La suspensión iniciará este miércoles 29 de abril a las 2:00 p.m, hasta el primero de mayo.

El corte se debe a la instalación de una gigantesca válvula antisísmica en el tanque Santa Ana ubicado en el norte de la ciudad, considerado uno de los más importantes centros de distribución del agua proveniente del Sistema Chingaza. El objetivo es que ante movimientos telúricos la válvula se active para evitar daños en las conducciones del servicio. 

Los trabajos forman parte de la actualización del sistema de protección ante eventos sísmicos en los túneles que transportan agua tratada en la planta de tratamiento ‘Francisco Wiesner’ hacia Bogotá.

Según el cronograma previsto por la EAAB, el suministro se restablecerá en el transcurso de la madrugada y durante la mañana del viernes primero de mayo. La empresa recuerda que posiblemente se presenten cambios temporales en las características visuales del líquido, sin embargo, dichas variaciones no representan un riesgo para la salud ni afectan la calidad del mismo en términos de potabilidad. 

Recomendaciones

Antes del cierre:

- Asegúrese de almacenar agua para el tiempo que dure la afectación del servicio.  - Recuerde hacer periódicamente el mantenimiento de su tanque de reserva y sistemas de bombeo.

Durante el cierre:

- Verifique que todos los grifos y registros de agua permanezcan cerrados.

Después del cierre:

- Abra el registro y los grifos. En caso de cambio de color deje correr el agua hasta que se aclare.

Servicio de carrotanques

La EAAB tendrá disponibilidad de carrotanques a través de la ‘Acualínea’ 116. Se priorizará al sector institucional como puestos de salud, hogares geriátricos, fundaciones, comedores comunitarios, hogares de bienestar familiar y otros puntos del sector.

Direcciones 

Keneddy: 

- Desde Avenida Boyacá y la Avenida Ciudad de Cali y entre el río Tunjuelo y canal rio Fucha. - Desde Avenida Ciudad de Cali y el río Bogotá y entre la Avenida Ciudad de Villavicencio (Cll 43 sur) y el canal rio Fucha. 

Engativá:

- Entre Calle 24 y el Humedal Juan Amarillo y entre Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86) y río Bogotá  - Entre Calle 26 y el Canal Salitre y entre Carrera 68 y Avenida Ciudad de Cali (Carrera 86). - Incluye: área de prestación de servicio de la ESP Aguas de la Sabana en Cota.

Usaquén:

- Cerros Nororientales: Desde la Diagonal 108 a la Calle 193 y entre Carrera 7 a la Carrera 5 Este.  

Residentes de Kennedy, Engativá, Usaquén y Cota, tomen nota:

Recuerden que en la tarde del miércoles 29 de abril inician los #CortesDeAgua 🚱 por la instalación de una válvula antisísmica en el tanque Santa Ana. Esta obra hace parte de la actualización del sistema de protección… pic.twitter.com/IpZ7VuOJpC

— Secretaría de Educación de Bogotá (@Educacionbogota) April 28, 2026

El ciclismo colombiano vuelve a celebrar. El experimentado corredor boyacense Nairo Alexander Quintana, del Movistar Team, se coronó tricampeón de la Vuelta a Asturias, convirtiéndose en el único ciclista en alcanzar este logro en la historia de la carrera ibérica.

Este nuevo título se suma a los obtenidos en 2017 y 2021, consolidándolo como el máximo ganador de la competencia, justo en el año en el que el pedalista de Cómbita, Boyacá, ha decidido poner fin a su carrera profesional.

Un triunfo construido desde la segunda etapa

Quintana fue protagonista desde el inicio. Ganó la segunda etapa, se enfundó la camiseta de líder y no la volvió a soltar hasta el final. Su rendimiento no solo le dio el título, sino que también representó una cosecha de puntos UCI para el Movistar Team.

Con este logro, el colombiano alcanza 23 victorias en carreras por etapas a lo largo de su carrera, una cifra que respalda su lugar como uno de los ciclistas más importantes en la historia del país.

Entre sus triunfos más destacados figuran el Giro de Italia 2014 y la Vuelta a España 2016, además de los subtítulos en el Tour de Francia 2013 y Tour de Francia 2015.

Trabajo en equipo y protagonismo colombiano

Aunque la victoria lleva el sello de Quintana, el trabajo colectivo fue clave. Su compañero, el quindiano Diego Fernando Pescador, tuvo una actuación destacada que contribuyó al título del equipo y, además, le permitió subirse al tercer cajón del podio.

Pescador finalizó sexto en la última fracción y demostró condiciones para pelear por posiciones más altas, aunque el liderazgo natural de Quintana terminó marcando la estrategia del equipo.

La última etapa y otras clasificaciones

La jornada final fue ganada por el mexicano Edgar David Cadena Martínez, del Team Storck MRW Bau, quien sumó su segundo triunfo consecutivo. El podio de la etapa lo completaron el español Adrià Pericas, del UAE Team XRG, y su compatriota José Manuel Díaz, del Burgos Burpellet BH. Quintana llegó en la cuarta posición, suficiente para asegurar el título.

En las clasificaciones secundarias, Cadena se llevó la camiseta por puntos, seguido por Quintana. La clasificación de montaña fue para el alemán Miguel Heidemann, donde el colombiano también fue tercero. El mejor joven fue Adrià Pericas, mientras que Pescador terminó segundo en esta categoría. Por equipos, el Movistar Team se quedó con el primer lugar.

Colombia, protagonista histórico en Asturias

Con este triunfo, Colombia suma cinco títulos en la Vuelta a Asturias. El primero lo consiguió Fabio Duarte en 2010. Luego llegaron los títulos de Quintana en 2017 y 2021, y el de Iván Ramiro Sosa en 2022, antes de este nuevo campeonato del boyacense.

Además, el país cuenta con dos subtítulos: Félix Cárdenas en 2004 y Einer Rubio en 2023. A estos se suman terceros lugares de Hernán Buenahora en 2003, Sosa en 2023 y ahora Diego Fernando Pescador en 2026.

Un cierre a la altura de su leyenda

El tricampeonato de Nairo Alexander Quintana no solo marca un récord en la Vuelta a Asturias, sino que también representa un cierre simbólico para una de las carreras más brillantes del ciclismo colombiano.

Aunque ya no es el mismo corredor de sus años dorados, su calidad, experiencia y liderazgo le bastaron para despedirse dejando una huella imborrable en el deporte.

La ciudad ha puesto en marcha un plan de seguridad integral enfocado en los territorios periféricos y sectores de frontera urbana. Esta iniciativa, que articula las capacidades de la Brigada 13 del Ejército Nacional con la Policía Metropolitana, tiene como objetivo consolidar el control institucional frente a estructuras delictivas que aprovechan la complejidad geográfica de estas áreas para su accionar.

El Distrito ratificó que la prioridad es establecer una vigilancia permanente y preventiva. No se trata solo de patrullajes aislados, sino de una presencia sostenida en puntos clave donde las dinámicas sociales y delictivas demandan una respuesta estatal coordinada y de alta capacidad operativa.

10:06 p.m. | En Bogotá también estamos construyendo seguridad de manera coordinada con el @COL_EJERCITO.

Esta noche, en el barrio el Codito, hicimos un operativo junto con la brigada 13 del Ejército. Estamos protegiendo los bordes de la ciudad con los equipos de Fuerzas… pic.twitter.com/bXGGOl3BMB

— Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 26, 2026

La operatividad de este despliegue se concentra en blindar los corredores urbanos y los límites municipales. Mediante la anticipación de amenazas y la contención de factores de riesgo, las autoridades buscan reducir el margen de maniobra de la criminalidad y mejorar sustancialmente los tiempos de reacción ante cualquier incidente en estos espacios críticos para la movilidad y la seguridad.

En este esquema, las fuerzas especiales urbanas desempeñan un papel fundamental. Su integración técnica con la Policía Nacional permite un monitoreo y un control territorial más riguroso, brindando además un acompañamiento directo y efectivo a las comunidades que habitan en zonas de alta complejidad.

Más que una intervención coyuntural, el enfoque distrital apuesta por una visión de seguridad de largo aliento. Esta se fundamenta en la cooperación interinstitucional y el fortalecimiento de la soberanía estatal en los bordes de la ciudad. Con este robustecimiento de la Fuerza Pública, Bogotá busca no solo prevenir el delito, sino avanzar en la recuperación de la confianza ciudadana y la consolidación de entornos habitables para todos los ciudadanos. 

El crecimiento descontrolado de hipopótamos en Colombia volvió al centro del debate tras el anuncio del Gobierno Nacional de implementar medidas como la eutanasia para controlar su población. Una discusión, que combina argumentos científicos, legales y éticos, a la par de reflejar la complejidad de enfrentar una especie invasora que amenaza los ecosistemas del país.

En el programa ‘Revista de la Mañana’, estuvo el exministro de Ambiente Manuel Rodríguez Becerra, primer jefe de dicha cartera, además de profesor emérito de la Universidad de los Andes, investigador y activista ambiental, quien explicó que el origen del problema se remonta a la llegada de estos animales a Colombia por iniciativa del narcotraficante Pablo Escobar, en la década de 1980, cuando introdujo algunos ejemplares para su zoológico privado. No obstante, con el paso del tiempo y la falta de medidas tempranas, la población creció sin control.

“Hay que recordar que el hipopótamo es, entre los mamíferos terrestres, el segundo más grande después del elefante por su peso y por su tamaño. Y claramente están desplazando fauna y flora nativa. Por ejemplo, es un gran peligro para el manatí, que es una especie autóctona de Colombia y es también una gran amenaza para muchas otras especies, entre ellas las tortugas. Entonces, imagínense, si ya hoy en día enfrentamos cientos de hipopótamos, se dice que de 160 a 200 ¿Cuál sería la situación si llegamos a tener 1000 ejemplares? Ya en ese momento el panorama será totalmente inmanejable”, puntualizó Rodríguez.

Tal y como lo advierte el experto, las proyecciones muestran que la cifra podría superar los 500 en 2030 y alcanzar los 1.000 en 2035 si no se toman decisiones inmediatas. Un problema que responde a años de inactividad institucional.

Desde la perspectiva científica, estos animales representan una amenaza significativa para la biodiversidad local. Al no pertenecer al ecosistema colombiano, compiten por recursos, alteran hábitats y desplazan especies nativas. Además, su tamaño y comportamiento territorial los convierte en un riesgo potencial para las comunidades cercanas.

Sin embargo, expertos han planteado tres alternativas principales: La esterilización, la reubicación y la eutanasia. Sin embargo, el alto costo y la complejidad logística de las dos primeras opciones han llevado a considerar la tercera como una medida más viable en el corto plazo. Aun así, sectores animalistas han rechazado esta posibilidad y han acudido a acciones judiciales para frenar su implementación.

“Recientemente se han presentado acciones de tutela y ese tipo de cosas por parte de grupos de animalistas en contra de que se erradique el hipopótamo, iniciativas que de salir favorecidas serían un error monstruoso porque los daños ambientales que producen los hipopótamos son muy serios”, refirió el entrevistado.

Según el exministro, el derecho constitucional a un ambiente sano podría también ser un argumento clave en eventuales decisiones de altas cortes, inclinando aún más la balanza a favor de la eliminación de las especies invasoras.

Mientras continúa el debate, el tiempo juega en contra. La rápida reproducción de los hipopótamos aumenta la presión sobre los ecosistemas y reduce el margen de acción del Estado. En ese escenario, el país enfrenta una decisión compleja: Priorizar consideraciones éticas del manejo de una especie que, aunque exótica y carismática, representa un desafío creciente para el bienestar ambiental.

Vea la entrevista a continuación: 

La pedagogía para la protección animal empieza a tomar fuerza en las aulas de Bogotá con la implementación de ‘Animales al Tablero’, una estrategia liderada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal que busca formar a niños y adolescentes en el respeto y cuidado de todas las especies.

