La falla registrada en uno de los cuatro trenes de regasificación de la terminal de SPEC LNG, en Cartagena, puso temporalmente bajo presión el suministro de gas natural en Colombia. Aunque el racionamiento programado por el Gobierno reorganizó la distribución del combustible y priorizó hogares, hospitales, clínicas, colegios y otros a fin de que la contingencia no los afectará, la situación deja varias lecciones sobre los retos que enfrenta la nación para garantizar su seguridad energética.

Inicialmente, hay que señalar que, en situaciones normales, la regasificadora de Cartagena puede procesar hasta 475 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, tras la avería, su capacidad se redujo a 400 millones durante los trabajos de reparación. Esa disminución obligó a establecer una redistribución para administrar el recurso disponible y evitar mayores desequilibrios en el sistema.

Por ello, aunque en esta oportunidad el impacto de la medida recayó principalmente sobre grandes consumidores industriales y comerciales que no cuentan con contratos firmes de suministro, detrás de la decisión aparece una pregunta más amplia: ¿Qué tan preparado está Colombia para enfrentar una interrupción prolongada?

Acerca de este tema, y sobre lo que deberá revisar el país a futuro para evitar dificultades más graves, opinó en ‘Revista de la Mañana’ el ingeniero ambiental Iván Santiesteban Sandoval, quien cuenta con experiencia en energías renovables, eficiencia energética y docencia universitaria en gerencia para la transición energética.

Según explicó, uno de los principales aprendizajes está relacionado con la infraestructura. Hoy por hoy la terminal de Cartagena cumple un papel estratégico como respaldo al ser el único centro de regasificación que se encuentra en operación. 

Esto significa que una deficiencia en uno de sus componentes puede reducir el margen de maniobra disponible. En esta oportunidad solo por siete días y por una falla en uno de sus trenes, pero ¿Qué podría pasar ante un daño mayor? Ese cuestionamiento evidencia que una de las tareas hacia adelante es contar con nuevas alternativas que permitan responder cuando una instalación quede fuera de servicio.

“Colombia debe avanzar en implementar esas plantas que están pendientes. Próximamente, está por entrar en operación la de Puerto Bahía por parte de Ecopetrol y, por otro lado, el Grupo de Energía de Bogotá también está haciendo un trabajo interesante. Entonces, seguramente en los próximos 4 o 5 meses tendremos esas nuevas estructuras”, explicó Santiesteban.

La segunda lección está en la necesidad de mantener y fortalecer la exploración de gas. Durante los últimos años el país ha aumentado el uso a esta fuente energética importada y esa tendencia podría crecer en el futuro. El problema es que adquirir el combustible en los mercados internacionales puede representar mayores costos y una mayor dependencia a factores que trascienden el contexto nacional.

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la capacidad de respuesta. El panorama actual muestra la importancia de contar con infraestructura de respaldo, pero también de disponer de mecanismos que permitan detectar rápidamente los desperfectos, repararlos y mantener funcionando el sistema mientras se solventan las novedades.

En el caso más reciente la reducción de 75 millones de pies cúbicos diarios no llevó a suspender de manera general su funcionamiento. Por eso la respuesta fue establecer prioridades para proteger los servicios esenciales y trasladar parte del ajuste hacia los grandes consumidores.

Sin embargo, ante una contingencia más prolongada, las consecuencias económicas podrían ser mayores. Las industrias que necesiten acudir al mercado secundario pagarían más por el gas, mientras que las generadoras térmicas tendrían que recurrir a combustibles como el diésel o el carbón para generar electricidad. Esto aumentaría sus precios de operación y ejercería presión sobre el valor de la energía. Una situación que terminaría por afectar también al eslabón más vulnerable de la cadena: El ciudadano de a pie.