En medio de los desafíos en Derechos Humanos que vive Colombia, la presencia de grupos armados al margen de la ley en los territorios, la ausencia de la institucionalidad y los riesgos del mal uso de los recursos naturales, la Defensoría del Pueblo elaboró un catálogo con cuatro ejes temáticos que se deben abordar en el próximo gobierno. El propósito es que se dé prioridad a la búsqueda de soluciones de a las problemáticas que viven las regiones, en especial, las más vulnerables.

Las propuestas, denominadas “decisiones impostergables”, fueron construidas de la mano de las comunidades en territorio que están expuestas al conflicto armado. Al respecto Iris Marín, defensora indicó: “Son una forma de incorporar a las poblaciones afectadas por la violencia, la desigualdad territorial y la degradación ambiental en la agenda pública y esto fortalece la legitimidad del Estado".

Las temáticas son:

1. Igualdad y superación de la desigualdad estructural

Pide adoptar medidas para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria, implementar el Sistema Nacional de Cuidado, ampliar la cobertura educativa y cerrar brechas digitales. Así mismo prioriza una reforma integral al sistema de salud, que permita adoptar medidas que superen la crisis en la prestación de servicios y aseguren el acceso oportuno y efectivo.

Insta a la inversión pública en educación para eliminar las barreras que están generando la deserción o falta de asistencia escolar. Y recomienda enfatizar en un enfoque de protección a lo largo del curso de vida que garantice el derecho a un buen futuro para las juventudes, las personas mayores, y las personas con discapacidad.

2. Paz, seguridad y garantías democráticas

Solicita implementar integralmente el Acuerdo Final de Paz y articular las políticas de seguridad, justicia y desarrollo territorial. Enfatiza en la urgencia de proteger a los líderes sociales, firmantes de paz y poblaciones en riesgo. De igual forma hace un llamado para que la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Ley de Víctimas, sean sostenibles.

3. Ambiente sano y derechos de la naturaleza

Recomienda tomar medidas urgentes contra la deforestación y la minería ilegal, así como a fortalecer la gestión del riesgo de desastres con enfoque de Derechos Humanos.

Para ello se pide avanzar en marcos normativos que reconozcan el desplazamiento forzado por causas ambientales y propendan en la protección de las comunidades afectadas por el cambio climático.

4. Reforma rural integral y derechos del campesinado

Se insiste en la necesidad de acelerar la reforma rural integral, permitir el acceso a la tierra y avanzar en la restitución efectiva para las víctimas de desplazamiento forzado. De igual forma persisten en que se debe agilizar la implementación del catastro multipropósito, implementar territorialidades campesinas y étnicas como una política de Gobierno, y cumplir con los compromisos de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.

Finalmente, la Defensoría exhortó a los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República a asumir estos compromisos como una condición mínima de gobernabilidad democrática. “Su cumplimiento resulta fundamental para avanzar hacia un país más justo, en paz y con garantías efectivas de derechos humanos para todas las personas”, concluyó.

Con información de la Defensoría del Pueblo.