Con el objetivo de estructurar la Paz Total como política de Estado, el Congreso aprobó la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, y ahora pasa a manos del Presidente, Gustavo Petro, para su sanción.

La iniciativa aprobada otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.

Luego de la aprobación del proyecto, el Ministro del Interior, Alfonso Prada destacó el espaldarazo que dieron las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, y destacó que al ser una política de Estado se “vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia”.

La norma establece la creación de una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento. Dicha instancia, según quedó aprobado, permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones.

La Ley 418 de Paz Total determinará las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública.

Así mismo, se da paso al Gabinete de Paz, instancia del alto Gobierno integrado por los Ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del Gabinete de Paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso.
Sumado a estos propósitos, se gestan las Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.

Servicio social y no militar

Uno de los temas relevantes que se contempla es el Servicio Social como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestar al país en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros.

De esta manera, se busca un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el Servicio Social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.

Con información del Ministerio del Interior.