Desde el pasado primero de enero de 2026, el Gobierno Colombiano en cabeza del Departamento Nacional de Planeación, DPN, adoptó un nuevo método para medir la ejecución de las regalías en el país y optimizar el impacto que estos recursos tienen en los diferentes departamentos, donde son fundamentales para el desarrollo de proyectos como centros educativos, hospitales, vías y otras iniciativas.

Para comprender qué son estos bienes, dimensionar su impacto y entender la forma en la que se distribuyen en el país, estuvo en el programa ‘Revista de la Mañana’ Jaime Edison Rojas, economista, Magíster en Ciencias Económicas y Líder del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales de la Universidad Politécnico GranColombiano.

“Colombia es un país que se ha visto beneficiado durante gran parte de su historia por la abundancia de los recursos naturales y minerales que son explotados con un fin económico (...) Son esa compensación económica que trata de generar el Estado a partir de la venta y la comercialización de estos productos para trasladar los beneficios a los territorios y que con ello se puedan mitigar algunos de los efectos negativos de su aprovechamiento”, explicó Rojas en diálogo con ‘La Verdadera Alternativa’ de la Radio.

En ese sentido hay que destacar que el Sistema General de Regalías contempla varias formas de asignación. Entre ellas las transferencias directas a departamentos y municipios productores, la financiación de proyectos que son presentados y aprobados ante el Departamento Nacional de Planeación y las asignaciones a comunidades étnicas, como pueblos indígenas y minorías. 

Para el 2025, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, se recaudaron $6,8 billones de pesos por la explotación de petróleo y gas natural en territorio nacional. Cifra con la que la actual administración acumula $29,6 billones de recursos en regalías. Sin embargo, a pesar de que muchos de estos dineros son destinados a regiones ricas en minerales e hidrocarburos, como el Chocó o La Guajira, estas zonas suelen presentar serios problemas como la falta de empleo, conflictos armados y disputas por el dominio del territorio.

“La extracción de minerales tiene unas consecuencias que van más allá de lo ambiental y que luego se trasladan a algunas variables sociales porque hay una altísima concentración productiva. Es decir, los factores de producción se destinan a la explotación y se descuidan otros sectores productivos. Otros que generan mucho más empleo y una mayor distribución de los recursos entre los trabajadores”, explicó.

A ese contexto se suman otros desafíos, como la corrupción o la errada destinación presupuestal, que se ven agravados por factores como la falta de capacidades técnicas en las entidades territoriales, proyectos mal diseñados o incumplimientos por parte de contratistas.

Es por eso que ahora, con la Resolución 4574 de 2025, el Departamento Nacional de Planeación modificará su metodología de evaluación, ajustando el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR) que vigilará el avance de las obras y la correcta destinación de los dineros, que el proyecto cumpla a cabalidad con su propósito y que la ejecución se adelante en los tiempos establecidos.

“Lo que hizo el DNP fue generar una actualización de ese índice de manera que sea mucho más riguroso, que permita tener una mayor secuencia en la medición de las variables y que además no sea homogéneo para todos los territorios, sino que tenga en cuenta ese factor de capacidad institucional al interior de cada territorio”, acotó el economista Jaime Edison Rojas.

Cada dos años, el monto de las regalías se define dentro del presupuesto nacional que es presentado por la rama ejecutiva para ser aprobado por el Congreso. Pero más allá de las cifras, el verdadero desafío sigue siendo el mismo, combatir la corrupción y convertir la riqueza natural del país en desarrollo equitativo para el bienestar de las comunidades.