“Desde el año pasado lo que quisimos desde el Instituto fue reestructurar y fortalecer una estrategia que nos permitiera unir esfuerzos con las instituciones educativas. Siempre bajo esa premisa de unión de esfuerzos para que todos los integrantes de la comunidad educativa, niños, niñas, adolescentes, docentes y coordinadores, se apropiaran de la iniciativa y se convirtieran en voceros de la protección y el bienestar en la ciudad”, reveló en entrevista con LAUD 90.4 FM ESTÉREO Ivomne Forero, líder de la estrategia ‘Animales al Tablero’, destacando que el objetivo principal es construir una cultura de respeto hacia las especies desde edades tempranas.

El programa inició con una encuesta aplicada a colegios distritales para identificar intereses y problemáticas relacionadas con la fauna. A partir de ese diagnóstico, 52 instituciones fueron priorizadas, aunque actualmente la cifra ya supera los 57 colegios vinculados y continúa en crecimiento con nuevas solicitudes.

El proceso de ingreso no es automático. Cada institución debe manifestar su interés y pasar por una fase inicial de diagnóstico en la que se identifican necesidades específicas.

“En esa visita inicial, lo que hacemos es conocer todas estas necesidades, expectativas y lo que nosotros llamamos “sueños” con respecto a la protección y el bienestar de los seres vivos. De ahí generamos una ruta de aprendizaje que tiene unos componentes pedagógicos, pero también unos compromisos que asumen las instituciones educativas para desarrollar la estrategia. Estamos hablando de aproximadamente 6, 7 u 8 meses, que obviamente ajustamos al calendario escolar”, puntualizó la funcionaria.

Uno de los aspectos más innovadores de ‘Animales al Tablero’ es su enfoque integral. La estrategia no se limita a mascotas domésticas, como perros y gatos, sino que incluye especies sinantrópicas (especies silvestres en entornos urbanos, como palomas y abejas), así como también a especies de granja, especialmente en colegios rurales.

Además, el programa articula componentes pedagógicos con rutas institucionales ya existentes, como jornadas de esterilización, atención a casos de maltrato o procesos de adopción.

Las metodologías se ajustan según la edad de los estudiantes. En primera infancia, por ejemplo, se utilizan herramientas como títeres, juegos y material audiovisual para fortalecer el vínculo emocional con los animales. En grados superiores, se incorporan recursos como podcast, fotografía y narrativas digitales.

Un elemento clave es la participación activa de los estudiantes, quienes también proponen temas y soluciones dentro del proceso formativo. Esta dinámica ha generado una respuesta positiva en las instituciones educativas que va más allá de los salones. ‘Animales al Tablero’ busca involucrar a las familias y al entorno comunitario. A través de actividades prácticas, los estudiantes llevan el aprendizaje a sus hogares, ampliando el impacto de la estrategia. 

Una publicación compartida por Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (@animalesbog)

En algunos casos, por ejemplo, se han gestionado procesos de adopción de ejemplares encontrados en situación de abandono dentro de los colegios, lo que evidencia la articulación entre pedagogía, acción y cooperación comunitaria. Además, el programa ha servido como puerta de entrada para activar rutas de atención frente a casos de maltrato.

Por tal razón, desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se ha hecho un llamado a colegios, docentes y estudiantes a sumarse a esta iniciativa y a conocer más detalles de la iniciativa a través de los diferentes canales de la entidad.

“El instituto tiene la línea 123 que es el canal de recepción de todas las solicitudes o quejas con respecto a maltrato. Ahí se activa toda la ruta interinstitucional. Ya frente a otras estrategias también tenemos nuestra página web y el correo institucional donde recibimos todas las solicitudes que es proteccionanimal@animalesbog.gov.co. Entonces, por ejemplo, puntualmente para ‘Animales al Tablero, cualquier institución educativa puede comunicarse a través de este correo o por la página”, concluyó la invitada ante los micrófonos de ‘La Verdadera Alternativa’.

A partir de ahora el pan, las galletas, la arepa, los envueltos, entre otras preparaciones que se hacen con harinas de trigo y maíz, al igual que el arroz, deberán de llevar de manera obligatoria vitaminas y minerales en el país, según lo estableció el Decreto 380 de 2026 del Ministerio de Salud.

