La entrada en vigencia de la Ley 2486 de 2025 marcó un paso importante para ordenar el uso de patinetas eléctricas en Colombia. La norma llegó para llenar el vacío jurídico que existía frente a estos vehículos que cada vez son más comunes en las calles del país. Sin embargo, más allá de las nuevas reglas, el verdadero desafío está en que la regulación funcione en la práctica.

Aunque la ley establece límites de velocidad, zonas de circulación, edades mínimas y sanciones, expertos advierten que su implementación no será sencilla. Uno de los principales obstáculos es el control en las vías ya que, a diferencia de carros y motocicletas, estos vehículos no exigen matrícula ni licencia de conducción, lo que dificulta identificar a quienes incumplan las normas o reincidan en conductas peligrosas.

Así lo explicó en el programa ‘Revista de la Mañana’ el profesor Milton Perdomo, docente de Derecho del Politécnico GranColombiano, quien planteó los desafíos que enfrenta la ejecución del decreto, especialmente cuando se trata de menores de edad.

“Esa es uno de las primeras dificultades que hemos observado al momento de revisar la efectivización. Yo creo que la ley está muy bien intencionada en su diseño, que estaba en mora de ser expedida por parte del Congreso de la República, pero cuando uno mira la efectividad que pueda llegar a tener esta normatividad, vamos a tener serios problemas (...) ¿cómo van a hacer las entidades territoriales, distritos o municipios para realizar ese seguimiento efectivo si hoy por hoy no tienen el suficiente pie de fuerza para llevar a cabo el control del tráfico normal?”, señaló.

Esto abre preguntas clave sobre la capacidad real de las autoridades para imponer comparendos. Un panorama que podría complicarse aún más con una nueva categoría de movilidad que crece rápidamente y es protagonista en ciclorrutas, vías mixtas y zonas urbanas.

Otro reto importante será la pedagogía ciudadana. Buena parte de los usuarios desconoce las normas básicas de tránsito y no ha pasado por procesos formales de formación vial, como sí ocurre con quienes obtienen licencia para conducir

automotores. En ese contexto, la regulación exigirá campañas masivas de información para explicar quiénes pueden usar estos vehículos, por dónde deben circular y cuáles son las consecuencias de no cumplir la ley.

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“Si bien es cierto hay un viejo adagio del derecho que dice que todos debemos conocer el derecho y si no lo conocemos su desconocimiento no es excusa o no nos excusa para el ejercicio de cumplirlo, lo que vemos hoy en la práctica es que hay muchas personas que no conocen las normas que rigen la sociedad colombiana. Allí vamos a tener un problema. Mucho más cuando entre otras no se necesita matrícula del vehículo ni licencia de conducción”, explicó.

La infraestructura también aparece como un factor determinante. La ley prioriza el uso de ciclorrutas, sin embargo, en muchas ciudades del país estas redes son escasas, fragmentadas o inexistentes. Incluso en Bogotá, que cuenta con una de las redes más amplias de América Latina, persisten problemas de conexión entre sectores de la ciudad, lo que obliga a muchos usuarios a mezclarse con el tráfico vehicular.

A esto se suma un componente cultural. Expertos señalan que cualquier regulación depende de la voluntad ciudadana para cumplirla. En ciudades donde aún son frecuentes las maniobras peligrosas, el irrespeto por semáforos o la invasión de espacios peatonales, la norma necesitará algo más que sanciones: Requerirá conciencia de los ciudadanos, responsabilidad de los usuarios y un seguimiento exhaustivo de las autoridades.