Este 2026 Colombia enfrenta uno de los mayores desafíos fiscales de las últimas décadas. El nuevo Gobierno llega con la misión de reducir el déficit económico y contener el crecimiento de la deuda, pero al mismo tiempo la tarea urgente de atender las diferentes necesidades sociales y financiar la reconstrucción de las zonas más afectadas por el terremoto de 7,4 de magnitud registrado el pasado 10 de agosto.

Por ello, para entender la situación, hay que comprender que el déficit financiero se presenta en el momento en que los gastos del Estado superan los ingresos que recibe. Cuando esto ocurre, el Gobierno debe buscar recursos adicionales, con métodos como el endeudamiento.

Julio César Romero, economista jefe de Corficolombiana, dialogó con ‘Revista de la Mañana’, programa de LAUD 90.4 FM ESTÉREO, y explicó que Colombia viene acumulando un desequilibrio significante entre sus ingresos y sus gastos. El experto señaló que hoy por hoy el déficit fiscal podría ubicarse cerca del 7 % del PIB, un nivel que históricamente solo se ha visto en situaciones como la crisis económica de 1999 y la pandemia por COVID-19, en el 2020.

De acuerdo con el análisis del economista, las dificultades fiscales que enfrenta el país tienen tres componentes principales: Los ingresos, los gastos y el costo de la deuda.

“Así como una familia tiene un salario con el que cubre sus gastos, el Estado tiene unos ingresos asociados a los impuestos que pagamos (...) Colombia, en los últimos 5 años, ha realizado dos reformas tributarias: Una en 2021 con el gobierno Duque y en 2022 se hizo otra al comienzo del periodo de Gustavo Petro (...) Entonces, a pesar de que hemos hecho reformas tributarias después de la pandemia, resulta que los ingresos tributarios no han aumentado”, señaló.

La otra cara del problema está en el gasto. Una parte importante del presupuesto no puede modificarse fácilmente porque existen obligaciones establecidas por la Constitución y la ley, entre ellas las transferencias a los territorios, las pensiones, la inversión social y otros compromisos del Estado.

“Al final los gobiernos tienen muy poco margen de flexibilidad para recortar el gasto. La ley no los deja a no ser que pasen una reforma al Congreso que modifique la normativa (...) En los últimos 30 años Colombia aspiró a garantizar unos derechos sociales que no son sostenibles para financiar. Una conversación que el país debería empezar a tener, aunque es políticamente compleja”, agregó.

Finalmente, como tercer componente, se encuentra el costo de la deuda. Normalmente, los Estados recurren a préstamos para financiar inversiones, responder ante emergencias como el pasado sismo o cubrir temporalmente sus necesidades presupuestales. No obstante, el problema aparece cuando la deuda crece de manera constante, al igual que la tasa de interés para adquirir nuevos créditos.

“Colombia puede influir a qué tasa le prestan los acreedores. Y eso tiene mucho que ver con la confianza, entendida como el mensaje de que la economía se está manejando de forma responsable. Eso hace que a una nación le puedan prestar a unas tasas más bajas”, explicó el invitado.

En esa línea, hay que señalar que los mercados financieros evalúan la capacidad de un país para cumplir sus obligaciones. Cuando existe mayor confianza en el manejo de las finanzas públicas, el Gobierno puede conseguir recursos a tasas más bajas. Cuando aumenta la percepción de riesgo, el costo de la deuda puede subir.

Esta situación genera una preocupación adicional, ya que un mayor endeudamiento puede significar mayores pagos de intereses, lo que reduce el presupuesto disponible para otras necesidades del Estado.

¿Qué debe hacer Colombia para enfrentar la crisis fiscal?

Según señaló el experto ante los micrófonos de La Verdadera Alternativa de la Radio, para mejorar sus finanzas y contar con recursos para la atención de la población damnificada por el terremoto, el país necesitaría un ajuste fiscal cercano a 4 puntos del PIB para avanzar hacia unas finanzas sostenibles.

Tomando como referencia un PIB de alrededor de $1.800 billones, el ajuste debería ser de cerca de $70 billones. Una reducción que no puede realizarse de manera inmediata debido a su magnitud y que tomará mucho tiempo en el lejano plazo.

Muestra de ello es que, por ejemplo, en el presupuesto de 2026 el margen para reducir gastos era de cerca de $2 billones antes del terremoto. Ahora, tras la emergencia, es poco probable que dicha meta se logre.

Así las cosas, la discusión se traslada a los recursos programados para 2027. El Gobierno ha apostado a congelar el gasto y a tener un presupuesto incluso menor al de 2026. Una determinación que según el invitado es positiva pero aún insuficiente.

“Después de la inflación se va a tener un presupuesto más bajo en 2027 que lo que fue en 2026, es algo que pareciera que el Gobierno está impulsando y vamos a ver si se materializa. Ese es un paso en la dirección correcta, pero hay que hacer más, no basta con congelar el presupuesto de 2027, hay que repensar cómo estamos distribuyendo los recursos”, aseguró.

La situación fiscal se volvió aún más compleja después del terremoto del 10 de agosto. El Gobierno debe encontrar recursos para atender la emergencia y posteriormente financiar la reconstrucción, precisamente mientras busca reducir el déficit y controlar el endeudamiento.

Para Romero, recurrir a recursos adicionales para atender el desastre puede ser necesario, pero la clave estará en la forma en que se administren y en la capacidad de coordinar al Estado con el sector privado.

El terremoto también puede tener un efecto sobre la actividad económica. Aunque tras situaciones de emergencia las zonas afectadas enfrentan una reducción de su producción, el proceso de reconstrucción, si se hace de manera organizada puede generar posteriormente un impulso en sectores como la construcción y contribuir a la recuperación económica.