lo que hicieron fue reinterpretar lo acordado (...) No lo pudieron eliminar completamente pero sí fue un freno en temas importantes como el agrario, los cultivos ilícitos, las reformas políticas y garantías para las víctimas y reincorporados”, agregó el presidente de INDEPAZ.

Es decir, el nuevo Gobierno puede mantener vigentes las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, pero limitar su funcionamiento mediante recortes presupuestales o reduciendo los recursos destinados a programas de implementación.

Además de la salvaguarda por medio de compromisos constitucionales y estatales, el proceso cuenta con una importante supervisión de la comunidad internacional. Por ejemplo, el seguimiento permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un organismo que periódicamente evalúa el avance de la implementación. Asimismo, países como Noruega, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Países Bajos y Estados Unidos han participado como acompañantes y cooperantes en diferentes etapas del proceso.

Uno de los mayores focos de preocupación, según González, es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las investigaciones que adelanta ese tribunal sobre presuntos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, incluidos altos mandos militares y terceros civiles, han convertido a la JEP en uno de los principales objetivos de sus opositores. Por esa razón González considera que, más que un cierre inmediato, podrían impulsarse medidas encaminadas a limitar su funcionamiento o reducir el alcance de algunos procesos. Un escenario que demanda más pedagogía y divulgación de los avances en materia de verdad y justicia restaurativa alcanzados por el tribunal.

La crisis del sistema penitenciario colombiano continúa siendo uno de los mayores retos para la justicia y la seguridad del país. Aunque el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha planteado la construcción de megacárceles como una de las principales estrategias para enfrentar el hacinamiento y criminalidad, especialistas han advertido que esta medida, por sí sola, no resolverá un problema estructural que se registra desde hace más de 30 años.

Así lo explicó Nadia Lizarazo, politóloga e investigadora de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ de la Universidad Nacional de Colombia, quien en entrevista con ‘Revista de la Mañana’ señaló que el sistema penitenciario atraviesa un "Estado de Cosas Inconstitucional" declarado en 1998 por la Corte Constitucional y reiterado en 2013, 2015 y 2021, debido a la violación sistemática de los Derechos Humanos en los centros de reclusión del país, incluyendo Centros de Detención Transitoria como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

“Este “Estado de Cosas Inconstitucional” se manifiesta en varias aristas dentro de la violación de Derechos Humanos. Uno de sus principales síntomas es el hacinamiento persistente. Aunque en los últimos años no tenemos los grandes índices del 2015, se mantiene alrededor del 25 % en los establecimientos de reclusión del orden nacional. En los Centros de Detención Transitoria tenemos actualmente un sobrecupo del 126 %”, explicó la experta.

Dicho hacinamiento se traduce en vulneraciones a la vida digna, dificultades en el acceso a la salud y los servicios públicos, una adecuada estructura sanitaria y problemas en la resocialización y reinserción social de los detenidos.

Lizarazo dijo que buena parte de la crisis carcelaria tiene origen en la política criminal del Estado colombiano. Durante años se ha impulsado el endurecimiento de penas, el encarcelamiento y la construcción de cárceles como la principal solución frente a la delincuencia. Sin embargo, esto ha llevado a que crezca la población privada de la libertad sin que se observe una reducción de la criminalidad.

En ese escenario, la experta aseguró que el país requiere una política criminal más equilibrada, orientada a la prevención del delito, a la promoción de medidas alternativas a la prisión para ciertos casos y a la creación de políticas sociales dirigidas a reducir la violencia y la reincidencia.

Megacárceles: Una posible respuesta, pero no la solución

Frente a la propuesta presidencial de construir 10 megacárceles, siguiendo el modelo implementado en El Salvador, Lizarazo afirmó que la iniciativa resulta excesiva, costosa (cada obra tendría un costo cercano a los $780 mil millones) y poco ceñida a la realidad nacional, a pesar de la evidente necesidad de actualizar y modernizar la infraestructura carcelaria.

“Cuando uno escucha al presidente con la propuesta de las 10 megacárceles, efectivamente la primera remisión es al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo CECOT de El Salvador con 40.000 mil cupos (...) No obstante en Colombia ni siquiera tendríamos la población privada de la libertad para hacer uso de esos 10 megaedificios”, refirió, antes de revelar la situación penitenciaria en el país. “Actualmente, los cupos en los Centros de Detención Transitoria, los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, las cárceles distritales y departamentales y los detenidos en los Centros de Reclusión Militar suman aproximadamente 122.000 personas privadas de la libertad”, acotó la invitada ante los micrófonos de La Verdadera Alternativa de la Radio.

En Colombia cerca del 88 % de los establecimientos de reclusión fueron construidos antes de 1990, por lo que a día de hoy presentan un marcado deterioro físico y falta de espacios adecuados para desarrollar programas educativos, laborales y de formación destinados a la resocialización.

En ese sentido, la especialista recordó que la legislación colombiana establece que la reinserción a la vida civil constituye el principal fin de la pena. Sin embargo, este propósito se ve seriamente limitado por las condiciones actuales del sistema penitenciario. Por ello, además de ofrecer oportunidades de estudio o trabajo, crece la necesidad de fortalecer programas dirigidos al desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos y convivencia, aspectos fundamentales para facilitar la reintegración de las personas una vez recuperan su libertad.