La Secretaría Distrital de Movilidad –SDM recordó que el próximo 14 de mayo vence el plazo para obtener descuentos y sin intereses de mora por el pago de multas de tránsito impuestas antes del 30 de junio de 2021. Esta amnistía, que está amparada en la Ley de Inversión Social, beneficia a más de 46 mil bogotanos.

Las personas que tienen cuentas pendientes por infracciones cometidas en dicho periodo podrán ingresar a la página web de la Secretaría de Movilidad y dar clic en el botón ‘Consulta y pago de comparendos’, luego indagar con su número de cédula o placa. La diligencia no requiere de intermediarios.

¿Quiénes se pueden acoger a las amnistías?

Los deudores de multas de tránsito de vehículos: 

•    Cancelan el 50 % del capital y sin intereses de mora hasta el 14 de mayo de 2022.   •    Cancelan el 80 % del capital y sin intereses de mora entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre de 2022.    Los deudores de multas de tránsito de motocicletas:

•    Cancelan el 40 % del capital y sin intereses hasta al 14 de mayo de 2022.  •    Cancelan el 60 % del capital de la deuda y sin intereses entre el 15 de mayo y el 14 de septiembre de 2022.

Los ciudadanos tendrán la posibilidad de generar el pago a través de la plataforma PSE o imprimir el volante para cancelar en la sucursal bancaria de los bancos Occidente y Caja Social, además de los puntos Éxito y corresponsales bancarios ‘Red Banco Amigo’ a nivel nacional.

¿A quiénes excluye?  

A las personas que tengan sanciones por conducir bajo el influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas. 

Finalmente, la SDM instó a los conductores para que mantengan actualizados sus datos en el Registro Único Nacional de Tránsito –RUNT, ya que es el único mecanismo oficial que poseen los organismos de tránsito para notificar las infracciones. 

Información tomada de la SDM.

Para el docente y médico epidemiológico, Carlos Trillos, consultado en LAUD 90.4 FM ESTÉREO,  la decisión es pertinente en la medida que se ha visto una estabilidad en los niveles bajos de casos nuevos de Covid-19, de ocupación hospitalaria y hay  buenos resultados en muchas partes de país, de la cobertura en vacunación.

Sin embargo, el especialista indicó que “aún existe el riesgo individual de cada quien. Hay personas que tienen más riesgo y susceptibilidad de enfermedades, como los adultos mayores y las personas que están tomando algún medicamento”. Agregó que “no hay que confiarse totalmente para no volver a la época de restricciones y confinamiento”.

Recomendó que no está de más seguir utilizando la mascarilla, pues hay circulación viral. Exhorto para que en los sitios cerrados haya ventilación y distanciamiento adecuado. “La pandemia no se ha acabado, hay que ser prudente”.

Trillos recordó que en los lugares que se debe, obligatoriamente, portar la mascarilla, es en los servicios de salud, hogares geriátricos, transporte público e instalaciones educativas. Aplica para los municipios que hayan llegado al 70 % de cubrimiento de esquemas completos y 40 % de dosis de refuerzo.

Al preguntarle sobre qué tanto daño hace el tapabocas a las vías respiratorias por el uso recurrente, el médico dijo que no son perjudiciales porque están hechos para proteger a las personas.

Escuchar entrevista aquí: 

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó cómo fueron las postulaciones de los movimientos políticos que participarán en el sorteo de jurados de votación para las elecciones presidenciales de 2022 que se llevarán a cabo el 29 de mayo. En total participarán 2.585.378 ciudadanos para tal fin.

La lista de postulados la encabezan las entidades privadas con 1.005.790 personas; le sigue el sector estudiantil con 839.815; entidades públicas con 409.420; docentes con 263.311 y agrupaciones políticas con 67.042, estas últimas equivalen al 2,59 % del total de interesados.

