Desde hace mucho tiempo tanto para la ciudadanía como para las autoridades distritales el control y la protección del espacio público en Bogotá se ha convertido en uno de los principales retos a lo largo y ancho de sus 20 localidades. Si bien en un principio la ocupación de los vendedores ambulantes era justificable, el paso de los años y diversas investigaciones han mostrado la presencia de grandes mafias que se estarían aprovechando de calles y carreras, monopolizando el espacio, cobrando por lugares y dificultando la reacción ante una eventual urgencia por parte de las entidades de emergencia.

En medio de ese panorama, y de acuerdo al Decreto 117 de 2026, la Alcaldía de Bogotá, le puso la lupa al tema, redefiniendo las reglas para el uso del espacio público en la ciudad y estableciendo nuevas directrices para las ventas ambulantes. Una tarea que requiere la cooperación interinstitucional de entidades como el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público DADEP, el Instituto para la Economía Social IPES, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y otras entidades del orden capital.

La Alcaldía de Bogotá oficializó el Decreto 117 de 2026 para recuperar y preservar el espacio público. El objetivo: organizar la ciudad y garantizar más seguridad, limpieza y tranquilidad para la ciudadanía

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— LAUD ESTÉREO (@LaudEstereo) April 20, 2026

Según se explicó desde la Secretaría de Gobierno, el objetivo del decreto es permitir que toda la ciudadanía pueda disfrutar libremente de la ciudad, priorizando el interés general sobre el particular, garantizando que las calles de Bogotá tengan buena movilidad, seguridad y accesibilidad.

“Esto no es un decreto contra las personas vulnerables que ejercen venta informal en el espacio público. Con ellos queremos organizar, la ciudad necesita organización. La ciudadanía nos ha pedido organizar el espacio público en distintos puntos y así lo haremos. Sí vamos a combatir las mafias que existen hoy, las que subarriendan, las que venden o ejercen algún tipo de economía ilegal. Contra ellos sí vamos a actuar”, explicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

En ese sentido, el Decreto prohíbe las siguientes actividades:

- Uso de niños y adolescentes para ventas informales

- Realizar tatuajes, piercings, servicios odontológicos o similares en el espacio público

- Venta y uso de pólvora o sustancias peligrosas o ilegales

- Venta de alimentos sin condiciones sanitarias

- Uso de pipetas de gas u otras sustancias inflamables sin autorización

- Contaminación (basuras, ruido, vertimientos)

- Venta de armas

Además, la norma establece que los vendedores ambulantes deberán estar registrados en el IPES. Ello no garantiza un derecho automático a ocupar el espacio público, pero sí permite una caracterización por parte de las autoridades distritales para acceder a la oferta institucional con la que la administración quiere ayudar a formalizar o relocalizar a los vendedores.

Según cifras de la alcaldía, en la capital hay más de 19.000 vendedores informales. Por ello, la iniciativa tiene un enfoque social, basado en un largo proceso de diálogo con el gremio de las ventas ambulantes y que además de la reubicación de puestos, cuenta con programas de reconversión laboral y convocatorias de empleo por parte de entidades del distrito.

Vea la entrevista completa en el siguiente vídeo: