En el marco del conflicto armado en Colombia, los grupos subversivos han infestado grandes extensiones de tierra con minas antipersonales ubicadas alrededor y en los municipios donde ejercen poder o se disputan el territorio con otros actores armados. Desde entonces las Fuerzas Militares y organizaciones no gubernamentales han llevado a cabo campañas de desminado humanitario con el propósito de liberar las zonas de esta amenaza que mutila, asesina y daña la humanidad de los ciudadanos. Posteriormente con el Acuerdo de Paz, los excombatientes integraron este proceso hasta la fecha. Con base en ello, expertos de la Universidad del Rosario hicieron investigaciones sobre el efecto positivo que tiene este proceso en el país.
 
LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó con Juan Fernando Vargas, doctor en Economía y docente de la Facultad de Economía de la Institución, para conocer sobre los hallazgos. “Colombia es la segunda nación, después de Afganistán, con más víctimas por estos artefactos y en cuanto a las minas artesanales ocupa el primer lugar en la última década… La intervención para desactivarlos y removerlos cuenta con la colaboración de expertos nacionales e internacionales que trabajan de la mano con la comunidad”.
 
En cuanto a los beneficios Vargas dijo: “Esto es muy importante para el desarrollo y bienestar de las regiones afectadas pues cambian la relación de las personas con la tierra y el entorno… los efectos son positivos… encontramos que aumenta la actividad económica, se incrementa la densidad poblacional, es decir los ciudadanos regresan a los territorios; los niños y niñas vuelven al colegio por tanto asciende la matrícula y el desempeño en las pruebas Saber y disminuye la intensidad de los cultivos de coca, ganadería ilegal y deforestación”.
 
Sobre los costos el invitado comentó que instalar una sola mina antipersonal cuesta menos de 50 dólares y desactivarla aumenta 300 veces más dicho precio: “el valor de desminar es elevado, se necesitan equipos, personal calificado y tiempo de trabajo en campo”, sin embargo, “los beneficios son mayores”, inclusive permiten que el PIB municipal alcance el 0.8 % y se salvan más de 350 vidas al año.
 
Vargas afirmó que, si bien se ha logrado remover estos artefactos en varios municipios, el proceso avanza a paso lento, de hecho, se esperaba que este terminara en el 2020 y ahora en el Plan de Operaciones de Desminado Humanitario el plazo será hasta el 2025.
“Si hubiera más recursos no solo por el Gobierno sino también por la comunidad internacional se podrían acelerar las operaciones... se ve muy difícil lograrlo  al ritmo actual”, expresó el docente.
 
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