Los colombianos registrados por cada una de las coaliciones y partidos políticos fueron:

•    Pacto Histórico: 39.840 •    Equipo por Colombia: 22.541 •    Centro Democrático: 4.163 •    Centro Esperanza: 252 •    Partido Colombia Justa Libres: 246

La Liga de Gobernantes Anticorrupción del candidato Rodolfo Hernández, el Movimiento de Salvación Nacional del candidato Enrique Gómez Martínez, el movimiento Colombia Piensa en Grande del candidato Luis Pérez y el Partido Verde Oxígeno de la candidata Íngrid Betancourt no postularon ciudadanos para el sorteo.

El plan estratégico que planteó la Registraduría tiene como objetivo el fortalecimiento de las elecciones presidenciales, por ello estableció la ampliación del período de registro para el sorteo mencionado.

La selección y la publicación de las listas de jurados de votación se realizará desde este lunes hasta el próximo 9 de mayo, en todo el territorio nacional, en cumplimiento del Código Electoral que establece que, a más tardar, 15 días calendario antes de los comicios se integrarán las listas de colaboradores.

Finalmente, la entidad recordó que para esta jornada se cambiarán totalmente los jurados de 5.109 mesas en las que hubo errores humanos o posibles irregularidades en el diligenciamiento de los formularios E-14, y que son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior, con el fin de generar confianza y brindar plenas garantías para el proceso que se dará el 29 de mayo.

Información tomada de la Registraduría Nacional.

La Secretaría de Desarrollo Económico dio inicio a la ‘Semana de la reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos – PDA’, por medio de la firma del primer pacto en la región: “Yo contribuyo, no pierdo ni desperdicio alimentos en Bogotá”, el cual tiene como objetivo promover buenas prácticas en hogares, plazas de mercados y líneas de producción para mitigar esta problemática.

Por esta causa en Colombia se desaprovechan 9,76 millones de toneladas de alimentos al año, según lo indicó el Departamento Nacional de Planeación, cifra que alcanzaría para dar de comer aproximadamente a ocho millones de personas en este mismo periodo de tiempo. En Bogotá la cifra anual es de 1,2 millones de toneladas.

Las pérdidas y desperdicios corresponden:

•    64 % a las que se ocasionan en las etapas de producción, postcosecha, almacenamiento, procesamiento industrial, distribución mayorista.  •    36 % a las malgastadas en las etapas de distribución y retail, servicios de alimentación y consumo de los hogares. 

Las actividades y metas del pacto firmado serán replicadas en diferentes espacios para que actores de las plazas de mercado, centros comerciales, mercados campesinos, restaurantes, tiendas y ciudadanía en general, puedan vincularse y aportar a la reducción PDA. 

El pacto #YoContribuyo promueve la implementación de un plan para la reducción de pérdidas o desperdicios de alimentos. ¿Quieres unirte y convertirte en un ciudadano alimentario? Consulta en qué consiste, fírmalo y promueve buenas prácticas alimentarias👉 https://t.co/W4EZMCpGLS pic.twitter.com/wlgsVjKiQB

— Secretaría Desarrollo Económico (@DesarrolloBta) May 2, 2022

“Ante el aumento de las cifras de pobreza que nos dejó la pandemia y el repunte de la inflación, es ética y moralmente imperativo avanzar en este tipo de iniciativas para disminuir este fenómeno. El compromiso es de todos”, exhortó Alfredo Bateman, Secretario de Desarrollo.

Por su parte, Alain Bojanic, representante de la FAO en Colombia, destacó que “La PDA es un duro golpe de índole económico, ambiental y energético. Tenemos que ocuparnos de acciones concretas. Mostrar esas pérdidas es una manera de sensibilizar. Hay que trabajar a lo largo de toda la cadena de valor y ver que se hace en cada uno de los puntos”.

Se espera que en esta semana la reducción de PDA impacte a mínimo 10 mil personas, para ello se realizarán 11 actividades, siete de ellas presenciales y cuatro virtuales que serán transmitidas a través de las redes sociales de la Secretaría.

Información tomada de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Para cumplir con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024, la Administración Distrital radicó ante el Concejo de Bogotá un Proyecto de Acuerdo que busca aumentar en $5,84 billones de pesos el cupo de endeudamiento vigente de la ciudad. 

