A pocas semanas de la primera vuelta presidencial crecen las alertas por la falta de información disponible sobre la financiación de las campañas políticas en Colombia. La advertencia, hecha por entidades como ‘Transparencia por Colombia’, ha reavivado el debate acerca de la transparencia, los controles y la influencia del dinero en la democracia.

En un año electoral como 2026, se vuelve fundamental entender los orígenes de los dineros para evaluar la equidad del proceso electoral y los posibles intereses detrás de cada candidatura.

Inicialmente hay que señalar que en Colombia la financiación política opera bajo un sistema mixto que combina recursos privados y públicos. Esto significa que las campañas pueden recibir aportes del propio candidato, de partidos políticos, donaciones autorizadas y créditos, así como ingresos derivados de actividades proselitistas. A su vez, el Estado participa mediante mecanismos como la reposición de gastos según los votos obtenidos y, en algunos casos, a través de anticipos.

Así lo explicó en el programa ‘Revista de la Mañana’ Alejandro Toca, Coordinador de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad Politécnico Grancolombiano: “Ese modelo está previsto en la Constitución y se desarrolla principalmente en la Ley 1475 de 2011. Lo importante aquí es entender que no se trata simplemente de conseguir plata para hacer una campaña. La discusión en términos democráticos es un poco más profunda. Importa cuánto dinero entra, quién lo aporta y bajo qué reglas. Por eso la ley prohíbe fuentes especialmente riesgosas, como los aportes anónimos, los recursos de origen ilícito y la financiación extranjera de campañas. La idea es evitar que detrás de una candidatura entren intereses opacos o ilegales que luego condicionen el ejercicio del poder”.

Otro elemento clave en este sistema son los llamados topes electorales, que establecen el límite máximo de gasto permitido en una campaña. Estos son definidos por el Consejo Nacional Electoral y se calculan con base en criterios técnicos como el tamaño del electorado, los costos reales de las campañas y la disponibilidad de recursos públicos.

Para este año, por ejemplo, el tope de gastos en la primera vuelta quedó fijado en $ 39.003.138.605, mientras que para una eventual segunda vuelta será de $ 18.243.034.647. Los topes buscan evitar que las elecciones se conviertan en una competencia desigual dominada por el dinero. No obstante, su efectividad sigue siendo objeto de debate, especialmente en un escenario donde las diferencias económicas entre campañas son evidentes.

Frente a ese panorama, el control de los recursos por parte de las entidades correspondientes es fundamental. Así lo explica el profesor, periodista y magister en estudios políticos e internacionales Jorge Luis Yarce. “¿Cómo se garantiza la transparencia de los dineros en campaña? Esa es una de las circunstancias más difíciles, sobre todo en una economía tan transversalizada por fuentes ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de armas y de personas inclusive. Lo que se busca es asegurar la transparencia a través de varias obligaciones legales. Las campañas, por ejemplo, deben reportar todos los ingresos de gastos en un aplicativo estatal denominado ‘Cuentas Claras’, que es administrado por el Consejo Nacional Electoral. Además, los recursos deben canalizarse única y exclusivamente por medio de una cuenta bancaria oficial de la campaña”, señaló.

A estos mecanismos se suman auditorías internas de los partidos, controles del propio Consejo Nacional Electoral y la eventual intervención de entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, en casos de posibles irregularidades. El incumplimiento de estas normas puede acarrear sanciones administrativas, disciplinarias e incluso penales, dependiendo de la gravedad de las faltas.