La promesa del presidente Abelardo De La Espriella de desmontar varias instituciones creadas tras el Acuerdo de Paz de 2016 ha abierto un intenso debate sobre la viabilidad jurídica de esa propuesta. Aunque el mandatario ha insistido en eliminar organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), expertos sostienen que lo pactado cuenta con sólidos blindajes constitucionales que dificultan cualquier intento de romperlo.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz INDEPAZ, dialogó con LAUD 90.4 FM ESTÉREO y señaló las razones por las que, en contravía de los deseos del nuevo jefe de Estado, el cumplimiento de los acordado y las instituciones creadas para su implementación están protegidos.

“Desconocer el acuerdo no es tan fácil. Creo que van a intentar frenarlo, pero es difícil porque hay unos mandatos constitucionales. Por ejemplo, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz tendrían que hacer una reforma a la Constitución para desmantelarla o una reforma en el Congreso, sin embargo, ya vimos que no es tan sencillo que Abelardo imponga sus condiciones”, refirió González.

En ese sentido, el principal salvavidas del acuerdo está en el ordenamiento jurídico colombiano. Según explicó González, varios de sus componentes fueron incorporados al marco constitucional mediante actos legislativos y posteriormente revisados por la Corte Constitucional, lo que significa que no pueden desaparecer simplemente por decisión del Gobierno de turno.

Así las cosas, cabe recordar que la implementación está protegida por varias reformas constitucionales, más de 70 leyes y cerca de 120 decretos, además de un blindaje declarado por la Corte Constitucional a través del acto legislativo 2 del 2017, que fijó la obligación del Estado para cumplir lo pactado durante tres períodos presidenciales, es decir, hasta el año 2030. 

Para el experto lo que podría ocurrir durante el Gobierno de De La Espriella es lo mismo que ocurrió entre el 2018 y el 2022, en la administración de Iván Duque, cuando se limitaron los alcances de lo pactado en materia de paz recortando el presupuesto.

“Tenemos la experiencia de lo ocurrido durante el Gobierno de Iván Duque. Ellos habían prometido “hacer trizas” el Acuerdo y, una vez que comenzó su mandato, tuvieron que negociar y tener en cuenta realidades constitucionales. Lo que hicieron fue reinterpretar lo acordado (...) No lo pudieron eliminar completamente pero sí fue un freno en temas importantes como el agrario, los cultivos ilícitos, las reformas políticas y garantías para las víctimas y reincorporados”, agregó el presidente de INDEPAZ.

Es decir, el nuevo Gobierno puede mantener vigentes las instituciones creadas por el Acuerdo de Paz, pero limitar su funcionamiento mediante recortes presupuestales o reduciendo los recursos destinados a programas de implementación.

Además de la salvaguarda por medio de compromisos constitucionales y estatales, el proceso cuenta con una importante supervisión de la comunidad internacional. Por ejemplo, el seguimiento permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, un organismo que periódicamente evalúa el avance de la implementación. Asimismo, países como Noruega, Alemania, Reino Unido, Suiza, Suecia, Países Bajos y Estados Unidos han participado como acompañantes y cooperantes en diferentes etapas del proceso.

Uno de los mayores focos de preocupación, según González, es el futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz. Las investigaciones que adelanta ese tribunal sobre presuntos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, incluidos altos mandos militares y terceros civiles, han convertido a la JEP en uno de los principales objetivos de sus opositores. Por esa razón González considera que, más que un cierre inmediato, podrían impulsarse medidas encaminadas a limitar su funcionamiento o reducir el alcance de algunos procesos. Un escenario que demanda más pedagogía y divulgación de los avances en materia de verdad y justicia restaurativa alcanzados por el tribunal.