El gobierno entrante de Gustavo Petro anunció que la nueva ministra de Salud será Carolina Corcho, quien hasta el momento se había desempeñado como la vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia. Corcho busca materializar la propuesta del nuevo mandatario sobre la reforma a la salud y la eliminación de las EPS. LAUD 90.4 FM ESTÉREO, dialogó con Carlos Alberto Agudelo, director del Instituto de Salud Pública y profesor de la Universidad Nacional, para profundizar acerca del tema.

Colombia antes y después de la Ley 100

Agudelo hizo un contexto de lo que ha ocurrido en el país en esta materia: “En 1975 se creó el Sistema Nacional de Salud, que era público y acogía a la población que no estaba en el Seguro Social. La cobertura fue baja, solo se atendió el 40 % de los colombianos. Luego en 1993 al llegar la Ley 100 se originó un modelo mixto basado en cotizaciones de los ciudadanos y aportes del Estado, integrado en las nuevas Empresas Promotoras de Salud –EPS bajo el Régimen Contributivo y para quienes no podían pagar se generó el Régimen Simplificado, llegando así a una cobertura del 98 %”.

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Al iniciar la Ley alcanzaron a existir 200 EPS en el país, este número decreció en los últimos 10 años y ahora hay 32 certificadas, las cuales 20 son privadas y 12 públicas. Entre las principales funciones que tienen está la de “canalizar los recursos de los aportes y del gobierno por medio de la ADRES y con ello pagar a los prestadores”, indicó el especialista. No obstante, “tienen unos costos de administración y una tasa de rentabilidad que oscila de acuerdo con el mercado”, agregó. 

Uno de los logros fue la cobertura que significa pertenecer al sistema, pero, afirmó el invitado, “esto no significa que haya acceso, porque depende del tipo de necesidad que exista, la complejidad que se requiera, la disponibilidad de los recursos y el comportamiento de las EPS y los prestadores que brindan o no el servicio según sus estados financieros”.

Sin embargo, el alcance sigue siendo alto, pues “aunque es lamentable que un número de ciudadanos tenga que acudir a la tutela para que sea atendido, su cantidad al año, 300 mil, es pequeño frente a los 50 millones de consultas médicas en el mismo periodo”, señaló. 

Reforma

Ante el panorama, Agudelo dijo que es conveniente una reforma que mejore el servicio y haga más cercana la atención, siempre y cuando no se pierdan las metas alcanzadas, porque “La implementación de un nuevo sistema de salud dura entre 15 y 20 años, es así que lo propuesto en la Ley 100 aún se está complementando. Esta transición no puede generar procesos negativos que debiliten lo que ya se ha logrado, lo que se busca es corregir los defectos y no desmejorar lo que se tiene”.

Ante las declaraciones de Corcho de un déficit, añadió el experto: “El sistema no está en quiebra, hay cálculos en proyecciones que sí muestran una amenaza, pero en la operación esto no es cierto, los problemas de orden financieros que se ven no son de incapacidad de pagar las cosas”.

Y ante una eventual desaparición de las EPS, aclaró: “Se debe evaluar qué se debe mejorar antes de tomar la decisión de eliminarlas porque quizás quedamos con un nuevo modelo más costoso para la Nación que el actual… es necesario analizar qué las va a reemplazar porque las funciones que cumplen no se pueden suprimir, el país las requiere, no es poner un nuevo operador de recursos y ya”.

Al finalizar, el Director comentó cuáles serían las tres posibles vías que se tomarían para hacer una reforma e hizo hincapié en los riesgos, basado en las supuestas propuestas, pues todavía no se conoce un proyecto de Ley y no existe un decreto oficial al respecto. 

“La primera es originar un nuevo Seguro Social como existía antes de 1993, un modelo que no funcionó bien en su momento. La segunda estaría orientada a que la ADRES, entidad del Ministerio de Salud, se haga cargo de los recursos totales y pague directamente a los prestadores, en esto hay que ser muy cuidadoso porque una mala decisión puede conllevar a una pérdida de cobertura, dicha estructura se debe crear y tiene un costo alto. Y la tercera sería optar por la descentralización y generar grandes oficinas departamentales que manejen los dineros, lo que se debe diseñar muy bien porque la implementación sería mucho mayor a lo que ahora se tiene, ahí hay un problema de viabilidad financiera que se solucionaría en cinco años aproximadamente”, puntualizó el invitado. 

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