La medida busca garantizar una mejor calidad alimenticia en los colombianos, en especial en aquellos que no tienen acceso a dietas balanceadas. Conjuntamente el objetivo es reducir desigualdades en salud, prevenir y minimizar las deficiencias nutricionales en las poblaciones más vulnerables.

Esta estrategia ha sido implementada en más de 80 países donde los resultados demuestran una mejor nutrición. Según el Análisis de Impacto Normativo – AIN, se evidencia un alto potencial de beneficio para la salud pública, ya que podría aportar hasta el 68 % del requerimiento de zinc en gestantes, cubrir el 84 % de las necesidades de hierro en adultos y contribuir con el 40 % de la vitamina B2 en adolescentes.

Dichos aportes se traducen en: Reducción de enfermedades asociadas a deficiencias nutricionales, mejoras en el rendimiento escolar y la productividad laboral, y alivio a la presión sobre el sistema de salud.

La norma posee metodologías internacionales que permiten identificar alimentos de alto consumo y definir niveles seguros y eficaces de vitaminas y minerales. En cuanto a la implementación implicaría aumentos mínimos, entre el 0,3 % y el 2,5 % del costo de producción, frente a beneficios y desarrollo que superarían la inversión.

La fortificación de las harinas y arroz debe también:

· Utilizar compuestos de alta absorción por el organismo.

· No alterar el sabor, olor ni apariencia de los alimentos.

· Articular con otros programas para evitar consumos excesivos.

El Decreto se enmarca en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031 y la política de seguridad alimentaria y nutricional. Asimismo, contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente en hambre cero y salud y bienestar.

Información tomada de MinSalud.

A pocas semanas de la primera vuelta presidencial crecen las alertas por la falta de información disponible sobre la financiación de las campañas políticas en Colombia. La advertencia, hecha por entidades como ‘Transparencia por Colombia’, ha reavivado el debate acerca de la transparencia, los controles y la influencia del dinero en la democracia.

En un año electoral como 2026, se vuelve fundamental entender los orígenes de los dineros para evaluar la equidad del proceso electoral y los posibles intereses detrás de cada candidatura.

Inicialmente hay que señalar que en Colombia la financiación política opera bajo un sistema mixto que combina recursos privados y públicos. Esto significa que las campañas pueden recibir aportes del propio candidato, de partidos políticos, donaciones autorizadas y créditos, así como ingresos derivados de actividades proselitistas. A su vez, el Estado participa mediante mecanismos como la reposición de gastos según los votos obtenidos y, en algunos casos, a través de anticipos.

Así lo explicó en el programa ‘Revista de la Mañana’ Alejandro Toca, Coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano: “Ese modelo está previsto en la Constitución y se desarrolla principalmente en la Ley 1475 de 2011. Lo importante aquí es entender que no se trata simplemente de conseguir plata para hacer una campaña. La discusión en términos democráticos es un poco más profunda. Importa cuánto dinero entra, quién lo aporta y bajo qué reglas. Por eso la ley prohíbe fuentes especialmente riesgosas, como los aportes anónimos, los recursos de origen ilícito y la financiación extranjera de campañas. La idea es evitar que detrás de una candidatura entren intereses opacos o ilegales que luego condicionen el ejercicio del poder”.

Otro elemento clave en este sistema son los llamados topes electorales, que establecen el límite máximo de gasto permitido en una campaña. Estos son definidos por el Consejo Nacional Electoral y se calculan con base en criterios técnicos como el tamaño del electorado, los costos reales de las campañas y la disponibilidad de recursos públicos.

Para este año, por ejemplo, el tope de gastos en la primera vuelta quedó fijado en $ 39.003.138.605, mientras que para una eventual segunda vuelta será de $ 18.243.034.647. Los topes buscan evitar que las elecciones se conviertan en una competencia desigual dominada por el dinero. No obstante, su efectividad sigue siendo objeto de debate, especialmente en un escenario donde las diferencias económicas entre campañas son evidentes.

