La política de derechos sexuales y reproductivos es un tema crucial para el bienestar de la población y el desarrollo del país. Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), no se hace mención explícita a la importancia de esta medida, sino que se aborda de manera transversal en el conjunto de los objetivos y metas planteados en la hoja de ruta. ¿Pero qué significa esto?

En ‘Revista de la Mañana’ estuvo Nicolás Giraldo, coordinador de Cambio Político de Profamilia, analizando el tema.

Giraldo señaló que, aunque explícitamente no se encuentra establecido un programa sobre los derechos sexuales y reproductivos, sí está presente en “el componente de seguridad humana y justicia social (…) este componente es amplio y complejo, que resalta el reconocimiento de las disidencias sexuales, diversidad sexual de género, derechos de las mujeres y de las poblaciones afro e indígenas”. Aclaró, que es un elemento que ha estado en anteriores PND, pero que no ha tenido una participación activa en el desarrollo social del país.

Las tradiciones y las costumbres de diferentes comunidades no han sido tomadas en cuenta para la implementación de leyes que ayuden a continuar con su trabajo milenario. En muchos casos, estas prácticas, son minimizadas llevándolas a un olvido común.

“Tenemos unos mandatos que vienen desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que siguen sin cumplirse adecuadamente. La institución ha estudiado casos donde exhorta el estado colombiano a que reconozca, por ejemplo, la integración de las parteras en el sistema de salud (…) Hay uno en particular, que tiene que ver con el reconocimiento de pagos a los miembros del Sistema de Salud durante la pandemia, pero las excluyó, aunque hayan tenido un rol importante durante el confinamiento”, contó el coordinador.

Cabe resaltar, que para el nuevo PND, sí se evidencia una preocupación por incentivar a la población a participar en la construcción de políticas públicas. Por ejemplo, “hay apuestas especificas enmarcadas en el plan, y que son tomadas por poblaciones que han sido excluidas históricamente”, señaló Giraldo. Bajo esta apuesta, se puede entender que el plan prima los derechos sexuales y reproductivos, pero como un todo, dado que se establece en un plano general donde todos los colombianos puedan cobijarse.

A pesar de no contar con un proyecto real que responda sobre este ítem, el analista contó que se está trabajando actualmente en un plan que vincule todas las necesidades que tienen las distintas comunidades con todos los actores involucrados. 

Durante la creación de PND, el proyecto que se había creado para dar respuesta a estos derechos fue eliminado, dado que delimitaba técnicamente el campo de acción del artículo. El coordinador dijo que desde la entidad se les pidió a varios congresistas votar en negativo porque habría quedado etiquetado como “Política de derechos sexuales sin especificar los derechos reproductivos”.

Es importante destacar que en Colombia aún existen barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para poblaciones vulnerables y en zonas rurales. Además, la violencia sexual y de género sigue siendo una problemática que afecta a muchas personas en el país. Por ello, es necesario que el Estado implemente políticas públicas efectivas y sostenibles que garanticen el acceso pleno para todas las personas.