Una década después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc - EP, su implementación sigue generando diversas discusiones en la sociedad colombiana. Además de aspectos como la reforma agraria, la participación política y la lucha contra las drogas, las críticas se han centrado en puntos como la gestión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado para atender los hechos ocurridos durante el conflicto armado que podría enfrentar una reducción presupuestal por parte del gobierno de Abelardo De La Espriella.

La determinación, calificada por la nueva administración como una decisión de “responsabilidad fiscal", se ha fundamentado en que, a su parecer, los resultados presentados por el mecanismo no van de la mano con los altos costos que representa. Por ello, se ha propuesto una disminución de $170.000 millones, para el 2027, con lo que los recursos destinados a la entidad serían de solo $ 651.803 millones.

Este recorte podría afectar directamente la financiación de equipos de investigación, la presencia territorial y la prestación de servicios como el acompañamiento psicosocial, la representación judicial y la participación efectiva.

Tal escenario ha llevado a que diferentes sectores defienda la entidad bajo la consigna de que los resultados judiciales o el presupuesto destinado a su funcionamiento no deben ser los únicos elementos a revisar. Pensar en su labor desde una perspectiva financiera o punitivista deja por fuera una parte muy importante de su gestión: Su carácter transicional.

Así lo explicó, en entrevista con ‘Revista de la Mañana’, Carolina Galindo, profesora principal de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, quien aseguró que uno de los fundamentales aportes del tribunal ha sido la búsqueda de la verdad. A través de sus procesos, los colombianos han podido conocer detalles  acerca de las situaciones que durante años permanecieron sin esclarecer, incluidos casos de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.

“El conflicto armado ha sido tan largo, tan complejo, ha involucrado a tantos actores que es muy difícil establecer los límites de donde empieza una cosa y termina otra. Por esas mismas razones es imposible reparar a todas las personas, sobre todo de manera individual (...) Se cree que la justicia consiste en enviar a la cárcel a un perpetrador durante muchos años, aunque eso tampoco es muy productivo a nivel social. Hay víctimas que lo necesitan, soy consciente de eso, pero principalmente lo que buscan es la verdad”, explicó la docente.

Este componente adquiere especial relevancia para quienes buscan respuestas sobre familiares asesinados o desaparecidos. Aunque conocer estos detalles no devuelve a los seres queridos a sus familias, sí puede contribuir a comprender lo ocurrido y avanzar hacia la reparación.

La JEP ha desarrollado investigaciones territoriales y establecido macrocasos para tratar episodios asociados con distintos actores del conflicto. Entre ellos se encuentra el macrocaso 11, que aborda la violencia sexual y otros delitos relacionados con agresiones basadas en género contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTI.

Uno de los cuestionamientos gira en torno a las sanciones. Por ello, Galindo considera necesario entender que su propósito no consiste exclusivamente en imponer penas de prisión, sino también en esclarecer autorías, reconocer a las comunidades afectadas y contribuir a la construcción de una sociedad en la que estos actos no vuelvan a repetirse.

A la fecha, según cifras entregadas por el magistrado Raúl Sánchez Sánchez, miembro de la Sección de Ausencia de Reconocimiento del Tribunal de Paz de la JEP, la Sala de Reconocimiento ha emitido 27 autos de imputación. Eso ha permitido identificar 355 máximos responsables de crímenes graves.

Así mismo se ha logrado la recuperación y entrega de los restos de 214 víctimas de desaparición forzada a familias que los buscaron por décadas. Además, actualmente hay 40 medidas cautelares para continuar con otros procesos de búsqueda.

Las indagaciones de la jurisdicción han llevado a que el exsecretariado de las Farc fuera condenado por 21.396 secuestros, se imputen 18.677 casos de reclutamiento infantil y se investiguen 7.837 hechos de posibles falsos positivos. Cifras que evidencian que reducir este proceso a la idea de éxito o fracaso, o de número de penas privativas de la libertad, impide comprender sus matices y su verdadero aporte al país.