Frente a ese panorama, el control de los recursos por parte de las entidades correspondientes es fundamental. Así lo explica el profesor, periodista y magister en estudios políticos e internacionales Jorge Luis Yarce. “¿Cómo se garantiza la transparencia de los dineros en campaña? Esa es una de las circunstancias más difíciles, sobre todo en una economía tan transversalizada por fuentes ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas inclusive. Lo que se busca es asegurar la transparencia a través de varias obligaciones legales. Las campañas, por ejemplo, deben reportar todos los ingresos de gastos en un aplicativo estatal denominado ‘Cuentas Claras’, que es administrado por el Consejo Nacional Electoral. Además, los recursos deben canalizarse única y exclusivamente por medio de una cuenta bancaria oficial de la campaña”, señaló.

A estos mecanismos se suman auditorías internas de los partidos, controles del propio Consejo Nacional Electoral y la eventual intervención de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en casos de posibles irregularidades. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales, dependiendo de la gravedad de las faltas.

La Alcaldía de Bogotá puso en marcha los nuevos CADE Exprés, serán varios puntos de autoconsulta que permitirán a los ciudadanos realizar diligencias de forma más rápida, autónoma y sencilla, quienes, por medio de una pantalla interactiva tendrán la posibilidad de hacer preguntas personalizadas e imprimir certificados, recibos o constancias.

“Estamos integrando lo digital con lo presencial. Y esto no es solo un módulo, es una nueva forma de atención en Bogotá más cercana y pensada en el tiempo de los capitalinos, porque estamos convencidos de que el Estado debe hacer más fácil la vida de quienes habitan la ciudad”, dijo Miguel Silva, secretario General.

Hoy, lanzamos #CADEExprés. Nuevo modelo que integra en un solo punto la atención presencial, digital y telefónica. Aquí puedes; consultar trámites y servicios, imprimir certificados, llamar a la línea 195 y agendar turno en la Red CADE. pic.twitter.com/7DS8947ADc

— Secretaría General (@SecGeneralBog) April 22, 2026

En dichos módulos los usuarios encontrarán un sistema que los guiará paso a paso. Allí podrán agendar turnos en la Red CADE, acceder a los servicios digitales del Distrito y tener conexión directa con los asesores.

De igual forma posee la conexión directa con la Línea 195, opción de devolución de llamada, videollamada e incluye atención en lengua de señas colombiana. “Cuando las facturas no lleguen aquí las pueden obtener… y evaluaremos cómo ampliar este servicio digital a otros lugares de la ciudad”, puntualizó Silva.

Inicialmente los CADE Exprés estarán ubicados en los cinco Súper CADE de:

· Américas: Carrera 86 #43-55 Sur (Kennedy)

· Suba: Avenida Calle 145 #103 B-90.

· Bosa: Avenida Calle 57 R Sur #72 D-12

· 20 de julio: Carrera 5 A #30 C-20 Sur

· Centro Administrativo Distrital–CAD: Carrera 30 #25-90 (Teusaquillo)

También permite llamada, devolución de llamada y videollamada, incluyendo atención con Lengua de Señas Colombiana. Lo que antes podía tardar más tiempo, ahora puede resolverse en minutos gracias a una experiencia más ágil y autónoma. #CADEExprés pic.twitter.com/M99UUf9ZHS

— Secretaría General (@SecGeneralBog) April 22, 2026

LAUD 90.4 FM ESTÉREO estuvo presente en la firma del ‘Memorando de entendimiento para el análisis del uso informal de los servicios públicos en Bogotá’, una iniciativa que reúne a la Administración y a prestadoras del sector para enfrentar la expansión de conexiones ilegales y dignificar las condiciones en zonas vulnerables.

Durante la presentación se expuso que la capital registra más de 5.600 hectáreas con ocupaciones irregulares en 15 localidades, donde se concentran más de 31.000 asentamientos, especialmente en sectores como Ciudad Bolívar. Esta realidad ha generado peligros para las comunidades, afectaciones ambientales y un impacto directo en la eficiencia operativa.

