En la apertura del ‘Congreso Internacional de Derechos Humanos’ que se llevó a cabo en Montería (Córdoba) en el que expertos, académicos y representantes del Estado analizaron soluciones frente al hacinamiento carcelario en Colombia, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió sobre las graves vulneraciones que vive la población privada de la libertad por cuenta de esta problemática en los centros de detención transitoria. 

El funcionario insistió en la necesidad de buscar soluciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, las autoridades municipales, departamentales, y el sector privado, para enfrentar el sobrecupo en las estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata – URI, de la Fiscalía.

Insistió en la necesidad de reubicar a las personas privadas de la libertad, “el elevado nivel de hacinamiento que persiste al interior de estos centros, constituye la raíz de todas las violaciones de derechos humanos y es una situación cuya solución no puede postergarse más”.

Hoy las URI y las estaciones de Policía tienen una ocupación que asciende al 171 %, con una población de 23.826 reclusos, pese a la existencia de una capacidad de tan solo 8.200 cupos para albergar a los detenidos.  

"En total la sobrepoblación supera los 14 mil ciudadanos por lo que no es extraño que encontremos situaciones graves como el de la estación ‘La 19’ de la ciudad de Riohacha (Guajira), en donde el porcentaje llegó al 2.000 %, sin acceso a baños, a ver a sus familiares o la atención básica en salud", aseguró Camargo.

“Frente a esta problemática, la Defensoría del Pueblo trabaja para buscar soluciones alternativas, de justicia restaurativa y formas punitivas diferentes a la detención en dichos establecimientos. En esta tarea, junto a la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) estamos preparando un proyecto de ley que planteará una solución a la crisis carcelaria acorde con los planteamientos de la Corte Constitucional”, señaló el funcionario.

Finalmente, explicó, "con esta propuesta buscamos que se haga una distribución equilibrada y ajustada de las competencias y recursos para que a nivel nacional, departamental y municipal se puedan asegurar los mínimos básicos en cuanto acceso a derechos de esta población".