La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, que conforman las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley de Víctimas y a los Decretos Ley Étnicos presentaron sus informes al Congreso de la República en los que alertaron sobre una baja ejecución de recursos y retrasos en el cumplimiento de los compromisos con la población víctima del conflicto armado en el país. 

Presupuesto

El documento señala que en materia presupuestal y en inversión dirigida específicamente a víctimas, en 2024 se evidenció un rezago,  pues de los $6,5 billones asignados, cerca de $1.8 billones de pesos no se pagaron. Y advierte que se necesitarían de la fecha hasta los próximos seis años $407 billones más para la implementación total de la ley. 

Reclutamiento forzado

En cuanto a estrategias para la prevención del drama que sufren los niños y adolescentes, en este aspecto, las comisiones afirmaron que es urgente fortalecer y focalizar las intervenciones en los departamentos que presentan mayores índices, entre los que se encuentran Cauca, Chocó, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Arauca, Vaupés, Tolima, Caquetá, Amazonas, Vichada, Guaviare, Bolívar y Cesar. De igual manera, se recomendó reducir los tiempos para priorizar la respuesta de mujeres en riesgo extraordinario y extremo.

Retornos y reubicaciones

El Ministerio Público también se pronunció sobre este punto, manifestando que “ha sido deficiente, debido a la falta de planificación, coordinación territorial y capacidades operativas, por lo que es prioritario consolidar una estrategia nacional integral, con enfoque territorial y diferencial, especialmente en zonas rurales, barrios urbanos marginales y territorios PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)”.

Restitución de tierras

Conjuntamente la Comisión identificó una baja gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en la decisión de solicitudes de inclusión en el Registro Único de Predios y Territorios Abandonados -RUPTA-, con solo un 36 % de cumplimiento de la meta planteada para 2024, donde se observó un descenso en las decisiones de fondo, pasando de 13.501 solicitudes en 2017 a 5.999 en 2024.

Vivienda digna y pobreza

Solo el 10,7 % de los hogares desplazados habitan un lugar digno, y persisten más de 12.900 subsidios urbanos y 12.700 rurales sin entregar. Adicionalmente el 65 % de la población víctima del conflicto armado se encuentra en algún nivel de pobreza por ingresos, ya que casi la mitad de ellos, es decir 47 %, recibe recursos inferiores a $460.198 mensuales por persona.

Las comisiones se refirieron a la indemnización y reparación colectiva, y otros puntos que incluye la Ley. En todos ellos expusieron los datos del rezago del cumplimiento y confirmaron que continuarán en la vigilancia de las “medidas adoptadas por parte de las entidades con responsabilidad en la implementación de la política pública, especialmente para los territorios con mayor impacto del conflicto armado”. 

Ahora el informe lo tendrá en Congreso para su estudio y posteriores acciones en pro de la ejecución de la norma. 
 

🚨El Contralor Delegado para el Posconflicto, Fabio Alberto Alzate Carreño, socializa los Informes de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos, destacando hallazgos sobre retrocesos en la atención a las víctimas. https://t.co/FGKSCb6r2H pic.twitter.com/cYwNXL96SX

— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) August 20, 2025