En un nuevo episodio del caso Zuluaga, en el cual se establece que el exsenador presuntamente habría recibido dineros de la multinacional brasileña Odebrecht para su campaña como aspirante a la presidencia, los imputados Óscar Iván Zuluaga, y su hijo David Zuluaga, no aceptaron cargos ante el ente acusador.

Tras varias horas de diligencia judicial entre la Fiscalía y los implicados quedó en firme la vinculación del exsenador Zuluaga, junto con su hijo David Zuluaga en el más reciente escándalo de corrupción electoral. Enriquecimiento ilícito, falsedad en documento privado y fraude procesal, fueron los cargos señalados por la institución en la que habría participación del político colombiano.

Los argumentos presentados por el ente señalan que el excandidato logró engañar a su partido político y hasta a su hijo para que no se enteraran del ingreso de al menos 1.6 millones de dólares a su campaña. 
El panorama judicial generado por el caso Zuluaga, generaría diversas afectaciones en material electoral y económica al partido que avaló su candidatura. Si bajo la apertura de una investigación en contra de la colectividad, se llegase a encontrar responsabilidad de esta en el caso, sanciones como: Multas económicas, retorno de la reposición de votos o perdida de la personería jurídica podrían llegar a formar parte de las consecuencias que afrontaría el partido. 

En conversación con LAUD 90.4 FM ESTÉREO, Armando Novoa, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), puntualizó que todos los certámenes electorales dejan ver que Colombia tiene problemas serios con el diseño de los controles de ingresos a las campañas presidenciales. “Hay una normatividad especial que dispone unos mecanismos de control de las campañas y esto permitiría a la autoridad electoral abrir una investigación ante nuevos hechos y pruebas para establecer si tanto el partido como el candidato debe responder por tales conductas irregulares”, indicó el exmagistrado.  

     
Ante la conocida situación de Zuluaga, la justicia tendrá 120 días para determinar si vincula formalmente por parte del juzgado o si, por el contrario, ordena el archivo de las diligencias. Por otro lado, el incriminado puede allanarse a los cargos, buscar un acuerdo con la Fiscalía o acogerse al principio de oportunidad que le permitiría presentar pruebas que involucren directamente a los hechos ocurridos.

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Gustavo Adolfo Barreto González

Comunicador Social y periodista