Cada año las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales, reciben de parte del Estado, el financiamiento según el Índice de Precios al Consumidor – IPC, estos dineros se quedan cortos ante la demanda académica. Razón por la cual las universidades tienen que crear sus propios recursos para solventar sus necesidades. Ante ello, rectores, docentes y comunidades académicas han solicitado desde hace varios años modificar la forma de calcular estos montos, inclusive se realizaron movilizaciones. La buena noticia es que la reciente ley aprobada por el Congreso de la República, permitirá esto. 

“En 1993 las 32 universidades públicas teníamos matriculados a 155 mil estudiantes, hoy contamos con 685 mil, es decir que hemos crecido en 500 mil cupos, lo que equivale más ampliación de cobertura, pero tenemos la misma base presupuestal que supera de 7 a 10 puntos el indicador de transferencias, esto nos ha llevado a una desfinanciación estructural”, dijo a LAUD 90.4 FM ESTÉREO, Jairo Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal – SEU y rector de la Universidad de Córdoba. 

¿Qué modifica la Ley?

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad en último debate, la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, los cuales hablan sobre la asignación presupuestal a las Instituciones de Educación Superior – IES públicas, tipificado en un proyecto de Ley que fue presentado por el Ministerio de Educación. 

El aval permitirá que los recursos que se entreguen no se midan según el IPC sino por el Índice de Costos de la Educación Superior – ICES (conocido también como el Índice de la Canasta Educativa), lo significa que se tendrá en cuenta el crecimiento de las universidades y sus necesidades reales de funcionamiento.

“Las ventajas serán mayor proyección científica y recursos para la misma, fortalecimiento de la planta docente, vinculación de más trabajadores, ampliación de cobertura, entre otros. El nuevo modelo va a permitir una planificación proyectada en el tiempo”, afirmó el presidente del SUE. 

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Por su parte Daniel Rojas, ministro de Educación expresó desde el Capitolio “En corto plazo esa desfinanciación estructural de las IES públicas se solventará y el actual déficit que hoy se calcula en más de $20 billones de pesos, empezará a cerrarse paulatina mente gracias a la Ley”. 

Lo que se viene

Según Torres la tarea no se acaba con la aprobación del articulado, ahora se proyecta la reglamentación que marcará la hoja de ruta sobre la manera de transferir los recursos a las IES. “El SUE ya tiene un avance con enfoque territorial y de cierre de brechas”, agregó. Esta labor está a cargo del Ministerio de la mano con los actores académicos.

Así las cosas, ahora el proyecto pasa a sanción presidencial por parte del Presidente de la República para que convierta en Ley, luego llegará la reglamentación que se espera sea durante el 2026 y su implementación que se aspira comience en 2027. 

“Se aprobó en último debate la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 para empezar a cerrar una desfinanciación de más de 20 billones de pesos. La educación superior pública deja de depender de la voluntad política y queda garantizada en la ley. Avanzamos, por fin,… pic.twitter.com/Du8dZt5Ffq

— MinEducación (@Mineducacion) December 16, 2025