El pasado 15 de junio se conoció que el Plan de Ordenamiento Territorial – POT de Bogotá decretado por la alcaldesa Claudia López fue suspendido. La decisión obedeció a que el juez Quinto Administrativo Oral del Circuito de Bogotá, Samuel Palacios Oviedo, aceptó la demanda que hizo el senador electo Miguel Uribe Turbay sobre el incumplimiento en el tiempo del trámite. 

“Todos los POT tienen que regirse por la Ley y se deben ejecutar unos pasos. Una vez se formula se incluye la participación ciudadana por medio de cabildos, luego se hacen ajustes y finalmente llega al Concejo para que en 90 días se discuta”, expresó a LAUD 90.4 FM ESTÉREO, Omar Oróstegui, director ejecutivo de Futuros Urbanos.

El documento creado por el Distrito completó los requerimientos previos a la presentación ante el Concejo de Bogotá. Una vez planteado comenzó a correr el tiempo reglamentado, sin embargo, la Corporación solo lo debatió en 42 días porque los otros 48 “se emplearon para atender recusaciones e impedimentos que llegaron de manera constante; fueron cerca de 77 requerimientos”, indicó Oróstegui, razón por la cual la alcaldesa tuvo que decretarlo en diciembre de 2021.

Uribe Turbay argumentó que no se cumplieron con los 90 días sino con 42. En consecuencia, será el Tribunal de Bogotá el que estudie el caso y finalmente determine si se anula o no. Por su parte el Distrito apeló la demanda. 

Consecuencias 

Al no tener un nuevo Plan la capital deberá continuar sus proyectos bajo el POT 190 de 2004, considerado desactualizado para esta época. A pesar de ello “las obras de infraestructura, sobre todo las de movilidad, no se alterarán para nada”, indicó el experto. 

No obstante, “se afectan las apuestas de la Administración Distrital por ejemplo en el tema del tamaño de la vivienda no VIS, las cargas y beneficios, el avance en los aspectos ambientales, las mezclas de uso del suelo, la localización de equipamientos, entre otros”, señaló el invitado.

Y agregó: “Esto trajo incertidumbre porque varios de los agentes y actores que se ven implicados quedarán bloqueados hasta no saber cuál será el Plan que regirá a la ciudad en los próximos 12 años. Eso sí impacta el desarrollo económico y el crecimiento de diferentes áreas de Bogotá”

¿Qué se vendrá?

“Esperar”, indicó Oróstegui, porque la decisión está a cargo de los jueces y el fallo puede tardar meses. Si este es a favor de Claudia López se podrá continuar con el nuevo POT tal cual se venía haciendo en el inicio del 2022. En cambio, si la respuesta es favor del demandante se tendría anular y plantear otro documento que estaría a cargo de la próxima alcaldía. 

“Si bien el POT es un instrumento técnico de ordenamiento también hay detrás intereses políticos, económicos y sociales, pues en él hay procesos como la gestión del suelo, la cual, al cambiar su finalidad adquiere valor y son los ciudadanos los que se ven beneficiados o afectados por este factor”, concluyó el experto. 

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