El sueño de una reforma agraria en Colombia se ha convertido en una gran deuda histórica para las regiones más apartadas del país. Una iniciativa que luego de varios meses sin debatirse en el Congreso de la República volvió a caminar tras varios llamados por parte del Gobierno Nacional, así como también del Consejo Superior de la Judicatura que han insistido en la necesidad de debatir el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural antes de finalizar la actual legislatura.

Se trata de un articulado que reglamenta el funcionamiento del nuevo tribunal, creado en cumplimiento del punto uno del Acuerdo de Paz de 2016 y que tiene como fin solucionar, de manera ágil y exclusiva, los conflictos por la propiedad de la tierra, democratizar su uso, proteger al campesinado y brindar seguridad jurídica mediante jueces especializados.

Aunque el proyecto de ley fue radicado en agosto de 2024, no ha logrado surtir los debates necesarios para su aprobación por varias maniobras políticas, como la falta de quórum en las plenarias. Una situación que ha llevado a que funcionarios como la ministra de Agricultura Martha Carvajalino y el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo hagan un llamado a que se analice y se discuta sin más aplazamientos.

De igual forma, en diálogo con @LaudEstereo, el ministro @cuervoji hizo un llamado para que el Congreso de la República debata el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria y Rural antes de que finalice la actual legislatura. Un articulado vital para el campo colombiano. pic.twitter.com/wNXjGClSvz

— LAUD ESTÉREO (@LaudEstereo) May 11, 2026

“Entiendo que quizá va a ser difícil llegar a un acuerdo, sin embargo, insistiremos hasta el último minuto (...) El llamado es a que se debata, a que se expongan los argumentos y que sean los votos, en el contexto de una democracia, los que definan quién tiene razón y quién no”, aseguró el jefe de la cartera de justicia en entrevista con LAUD 90.4 FM ESTÉREO.

La Jurisdicción Agraria y Rural, según explicó Cuervo, busca aterrizar el sistema de justicia a la realidad del campo colombiano para resolver efectivamente las disputas por la tierra. Ello exige jueces, abogados y funcionarios con conocimiento en justicia agraria, disposición de su parte para desplazarse a territorio, procesos orales y rápidos, acceso para cualquier ciudadano y defensa gratuita para aquellos que no tienen dinero para costearla.

“La apuesta de este Gobierno es por una Jurisdicción Agraria especializada, con jueces que conozcan el campo, con equipos de trabajo que entiendan la complejidad de lo que está en juego en propiedad agraria. Estamos a un paso de concretarla (...) tratando de buscar el consenso en un artículo específico donde se definen las competencias de la autoridad administrativa y de los jueces agrarios en relación con los conflictos y procesos agrarios”, agregó Cuervo.

En ese sentido la ministra de Agricultura Martha Carvajalino también dialogó con La Verdadera Alternativa de la Radio y compartió algunos de los logros de la actual administración en materia de reforma agraria y redistribución de la tierra a las poblaciones campesinas.

“Llevamos más de 60 años intentando realizar una reforma agraria. Este Gobierno, con el ordenamiento jurídico vigente, recuperó varias instituciones del derecho agrario y ha logrado hacer uno de los más profundos procesos de redistribución de la tierra (...) avanzar en un programa para la construcción de la paz por medio de la compra de predios privados a precio comercial”, aseguró.

Según explicó, desde el Ministerio de Agricultura se han gestionado más de 762.000 hectáreas para el Fondo Nacional de Tierras, creado en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. De las cuales 400.000 han sido por compra tanto a privados como a los Fondos de Reparación de Víctimas y al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado FRISCO, administrado por la Sociedad de Activos Especiales.

“310.000 hectáreas ya han sido entregadas a campesinos y campesinas sin tierra y venimos avanzando, como es nuestro deber, en la recuperación y aparición material de los bienes baldíos de la nación, que tienen una destinación constitucional y legal específica, poniéndola a disposición de campesinos y de pescadores sin tierra o con tierra insuficiente”, concluyó la ministra Carvajalino.