La crisis del sistema penitenciario colombiano continúa siendo uno de los mayores retos para la justicia y la seguridad del país. Aunque el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha planteado la construcción de megacárceles como una de las principales estrategias para enfrentar el hacinamiento y criminalidad, especialistas han advertido que esta medida, por sí sola, no resolverá un problema estructural que se registra desde hace más de 30 años.

Así lo explicó Nadia Lizarazo, politóloga e investigadora de la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal ‘Luis Carlos Pérez’ de la Universidad Nacional de Colombia, quien en entrevista con ‘Revista de la Mañana’ señaló que el sistema penitenciario atraviesa un "Estado de Cosas Inconstitucional" declarado en 1998 por la Corte Constitucional y reiterado en 2013, 2015 y 2021, debido a la violación sistemática de los Derechos Humanos en los centros de reclusión del país, incluyendo Centros de Detención Transitoria como estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI).

“Este “Estado de Cosas Inconstitucional” se manifiesta en varias aristas dentro de la violación de Derechos Humanos. Uno de sus principales síntomas es el hacinamiento persistente. Aunque en los últimos años no tenemos los grandes índices del 2015, se mantiene alrededor del 25 % en los establecimientos de reclusión del orden nacional. En los Centros de Detención Transitoria tenemos actualmente un sobrecupo del 126 %”, explicó la experta.

Dicho hacinamiento se traduce en vulneraciones a la vida digna, dificultades en el acceso a la salud y los servicios públicos, una adecuada estructura sanitaria y problemas en la resocialización y reinserción social de los detenidos.

Lizarazo dijo que buena parte de la crisis carcelaria tiene origen en la política criminal del Estado colombiano. Durante años se ha impulsado el endurecimiento de penas, el encarcelamiento y la construcción de cárceles como la principal solución frente a la delincuencia. Sin embargo, esto ha llevado a que crezca la población privada de la libertad sin que se observe una reducción de la criminalidad.

En ese escenario, la experta aseguró que el país requiere una política criminal más equilibrada, orientada a la prevención del delito, a la promoción de medidas alternativas a la prisión para ciertos casos y a la creación de políticas sociales dirigidas a reducir la violencia y la reincidencia.

Megacárceles: Una posible respuesta, pero no la solución

Frente a la propuesta presidencial de construir 10 megacárceles, siguiendo el modelo implementado en El Salvador, Lizarazo afirmó que la iniciativa resulta excesiva, costosa (cada obra tendría un costo cercano a los $780 mil millones) y poco ceñida a la realidad nacional, a pesar de la evidente necesidad de actualizar y modernizar la infraestructura carcelaria.

“Cuando uno escucha al presidente con la propuesta de las 10 megacárceles, efectivamente la primera remisión es al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo CECOT de El Salvador con 40.000 mil cupos (...) No obstante en Colombia ni siquiera tendríamos la población privada de la libertad para hacer uso de esos 10 megaedificios”, refirió, antes de revelar la situación penitenciaria en el país. “Actualmente, los cupos en los Centros de Detención Transitoria, los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional, las cárceles distritales y departamentales y los detenidos en los Centros de Reclusión Militar suman aproximadamente 122.000 personas privadas de la libertad”, acotó la invitada ante los micrófonos de La Verdadera Alternativa de la Radio.

En Colombia cerca del 88 % de los establecimientos de reclusión fueron construidos antes de 1990, por lo que a día de hoy presentan un marcado deterioro físico y falta de espacios adecuados para desarrollar programas educativos, laborales y de formación destinados a la resocialización.

En ese sentido, la especialista recordó que la legislación colombiana establece que la reinserción a la vida civil constituye el principal fin de la pena. Sin embargo, este propósito se ve seriamente limitado por las condiciones actuales del sistema penitenciario. Por ello, además de ofrecer oportunidades de estudio o trabajo, crece la necesidad de fortalecer programas dirigidos al desarrollo de habilidades sociales, resolución de conflictos y convivencia, aspectos fundamentales para facilitar la reintegración de las personas una vez recuperan su libertad.