En días pasados el Congreso de la República y la Cámara Colombiana de Infraestructura cuestionó al Gobierno Nacional por la falta de claridad en la designación de $13 billones de pesos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación – PGN para el año actual, la cual luego fue aclarada por medio del Decreto 0163 del Ministerio de Hacienda donde se detalló que los recursos se emplearán en la cofinanciación de las obras viales contratadas en las regiones. Para comprender la ejecución de estos dineros LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó con Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

¿Qué es el PGN?

“Es la forma como el Gobierno Nacional organiza sus ingresos y sus egresos. En él nos enteramos cómo van a ser utilizados nuestros impuestos, en qué obras públicas, y bienes y servicios se van a destinar, por eso es importante hacerle el seguimiento porque es el capital de los colombianos”, explicó el invitado.

¿Cómo se solicita?

Las entidades del Gobierno deben presentar un anteproyecto sobre sus gastos de funcionamiento al Ministerio de Hacienda, y los de inversión al Departamento Nacional de Planeación - DNP, que es la entidad “que coordina, diseña y apoya la planificación de políticas públicas y del presupuesto de los recursos del país”. Dicho anteproyecto debe especificar en qué se empleará el dinero. Posterior a ello, el Ministerio y el DNP hacen los ajustes y lo expone al Congreso de la República como un proyecto de presupuesto para que lo apruebe. Cuando es avalado se convierte en ley, la cual se debe ejecutar al año siguiente.

¿Por qué se hicieron los cuestionamientos al PGN del 2024?

“El Gobierno al final del año toma dicha ley y hace una desagregación a nivel de proyectos a través del Decreto de liquidación, este debe tener consistencia con lo que se presentó al Congreso antes de su aprobación. Por eso el PGN no es un cheque en blanco y no puede tener partidas globales”, dijo Pardo. En ese sentido no se especificó en su momento cómo se invertirían los $13 billones de pesos destinados a las obras viales.

El experto alertó “esta es una irregularidad, por eso se solicitó el decreto de yerros, pues se sienta un antecedente muy peligroso y hay que estar pendiente del proceso presupuestal para el 2025, para que en los documentos y anexos que presente el Gobierno se especifique en detalle su destinación y no haya incertidumbre sobre cómo se van a gastar los recursos el año entrante”.

Pardo expuso las funciones del DNP, y afirmó que los entes veedores de la ejecución del presupuesto son el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y la ciudadanía. También se refirió a la nueva propuesta hecha por el gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, sobre realizar un referendo para que las regiones tengan autonomía en el uso de sus recursos.

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