La alcaldesa Claudia López indicó: “Tuvimos la mayor recesión económica por cuenta de la pandemia, llegamos a tener un desempleo de casi 25 %, perdimos cerca de 1,1 millones de puestos de trabajo, ya recuperamos 900 mil, por fortuna esperamos que nuestra economía crezca en 4.1 %... Fue un golpe duro. Pero Bogotá ha logrado reducir la pobreza en 5,1 % entre 2020 y 2021. En total, 618 mil personas lograron salir de esta condición el año pasado en nuestra ciudad".

Y agregó: “Sin embargo, pese a que vamos bien, aún nos falta bajar los índices especialmente para mujeres y jóvenes”. Como principal antecedente frente a esta nueva solicitud, vale la pena recordar que el PIB en 2020 cayó 6,5 % y la pobreza monetaria aumentó 12,9 %, pasando de 27,2 % en 2019 a 40,1 % en 2020.

Por su parte Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda dijo: “Tenemos dineros comprometidos para vigencias futuras que ya fueron aprobadas y que tienen que ser efectivas en 2023-2024… A la fecha se han comprometido $10,9 billones de pesos de los $11,6 que nos habían habilitado en el Acuerdo 781 de 2021, equivale al 94 %”. 

Los recursos solicitados tienen como objetivo impulsar la reactivación económica, fortalecer la inclusión social y productiva, generar más de 60 mil vacantes, aumentar los cupos en Educación Superior garantizando 56 mil becas especialmente para jóvenes y mujeres, invertir en el Sistema Distrital de Cuidado y avanzar en la segunda línea del Metro subterránea que llegará a las localidades de Suba y Engativá por $2,81 billones de pesos.

También se pretende construir y restituir 19 colegios, edificar seis establecimientos para la primera infancia y crear un centro pedagógico para maestros (en restitución) en La Candelaria, bajo el nombre de Centro Abel Rodríguez. Los establecimientos se ubicarán: 6 en Engativá, 5 en Bosa, 4 en Suba, 2 en Rafael Uribe Uribe, 2 en San Cristóbal, 1 en Usaquén, 1 en Fontibón, 1 en Ciudad Bolívar, 1 en Mártires y 1 en Usme. Y se habilitarán 23.895 cupos adicionales en instituciones educativas con el fin de reducir la necesidad del transporte escolar.

La inversión tendrá la siguiente distribución: 

•    Construcción de colegios: $1,08 billones de pesos •    Ampliación de becas estudiantiles: $1,4 billones de pesos •    Edificación la segunda línea del Metro: $2,8 billones de pesos •    Construcción cable aéreo de San Cristóbal: $ 300 mil millones de pesos •    Creación del Centro Deportivo de Alto Rendimiento Gibraltar entre Bosa y Kennedy: $240 mil millones  •    Consolidar Manzanas del Cuidado en San Cristóbal y Kennedy: $540 mil millones

Por otra parte, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB– ESP) solicitará también un nuevo cupo al cabildo, por $2,8 billones de pesos, que destinará a la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Canoas - PTAR Canoas, en cumplimiento de la sentencia de descontaminación del Río Bogotá.

Con información de la Alcaldía de Bogotá

Ver la rueda de prensa completa aquí:

Un 2 de mayo de 2002 la extinta guerrilla de las Farc fueron los máximos responsables de la masacre en contra de la población de Bojayá, que se resguardaba en la iglesia del municipio.

Un día como hoy, en medio de los enfrentamientos entre los guerrilleros de las FARC-EP y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ambas empeñadas en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato; Un "cilindro bomba" fue lanzado por miembros del Frente 58 del Bloque Noroccidental de la guerrilla, a la iglesia del pueblo, en donde la comunidad se resguardó para protegerse, produciendo la muerte de aproximadamente 100 personas.

