En el programa ‘Revista de la Mañana’, se abordaron los avances en la preparación ciudadana de cara a las elecciones presidenciales en Colombia, previstas para el próximo 31 de mayo.

Los oyentes participaron activamente respondiendo a la pregunta: “¿qué es un delito electoral?” Aunque varias respuestas coincidieron en asociarlo con fraude, compra de votos o alteración de resultados, también se evidenció la necesidad de mayor pedagogía frente a este tema. Casos como la oferta de dinero, beneficios o incluso transporte para influir en el voto son prácticas comunes en algunas regiones y muchas veces normalizadas por desconocimiento.

Para profundizar en el tema, el experto Nicolás Alberto Martínez Oviedo, politólogo de la Universidad El Bosque y asesor en asuntos políticos y sociales en políticas electorales explicó que: Un delito electoral es toda acción individual o colectiva que vulnera la libertad del voto o la transparencia del proceso democrático. Estas conductas están tipificadas en la Ley 1864 de 2017 y suelen intensificarse durante las campañas y el día de elecciones.

El experto destacó algunos de los delitos más frecuentes en Colombia, entre ellos el constreñimiento al sufragante (presionar o amenazar a un votante), la corrupción al sufragante (compra de votos mediante dinero o promesas), el fraude en la inscripción de cédulas (trashumancia electoral), el voto fraudulento y la financiación de campañas con recursos ilícitos. Además, subrayó que incluso la simple promesa de un donativo puede constituir un delito, sin necesidad de que se concrete.

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¿Cuáles son los delitos electorales y cómo denunciarlos?

En cuanto a las consecuencias, el politólogo Martínez fue enfático en señalar que estos delitos conllevan sanciones penales severas, que pueden ir desde los 4 hasta los 9 años de prisión, además de multas que oscilan entre 50 y 200 salarios mínimos

legales vigentes. A esto se suma la posible inhabilidad para ejercer cargos públicos, lo que impacta directamente la carrera política de los implicados.

Finalmente, el análisis concluyó con un llamado a la ciudadanía: Comprender que el voto, aunque es una decisión individual, tiene un impacto colectivo en la construcción democrática del país. Reconocer, denunciar y evitar prácticas ilegales es fundamental para garantizar elecciones transparentes y legítimas.