En el evento participaron la secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal; la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño García; el vicepresidente de asuntos corporativos de Vanti, Germán Henao; y la gerente de distribución de Enel Colombia, Mónica Cataldo, quienes coincidieron que se debe fortalecer el trabajo articulado frente a esta problemática.

El convenio consolida una alianza estratégica entre la Secretaría del Hábitat, el Acueducto, Vanti y Enel, con el propósito de cruzar bases de datos y entender con mayor precisión la situación de estas familias. La meta es contar con un diagnóstico claro que permita tomar decisiones según las particularidades de cada territorio.

Vanessa Velasco explicó que el primer paso será integrar las plataformas de conocimiento para identificar tanto la ubicación de los hogares como el estado real del suministro en estas áreas: “Lo primero es que ya estamos cruzando el sistema de información… ahora con esta posibilidad de cruzar los datos que tenemos con las empresas, nos da un diagnóstico mucho más claro para poder atender a los bogotanos”, afirmó.

Para que el pacto se traduzca en acciones concretas, la funcionaria señaló que el enfoque estará en intervenir según cada caso: “Dependiendo de la necesidad de cada familia, podremos atenderlos de forma diferente… si están en zonas de riesgo no mitigable, se priorizan procesos de reasentamiento, y si son barrios en proceso de consolidación, avanzar en su legalización”, indicó.

Por su parte, Natasha Avendaño García resaltó que esta unión busca garantizar el derecho al agua y la energía en condiciones óptimas: “Se trata de asegurar que las personas tengan acceso a los servicios públicos de una manera legal y sobre todo segura”, afirmó.

La gerente también advirtió que uno de los mayores retos es combatir la clandestinidad: “El agua que se roba se la roban a todos los bogotanos… cerca del 14 % del líquido que se provee no se logra facturar por pérdidas comerciales asociadas a este tipo de prácticas”, explicó.

El documento no contempla cambios en tarifas, sino que se enfoca en prevención, monitoreo y control, así como en la búsqueda de alternativas para comunidades ubicadas en puntos donde no es posible formalizar la cobertura.

Con esta firma, el Distrito y las organizaciones privadas buscan avanzar en una estrategia conjunta que permita reducir la informalidad y elevar la calidad de vida en sectores donde el acceso básico sigue siendo un desafío.

Por primera vez, la nación participa con plenos derechos en la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4), que se celebra en Bahamas hasta el 24 de abril. Este encuentro marca un hito histórico, pues representa el inicio formal de la aplicación del pacto en suelo nacional tras su ratificación definitiva en 2024. Con este avance, el Estado consolida su compromiso de abrir las puertas a la información pública, fomentar la incidencia ciudadana y asegurar que los habitantes locales tengan voz en las decisiones que afectan su entorno.

En este escenario regional, la delegación presenta una estrategia que traslada las leyes del papel a la práctica. El plan prioriza acciones en las zonas más críticas, buscando sanar el vínculo entre las instituciones y la sociedad civil a través de un diálogo transparente. El objetivo central trasciende lo administrativo: Se busca generar condiciones de vida dignas y seguras para los líderes que custodian la riqueza natural, abordando de frente uno de los desafíos más urgentes de la geografía.

Este tránsito hacia la ejecución concreta comenzó a tomar forma tras el aval de la Corte Constitucional el año pasado. Desde entonces, se ha estructurado un esquema con enfoque regional que integra la labor de distintas entidades con la realidad de los sectores sociales. Como parte de este esfuerzo, se han realizado encuentros con cientos de voceros para identificar riesgos y necesidades específicas, impulsando la creación de organismos que articulen las políticas de transparencia y colaboración.

Durante la cumbre internacional, la agenda se enfocará en encabezar la defensa de quienes cuidan el medioambiente en toda América Latina y el Caribe. Además, se busca aportar resultados tangibles a las decisiones conjuntas y promover espacios de cooperación para compartir aprendizajes frente a las crisis climáticas comunes. Así, se suma activamente a las 19 naciones que ya aplican este marco jurídico, en un momento crucial donde la presión sobre la biodiversidad y sus defensores no da tregua.