Leyner Palacios, quien hace parte de la Comisión de la Verdad y es víctima de esta masacre, pues perdió a muchos de sus familiares, dijo que hay mucha preocupación en cuanto a la reparación que no fue adecuada, también por la persistencia de la violencia en los territorios, hay alarma por el confinamiento del 70 % de las personas en los cascos rurales, sigue el reclutamiento, situación que ha llevado a que algunos niños y jóvenes recurran al suicidio; y la falta de atención a las víctimas. Este 2 de mayo se realiza una conmemoración por parte  del Sistema Integral para la Paz, la Iglesia de Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, entidades que unen para acompañar a las víctimas y a las comunidades  afrodescendientes e indígenas que hoy siguen enfrentando la violencia y el  sufrimiento provocado por el conflicto armado.

Igualmente,  el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, junto a  autoridades étnico territoriales organizan un homenaje a las personas que  perdieron la vida y un conversatorio para debatir y exponer la situación de  derechos humanos en el territorio ante las denuncias de homicidios, amenazas  de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes,  desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y  desapariciones forzadas, entre otras violaciones.

En el marco del conflicto armado en Colombia, los grupos subversivos han infestado grandes extensiones de tierra con minas antipersonales ubicadas alrededor y en los municipios donde ejercen poder o se disputan el territorio con otros actores armados. Desde entonces las Fuerzas Militares y organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo campañas de desminado humanitario con el propósito de liberar las zonas de esta amenaza que mutila, asesina y daña la humanidad de los ciudadanos. Posteriormente con el Acuerdo de Paz, los excombatientes integraron este proceso hasta la fecha. Con base en ello, expertos de la Universidad del Rosario hicieron investigaciones sobre el efecto positivo que tiene este proceso en el país.   LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó con Juan Fernando Vargas, doctor en Economía y docente de la Facultad de Economía de la Institución, para conocer sobre los hallazgos. “Colombia es la segunda nación, después de Afganistán, con más víctimas por estos artefactos y en cuanto a las minas artesanales ocupa el primer lugar en la última década… La intervención para desactivarlos y removerlos cuenta con la colaboración de expertos nacionales e internacionales que trabajan de la mano con la comunidad”.   En cuanto a los beneficios Vargas dijo: “Esto es muy importante para el desarrollo y bienestar de las regiones afectadas pues cambian la relación de las personas con la tierra y el entorno… los efectos son positivos… encontramos que aumenta la actividad económica, se incrementa la densidad poblacional, es decir los ciudadanos regresan a los territorios; los niños y niñas vuelven al colegio por tanto asciende la matrícula y el desempeño en las pruebas Saber y disminuye la intensidad de los cultivos de coca, ganadería ilegal y deforestación”.   Sobre los costos el invitado comentó que instalar una sola mina antipersonal cuesta menos de 50 dólares y desactivarla aumenta 300 veces más dicho precio: “el valor de desminar es elevado, se necesitan equipos, personal calificado y tiempo de trabajo en campo”, sin embargo, “los beneficios son mayores”, inclusive permiten que el PIB municipal alcance el 0.8 % y se salvan más de 350 vidas al año.   Vargas afirmó que, si bien se ha logrado remover estos artefactos en varios municipios, el proceso avanza a paso lento, de hecho, se esperaba que este terminara en el 2020 y ahora en el Plan de Operaciones de Desminado Humanitario el plazo será hasta el 2025. “Si hubiera más recursos no solo por el Gobierno sino también por la comunidad internacional se podrían acelerar las operaciones... se ve muy difícil lograrlo  al ritmo actual”, expresó el docente.   Conozca más sobre el desminado humanitario aquí.   Vea la entrevista completa:

Desde el próximo lunes la Administración Distrital levantará la excepción transitoria de pico y placa para el talento humano en salud, la cual opera en la capital desde el 21 de septiembre de 2020 y que contribuyó a la atención y el control de la pandemia del Covid- 19.

El Secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, afirmó que “el trabajo del personal ha sido y sigue siendo maravilloso. Desde la Administración lo reconocemos y agradecemos. Hoy con una ciudad en obra necesitamos del concurso de nuestro talento humano para contribuir con la movilidad cumpliendo con la restricción de pico y placa y usando las alternativas que tenemos diseñadas para desplazarnos sosteniblemente”.

Por su parte el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó: “La excepción se levanta a partir del 30 de abril, teniendo en cuenta que la condición de carácter epidemiológica ha sido superada. Invitamos al personal a hacer su aporte para que la capital tenga un tránsito más ágil”

Además destacó que “Bogotá fue la única ciudad del país que implementó y mantuvo este tipo de medida para dicho sector, reconociendo el esfuerzo y naturaleza del trabajo de miles de hombres y mujeres en la atención de la pandemia por coronavirus”.

El pico y placa opera en horario extendido de 6:00 a.m. a 9:00 p.m  de lunes a viernes desde el 11 de enero del año en curso. Los días pares es para carros con placas terminadas en dígitos pares y los días impares para las placas terminadas en números impares.   Con la norma cerca del 50 % del parque automotor particular sale de circulación en los días de la restricción, lo que equivale aproximadamente a unos 950 mil vehículos. Así mismo aumentaron las validaciones de los usuarios del SITP en un 10,6 %. Y se han impuesto alrededor de cinco mil comparendos por incumplimiento a la medida, al tiempo que se han inmovilizado cerca de 600 carros. 

El Distrito invitó al personal de salud a acogerse a las alternativas de excepción para desplazarse en la ciudad como es el ‘Pico y placa solidario’, ‘Carro compartido’ o hacer uso de móviles híbridos, bicicletas o caminatas.  

Información tomada de las secretarías de Salud y Movilidad.

De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral con corte al 24 de abril de este año, en la Procuraduría General de la Nación cursan 100 procesos disciplinarios contra 67 servidores públicos y 33 jurados de votación, entre ellos: dos indagaciones y siete investigaciones contra alcaldes municipales del país.

El ente de control abrió cuatro indagaciones preliminares contra los alcaldes de Ibagué y Cartagena, el gobernador de Vichada y concejales de San Vicente de Chucurí (Santander). Nueve aperturas de investigación a los alcaldes de Medellín, Manizales; Caparrapí, Soacha, Puli y Paratebueno (Cundinamarca), y Mogotes (Santander).  Y concejales de Bogotá y Calarcá (Quindío), por presunta participación en política en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas del 13 de marzo de 2022.

El documento señala que en las 1.825 quejas electorales registradas y clasificadas en 14 categorías, los errores más reiterados fueron los relacionados con la inscripción de cédulas (397), los cometidos por los jurados de votación: proselitismo en la mesa, inconsistencias en formularios E-14, uso indebido del celular y la omisión en la entrega del tarjetón electoral de consultas pese a la petición de los electores (172); fallas en indicaciones de los puestos de votación (166) y los denominados como varios (159).

A la fecha de corte mencionada, la Procuraduría ha evaluado el 65,15% de las quejas, equivalente a 1.189 casos que generaron 1.089 autos inhibitorios, que en su mayoría corresponden a fallas por problemas en el registro de inscripción de votantes y a quejas anónimas sin datos suficientes para investigar; 73 indagaciones previas, y 27 aperturas de investigación.

Por la pluralidad de casos proferidos como inhibitorios ante la negativa de los jurados a permitir el voto, amparados en la inexistencia del registro del ciudadano en la plataforma, la Procuraduría abrió un macrocaso disciplinario.

Mediante esta actuación la Entidad busca averiguar, entre otros, si la Registraduría Nacional del Estado Civil contaba con herramientas para asegurar el funcionamiento del programa, los requerimientos técnicos para su utilización, y los controles y pruebas hechos para minimizar riesgos de inconvenientes tecnológicos el día de las elecciones.

Información tomada de la Procuraduría General de la Nación.

Luego darse esta semana en la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, la audiencia pública de reconocimiento de la verdad por parte de los 11 imputados en el Caso 03 sobre los ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, más conocido como “falsos positivos”. El presidente del alto tribunal expuso en el programa ‘Revista de la Mañana’ en qué consiste el proceso y cuál será el paso a seguir.   “El país ha podido reflejar el trabajo de la Jurisdicción, se trata de uno de los crímenes de guerra más graves y delitos de lesa humanidad que se han cometido en el conflicto armado… El trabajo arduo de la Sala de Reconocimiento ha sido sistematizar toda la información, recoger los reportes e informes de las víctimas y las investigaciones de la Fiscalía”, expresó Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la JEP.   A partir de esto se determinaron los patrones de macro criminalidad y comenzaron los exámenes en varias unidades militares de Colombia. La primera de ellas fue la desplegada en Norte de Santander, allí se conocieron los primeros implicados que fueron los que dieron sus declaraciones en la pasada audiencia.   Leer también: ¿Quién dio la orden? Preguntan las víctimas de “falsos positivos”   ¿Cómo funciona la JEP?

Cifuentes explicó que existen dos fases.   Fase 1: No adversarial.  “Es una oportunidad que se les brinda a los comparecientes y presuntos perpetradores para que ellos asuman su responsabilidad y aporten verdad exhaustiva a las víctimas, al país y a la Jurisdicción. En el momento que lo hagan y si así lo estime la Sala de Reconocimiento, está dictará una resolución de conclusiones proyectando una sanción restaurativa, la cual se destina a una sección para la paz que dictará la sentencia”.   Fase 2: Adversarial. “En el momento que los implicados no acepten responsabilidad ni aporten a la verdad, en este caso la Unidad de Investigaciones y Acusación formula cargos ante el Tribunal para la Paz y si esta persona es declarada culpable se le impone una sanción hasta de 20 años de prisión”.   ¿Qué pasará con los 11 exmilitares?

Este caso está transitando por la fase 1, por tanto, luego de la audiencia del 26 y 27 de abril, se procederá a la verificación por parte de la Sala y en tres meses se conocerá la resolución de conclusiones para saber si se acepta o no su reconocimiento.   ¿Cuáles serán las sanciones?

“Será un tiempo entre cinco y ocho años cuando su libertad estará sujeta a diversas restricciones de locomoción, bajo vigilancia y monitoreo constante, y en ese mismo término deben desplegar trabajos y actividades de contenido reparador para las víctimas aprobados por ellas mismas, este es uno de los puntos más importante del Acuerdo”, indicó el Magistrado.   Y enfatizó: “Se abre un capítulo importante para el país y es la dignidad de las víctimas, porque es sembrar, a través de este tipo de acciones, la reconciliación y la no repetición”.   Se sigue la investigación

“Actualmente se llevan indagaciones en otras unidades militares como el Meta, Huila, Casanare y Antioquia. Al término de todas estas actuaciones, llegarán más pruebas, versiones y testimonios de los afectados, se van a determinar los máximos responsables… En este momento la JEP no ha concluido con todo el juzgamiento de este macrocaso que se ha dividido en subscasos dada su complejidad. Nuestro objetivo no es solo perseguir a los perpetradores sino ofrecerle al país la verdad desde la perspectiva judicial”, señaló Cifuentes.   El Presidente de la JEP expuso la importancia de lograr una justicia restaurativa, la cual está dirigida a los imputados que se acogen a la fase 1: “es un relato doloroso, no borra las huellas de los crímenes, no resucita a los muertos, no retrocede los desplazamientos forzados, no elimina las torturas infringidas ¡De ninguna manera! Pero en el momento presente puede significar un alivio para las víctimas y puede representar un nuevo futuro para los victimarios quienes podrán hacer el tránsito a una vida distinta y reinsertarse la sociedad”.   Finalmente, el Magistrado indicó que el mismo proceso se dará con los exmiembros de las Farc-EP en la audiencia de reconocimiento de secuestro el 31 de mayo, 2 y 6 de junio de 2022.   Puede ver: 120 asesinatos por “falsos positivos” no quedarán en la impunidad   Entrevista completa: