En los próximos días el Gobierno Nacional expedirá un decreto que permitirá al Presidente de la República encargarse personalmente de la reglamentación de los servicios públicos del país. De acuerdo al borrador del documento este consistirá en “Reasumir las funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Energía y Gas y a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico”, como lo expone el Artículo 1º. La determinación ha llamado la atención del sector, quienes han tenido voces a favor y en contra de la medida. 

LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó con Silvia Yepes Serrano, profesora e investigadora en servicios públicos domiciliarios de la Universidad Externado, experta Comisionada de Agua y directora del Instituto Latinoamericano del Agua, quien explicó “él tiene que hacerse cargo de exactamente los mismos términos que la Ley establece para las comisiones, es decir, debe respetar las garantías mínimas como es la actualización de tarifas porque si no se hace se genera un problema de insuficiencia financiera, pues se requiere que lo recaudado cubra el costo de la prestación”.

Según el Artículo 370 de la Constitución Política, le corresponde al Presidente señalar las políticas generales de administración de los servicios públicos y ejercer control e inspección por medio de la Superintendencia, no obstante, desde 1994 bajo la Ley 142, estas labores fueron delegadas a las comisiones reguladoras que las conforman miembros del Gobierno y expertos comisionados. Su misión es garantizar la sostenibilidad del sistema y asignar las tarifas. 

La decisión del mandatario de retomar las funciones se da para otorgar un alivio en los costos que pagan las familias más vulnerables del país en dicha materia, sin embargo, Yepes afirmó que si bien es urgente tomar acciones esto se puede realizar por medio de otros mecanismos sin alterar los entes técnicos ni reducir el valor de la prestación. 

Los riesgos del decreto serían “afectar la calidad, ya que las materias primas siguen en alza por la inflación, así mismo se deben mantener las redes, por eso es necesario que el Estado aporte. Preocupa que no se recupere las inversiones de los prestadores y se desestime la parte técnica, esto generaría problemas graves de sostenibilidad a futuro y el servicio más caro es el que no se brinda”.

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