Aunque la Procuraduría General de la Nación, PGN es una de las entidades más nombradas en medios de comunicación, eventos públicos y actos de gobierno, su papel dentro del organigrama del país y sus diferentes funciones no resultan del todo conocidas por la ciudadanía en general. ¿A qué se dedica? ¿Qué alcances tiene? y ¿A quiénes puede investigar? Son algunas de las incógnitas que rodean a la entidad y que se analizaron en una nueva edición del programa ‘Revista de la Mañana’ y su espacio pedagógico ‘Martes de Democracia’.

Para comenzar, tal y como lo dice el Artículo 1 de la Constitución Política de 1991, hay que señalar que Colombia es un Estado Social de Derecho. Esto significa que su estructura gira alrededor de la protección de los Derechos Humanos, de la dignidad de sus ciudadanos y de la prevalencia del interés general. Una misión frente a la cual el trabajo del Ministerio Público, estamento al que pertenece la Procuraduría junto a la Defensoría del Pueblo y las personerías, es esencial para el sistema jurídico.

Así lo explicó Juan Carlos Durán, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes y divulgador de contenido jurídico, quien ante los micrófonos de La Verdadera Alternativa de la Radio, ahondó sobre el origen de este órgano de control y habló de por qué esta figura resulta necesaria.

“El Estado de Derecho moderno se basa en la separación de poderes. Esta idea atribuida a Montesquieu, se fundamenta en la premisa de que el poder en una sola persona es tremendamente peligroso, pues puede prestarse a abusos y atropellos. Por eso, el poder debe, por lo menos, estar dividido en tres grandes pilares o ramas: Ejecutiva, Legislativa y Judicial (...) Resulta que a pesar de ello, el riesgo no se elimina 100 %. Por lo tanto, dentro de la arquitectura de muchos países está la figura de los organismos de control y Colombia no es la excepción”, planteó Durán.

Así las cosas, la Procuraduría General de la Nación como entidad independiente, se encarga de vigilar, investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos a la vez que también ejerce y cumple acciones de protección de los Derechos Humanos en coordinación con la Defensoría del Pueblo.

¿A quiénes puede investigar la Procuraduría General de la Nación?

La labor no se limita a los empleados de las entidades estatales. Dentro de su competencia también pueden estar determinados particulares que ejercen funciones públicas o cumplen responsabilidades relacionadas con recursos estatales (contratistas), al igual que cargos de elección popular, como alcaldes, gobernadores y congresistas, a excepción del presidente de la República cuyo fuero constitucional lo exime del alcance de la entidad y deja sus procesos exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“Una falta disciplinaria es un actuar contrario al catálogo de deberes que tienen los trabajadores del Estado, obligaciones que están asociadas a la buena fe, al principio de legalidad, al actuar conforme a lo que dice la ley y la Constitución y en general, es decir, su gestión debe estar orientada hacia el interés general y no el particular”, acotó el profesor Juan Carlos Durán.

Entre las principales fallas disciplinarias están la extralimitación de funciones, ocupar un cargo para el que se encuentra inhabilitado, tener conflictos de intereses en la celebración de contratos y otras actuaciones detalladas en la Ley 1952 del 2019.

No obstante, cuando la Procuraduría recibe información sobre una posible falta, el proceso no significa que el señalado sea culpable de inmediato. Primero se analizan los hechos y, si hay elementos que lo justifiquen, pueden iniciarse las actuaciones debidas. Durante la investigación se recopilan y valoran pruebas, se identifica a los posibles responsables y se garantiza su derecho a la defensa y a controvertir las pruebas.

Finalmente, con base en los elementos obtenidos, la autoridad determina si hubo o no una irregularidad y, de ser el caso, establece una sanción. En todo momento deben respetarse principios como el debido proceso y la presunción de inocencia.