Al cierre del año 2023 la seguridad en Colombia se convirtió en uno de los aspectos al que los analistas le han puesto el ojo. El incremento en el número de secuestrados, el avance en las negociaciones entre el Gobierno Nacional y grupos como el ELN y el EMC-FARC y la integralidad entre el aparato de justicia y defensa en el país, son algunos de los puntos que han llamado la atención respecto a la seguridad en el territorio.

El estado de las negociaciones, las cuales atraviesan por diferentes ciclos lideradas en su entonces por el ex Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda y el cual salió de dicho cargo, para darle paso a Otty Patiño, son una de las principales estrategias de la administración Petro para desarrollar su política de la Paz Total.  

Juan Manuel Torres, Coordinador de la Oficina Pacífico de la ‘Fundación Paz y Reconciliación’, en conversación con LAUD 90.4 FM ESTÉREO, señaló frente a las mesas de negociación: “Hay muy poca paciencia sobre los resultados dados en la Paz Total, ya que se piensa a esta como si fuera una política de Gobierno y no una de Estado y entonces se cruza el crimen, lo político y los resultados de las negociaciones lo cual genera confusión sobre lo que es delito común con la Paz Total”.

Acuerdos como: darles fin a las acciones de secuestro con fines extorsivos; ceses al fuego y la continuidad de las mesas de negociación entre las partes, según analistas, son reconocidas como un resultado agridulce para esta política.

El presidente, Gustavo Petro, anunció que su estrategia de seguridad se centrará en la inteligencia y en la protección de los Derechos Humanos en Colombia. Sin embargo, la desconfianza sobre las fuerzas militares, de acuerdo con la encuesta Invamer Gallup de octubre de 2023, ha tenido una amplia caída y que pone sobre la mesa una visión desfavorable sobre la percepción y atención de la seguridad.  

“Los miembros de la fuerza pública, en este momento se preguntan ¿hacia dónde pegamos? Porque internamente hay pugnas que la apuestan a una fuerza pública cercana a la ciudadanía y hay otra que no y en esa transición aún no se ha logrado tener una unanimidad en las instituciones”, precisó Torres.

El deterioro de la seguridad, de acuerdo con Hugo Acero, ex secretario de Seguridad de Bogotá, comienza por un diagnóstico equivocado del problema y por la falta de trabajo en equipo de las autoridades nacionales y locales que deben enfrentarlo.  

Por tal razón, los próximos mandatarios territoriales en el país, que entran en funciones a partir del 1 de enero de 2024, tendrán desafíos como la integralidad entre las políticas de la administración nacional y las acciones locales presentadas a la ciudadanía, además de fortalecer la imagen de las autoridades para recuperar la confianza de estas.