El Comité de Seguimiento y Monitoreo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) hace un llamado a parar la guerra, la violencia política y las crisis humanitarias que amenazan la consolidación de la denominada paz grande. 

El informe alerta de manera urgente la necesidad de crear acciones concretas para garantizar la paz, ya que se presenta un deterioro de las condiciones de seguridad, con 460 firmantes del Acuerdo asesinados desde 2016, 73 líderes sociales asesinados solo en lo corrido de 2025 y un aumento del 60 % en el reclutamiento infantil durante 2024 en regiones como Catatumbo, Antioquia, Cauca, Meta, Arauca y Caquetá.

Igualmente, el aumento de feminicidios y transfeminicidios hacia lideresas sociales, defensoras de Derechos Humanos y personas LGBTIQ+ y el deterioro del clima político y electoral en el país han sido factores a destacar en este informe. 

Marco Romero, miembro del Comité de Seguimiento del Monitorio de la Comisión de la Verdad reconoció algunos hallazgos: “La violencia contra líderes, candidatos y figuras públicas atenta contra los principios más básicos de la democracia. Hechos como el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay evidencian el riesgo real que enfrentan quienes participan activamente en la vida política y deben tener garantías en diferentes planos”. 

Es de resaltar que la Comisión de la Verdad ya había recomendado un Pacto Político Nacional para descartar las armas de la política, garantizar elecciones seguras y resguardar la pluralidad de ideas como base de la convivencia democrática. 

“Tener más de 10 millones de víctimas consolidadas en un 20 % es observar un país destruido, y esta problemática ha caído sobre la sociedad rural, por eso se hace indispensable reconocer al campesinado como un sujeto de derechos y que sea tenido en cuenta para la creación de políticas públicas y recursos, superando la estigmatización, debido a que se le ve como un actor secundario. La gente ha abandonado sus tierras y el Estado ha sido poco garante de las condiciones para este público”, explicó.

Asimismo, en el informe se resalta que la reforma a la Ley de Víctimas incluyó el enfoque de soluciones duraderas; la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda; la continuidad de los actos públicos de reconocimiento de responsabilidades a víctimas en el exilio y la iniciativa de la Misión Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Ginebra.

“La adopción por parte del Gobierno Nacional del acuerdo de Escazú que defiende a líderes que trabajan por el medio ambiente y la protección ante desastres naturales en cuanto a derechos se refiere en estos tiempos de crisis climáticas y el avance de Colombia en esta dirección son algunos logros para visualizar en este informe”, manifestó Romero en ‘Revista de la Mañana’.

También se registran como avances como la implementación del servicio social para la paz, la apropiación de la Política de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la Fuerza Pública y la construcción del Sistema Educativo Indígena Propio.

“No se trata únicamente de cumplir recomendaciones, si no de impedir que Colombia vuelva a encender el motor de la guerra y para ello es necesario entender que solo podremos sacar la violencia de la política y de la vida de los colombianos si avanzamos en un Pacto Político Nacional”, concluyó Marco Romero, miembro del Comité de Seguimiento del Monitorio de la Comisión de la Verdad.