En la noche del pasado miércoles miembros de la comunidad Embera y los demás pueblos ancestrales que se encuentran asentados en el Parque Nacional, hicieron una protesta sobre la carrera Séptima exigiendo que se cumplan con sus derechos de manera integral. Sin embargo, cuando el Esmad hizo presencia en la zona, se presentaron disturbios que dejaron heridos a 24 indígenas entre ellos niños y mujeres gestantes, 10 gestores de convivencia, un funcionario de la Defensoría del Pueblo y ocho policías. Así mismo, 40 vehículos particulares, 13 buses de TransMilenio y una ambulancia, vandalizadas.

 
Ante lo ocurrido la comunidad contó su versión de los hechos: “La gran masa poblacional que hay acá es del pueblo Embera y su mayoría son mujeres, niños y adultos, por eso lo que pasó fue una barbarie… la denuncia que hacemos como autoridades es que no tenemos la opción de retornar ni de vivir dignamente en Bogotá… esta agresión fue injustificada”, expresó Sandra Rosado, lideresa Wayúu.
 
Y agregó: “hoy alzamos la voz… en plena capital se está viendo la revictimización, también somos ciudadanos… nuestras mujeres fueron golpeadas… Bogotá se ha convertido en un Distrito genocida”. Escuchar audio.
 
Leonibal Campo, líder asentado en el Parque Nacional señaló: “Nosotros usamos los bastones de mando más no armas de fuego… No queremos violencia… no venimos a buscar eso, ni robo; lo que reclamamos son los derechos para nuestra población”.

Por su parte Jairo Montañez, coordinador de los pueblos indígenas, dijo a LAUD 90.4 FM ESTÉREO: “Vamos acudir a instancias internacionales porque lo que se evidenció fue un delito de lesa humanidad. El acto que hicimos fue simbólico y pacífico, pero desafortunadamente por la intervención del escuadrón se volvió violento y transgredió nuestros aspectos culturales… se atentó contra la vida y la dignidad humana”.
 
Durante las declaraciones también se reveló que la única caracterización que se realizó el pasado 24 de marzo por parte del Distrito en coordinación de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, presenta inconsistencias, por lo cual la Administración solicitó de nuevo coordinar un nuevo censo, pero la comunidad respondió que no lo permitirá.
 
“Hubo un problema de digitación, el Distrito dijo que el error representa un 60 % de la información recopilada… En las instancias judiciales donde hemos estado han dicho que el primer paso es hacer una caracterización, ya la tuvimos y no es nuestra responsabilidad y ni competencia si los datos están bien o mal… manifestamos que ninguno de nuestros derechos está sujeto a este proceso pues son constitucionales y tienen que ser garantizados”, indicó Montañez. Escuchar audio.

 
Paralelamente, mientras se conocían los pronunciamientos de la comunidad indígena, la alcaldesa Claudia López en rueda de prensa lamentó los hechos y condenó los disturbios: “Ante la negativa de diálogo, la manipulación e instrumentalización de niños y el uso de violencia, y por solicitud de la Defensoría del Pueblo y la Personería, tocó acudir a la intervención de la Policía porque era imposible contener la situación por parte de los equipos de diálogo quienes fueron golpeados… es falso que estaban de manera pacífica, ellos obstruyeron la vía, retuvieron vehículos y personas en ellos, vandalizaron y lesionaron… los actos son inadmisibles”.
 
Conjuntamente enfatizó que restaurar los derechos de la población es posible siempre y cuando se les otorgue un retorno seguro a sus territorios ancestrales, para ello se espera que el próximo fallo judicial que se conocerá el 20 de abril permita que esto se logre. “Exijo de la Policía, servidores públicos, jefes políticos que han estado en el campamento y a los Embera, que tengan buena fe para resolver esta situación. Ruego al juez de la República que tiene que tomar la decisión, que nos permita darles el regreso definitivo y con plenas garantías”. Escuchar audio.
 
Entre tanto Montañez exhortó que así como a otros grupos ciudadanos se les ha dado respuesta a sus peticiones como fue el caso de la reciente manifestación de los motociclistas que llegaron acuerdos con el Distrito sobre las medidas impuestas a su gremio, de la misma forma se atienda a la comunidad indígena que lleva más de siete meses asentada en el Parque Nacional.
 
“Requerimos condiciones mínimas de dignidad como agua, luz, servicios, la posibilidad de que nuestros niños se desarrollen en el aspecto étnico cultural, acceso a la salud, la educación y a las zonas centrales para poder comercializar nuestras artesanías que son la fuente fundamental de ingresos”, concluyó.