En el año 2013 el Alto Tribunal declaró el Estado de Cosas Institucionales – ECI por la constante vulneración de los Derechos Humanos de los privados de la libertad en Colombia, donde ordenó por medio de la Sentencia T-338 diseñar un sistema de priorización para la protección de los mismos en los “centros de reclusión que se encuentra en situación más gravosa”. Dos años después se creó la ‘Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión’, la cual durante una década se ha dedicado a verificar el cumplimiento de la directriz de la Corte, y, sin embargo, ha constatado que los avances son mínimos.

LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó al respecto con Juliana Gutiérrez, abogada de Corporación Humanas Colombia, quien explicó: “La Comisión la conformamos más de 12 organizaciones de la sociedad civil encargadas de defender los DD.HH. de esta población, además hacemos veeduría y evidenciamos que es una problemática general que se vive desde las cárceles hasta las estaciones de Policía y centros de detención transitoria. Uno de los puntos preocupantes son las pocas garantías de resocialización, pues no se logran terminar los procesos y los programas de estudio y trabajo son pocos”.

Por su parte, Claudia Cardona, fundadora de la Corporación Mujeres Libres, relató en la misma entrevista, cuáles son los derechos más violados en estos lugares: “La alimentación digna, por ejemplo, en el Buen Pastor se da el desayuno a las 4:00 a.m. y el almuerzo hasta las 6:00 p.m., las cocinas son insalubres y hay alimentos en descomposición. Lo peor es que es un hecho que ocurre en todo el país”. 

De igual manera las dos voceras señalaron las dificultades presentadas a causa del hacinamiento y problemas de infraestructura, ya que dichos espacios no tienen las condiciones dignas para que las personas permanezcan allí o compartan con sus familias las visitas semanales. También existen inconvenientes para recibir servicios de salud, en ese particular no se cuenta con suficiente talento humano médico para atender un número alto de ciudadanos y en cuanto a las mujeres no hay posibilidad de acceder a citas ginecológicas o citologías. 

La Comisión en su trabajo de hacer seguimiento a estas realidades y comunicar a la Corte Constitucional las vulneraciones, ha realizado 12 informes con hallazgos de las problemáticas y expuesto, así mismo, la lentitud en los procesos judiciales, en ese sentido han recomendado: 

•    Adoptar una política criminal que tenga como eje la garantía de los derechos humanos
•    Incluir la salud mental en los procesos de resocialización
•    Implementar medidas alternativas a la prisión y creación de espacios dignos de rehabilitación. 

Conozca la Sentencia, aquí.

“En Colombia no se ha mejorado esta situación desde la sentencia, por eso hemos desarrollado dos informes adicionales especializados y planteado propuestas a la política criminal”, dijo Claudia, que coincidió con Juliana que los avances en leyes protectoras e implementación son pocos. 

En el marco de los 10 años de la Comisión, se hace la invitación al Estado y a la sociedad en general a “poner en la agenda a las personas privadas de la libertad, tener como prioridad trabajar por sus derechos, mejorar la política criminal, incluir la salud mental e implementar medidas alternativas de prisión para crear espacios dignos de resocialización”, concluyó Gutiérrez.

La conmemoración se realizará con el siguiente evento: