El incremento del salario mínimo para 2026 en un 23,7 % decretado por el Gobierno Nacional, volvió a encender el debate económico, político y jurídico en el país. La decisión, que inicialmente fue suspendida de manera transitoria por el Consejo de Estado por presuntos problemas de motivación técnica, fue ratificada por el Ejecutivo tras presentar un nuevo decreto con la argumentación técnica requerida.

Inicialmente el alto tribunal administrativo suspendió temporalmente el decreto al considerar que no se habían expuesto de manera suficiente los criterios técnicos que justificaban el porcentaje fijado. La legislación colombiana establece que, ante la falta de consenso en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el Gobierno puede definir el salario por decreto, pero debe sustentar la decisión en variables como inflación, productividad y crecimiento económico.

Tras el requerimiento judicial, el Ejecutivo expidió un nuevo decreto manteniendo el incremento del 23,7 %, esta vez incluyendo un análisis técnico que, según el Gobierno, cumple con los requisitos legales. Por lo que ahora el Consejo de Estado deberá evaluar si la nueva argumentación satisface los criterios formales exigidos.

Andrés Martínez, economista y analista político, dialogó con ‘Revista de la Mañana’ sobre este panorama y ante los micrófonos de la Verdadera Alternativa de la Radio explicó que aunque el salario mínimo beneficia directamente a menos de cuatro millones de trabajadores, el efecto de su incremento se extiende al conjunto de la economía formal. 

“Entonces, en un sentido explícito este salario mínimo que beneficia a menos del 20 % de los trabajadores colombianos, va a perjudicar al 80 % restante incrementando el coste de la adquisición de bienes y servicios en el mediano plazo, vamos a ver el dato de inflación en marzo y con seguridad a notar este efecto”, aseguró.

Según Martínez, existe evidencia de que los incrementos salariales pueden incidir en una dinámica conocida como espiral precios-salarios, en la cual el alza de ingresos impulsa aumentos de precios, reduciendo parte del poder adquisitivo ganado.

Además de ello, en un país como Colombia, en donde según cifras del DANE la informalidad laboral para 2025 cerró en 55,7 %, el alto aumento salarial podría incentivar aún más este fenómeno, especialmente en sectores en el que los empleadores enfrentan mayores costos para contratar formalmente.

El decreto del Salario Mínimo Vital para 2026 mantiene el aumento del 23,7% y queda en $2'000.000.

“Firmamos el decreto del salario vital para 2026. La cifra es la misma estimada en diciembre de 2025 y la presentaremos al Consejo de Estado con sus estudios técnicos”, informó al… pic.twitter.com/EdGZsRLFQj

— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) February 20, 2026

“En el caso de una persona que vende sus mercancías en la calle y puede ganar en un mes de $2.5 a 3 millones de pesos, algunos un poco más según el producto que comercialicen, no cotizan a salud y pensión porque no quieren entrar en esa lógica de supervisión estatal. Entonces, con el incremento del salario mínimo estas personas tampoco tienen incentivos para, si van a contratar a alguien, y pagarle un salario mínimo. Así sucesivamente se reproduce el círculo de la informalidad en el país”, refirió el economista.

Más allá del componente técnico, el aumento ha sido interpretado por diversos sectores como una decisión con fuerte carga política. El anuncio se produjo en medio de movilizaciones convocadas por el Gobierno bajo la consigna de defender el ‘salario mínimo vital’.

Para Martínez, el contexto electoral es determinante. A pocas semanas de elecciones legislativas y presidenciales revertir una decisión como esta podría generar un alto costo político, razón por la cual desde diversas orillas ideológicas no se han expresado mayores desacuerdos.

Cómo siempre buen clima. Si hay gente dispuesta a defender el salario vital habrá salario vital

La conquistas laborales siempre implican la movilización de la gente que trabaja. Que se vea su fuerza. pic.twitter.com/2sKH7PpUsV

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 19, 2026

“El país político, digamos los gremios, los representantes de los trabajadores, las grandes confederaciones, CGT, entre otros también han expresado, entre comillas, el beneplácito frente a la situación. Inclusive los candidatos presidenciales y demás no se han pronunciado abiertamente en contra de la alza del salario mínimo. Insisto, porque esta variable política va a ser determinante en las elecciones que estamos a punto de enfrentar”, refirió.

Martínez también recordó que, a pesar de las advertencias, durante el gobierno de Iván Duque se registraron incrementos de dos dígitos en el salario mínimo. Un factor que contribuyó a una inflación que hoy se torna desajustada, afectando la capacidad adquisitiva de los hogares colombianos.

En ese escenario, una eventual reversión del incremento se ve cada vez más improbable porque podría generar desorden en los precios ya actualizados, afectando aún a consumidores como a prestadores de servicios.

La decisión final del Consejo de Estado será clave para determinar si el incremento se mantiene sin nuevos obstáculos jurídicos. Entretanto, el país continúa dividido entre quienes ven en el aumento una reivindicación social y quienes lo consideran un riesgo.