LAUD 90.4 FM ESTÉREO estuvo presente en la firma del ‘Memorando de entendimiento para el análisis del uso informal de los servicios públicos en Bogotá’, una iniciativa que reúne a la Administración y a prestadoras del sector para enfrentar la expansión de conexiones ilegales y dignificar las condiciones en zonas vulnerables.

Durante la presentación se expuso que la capital registra más de 5.600 hectáreas con ocupaciones irregulares en 15 localidades, donde se concentran más de 31.000 asentamientos, especialmente en sectores como Ciudad Bolívar. Esta realidad ha generado peligros para las comunidades, afectaciones ambientales y un impacto directo en la eficiencia operativa.

En el evento participaron la secretaria distrital del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal; la gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño García; el vicepresidente de asuntos corporativos de Vanti, Germán Henao; y la gerente de distribución de Enel Colombia, Mónica Cataldo, quienes coincidieron que se debe fortalecer el trabajo articulado frente a esta problemática.

El convenio consolida una alianza estratégica entre la Secretaría del Hábitat, el Acueducto, Vanti y Enel, con el propósito de cruzar bases de datos y entender con mayor precisión la situación de estas familias. La meta es contar con un diagnóstico claro que permita tomar decisiones según las particularidades de cada territorio.

Vanessa Velasco explicó que el primer paso será integrar las plataformas de conocimiento para identificar tanto la ubicación de los hogares como el estado real del suministro en estas áreas: “Lo primero es que ya estamos cruzando el sistema de información… ahora con esta posibilidad de cruzar los datos que tenemos con las empresas, nos da un diagnóstico mucho más claro para poder atender a los bogotanos”, afirmó.

Para que el pacto se traduzca en acciones concretas, la funcionaria señaló que el enfoque estará en intervenir según cada caso: “Dependiendo de la necesidad de cada familia, podremos atenderlos de forma diferente… si están en zonas de riesgo no mitigable, se priorizan procesos de reasentamiento, y si son barrios en proceso de consolidación, avanzar en su legalización”, indicó.

Por su parte, Natasha Avendaño García resaltó que esta unión busca garantizar el derecho al agua y la energía en condiciones óptimas: “Se trata de asegurar que las personas tengan acceso a los servicios públicos de una manera legal y sobre todo segura”, afirmó.

La gerente también advirtió que uno de los mayores retos es combatir la clandestinidad: “El agua que se roba se la roban a todos los bogotanos… cerca del 14 % del líquido que se provee no se logra facturar por pérdidas comerciales asociadas a este tipo de prácticas”, explicó.

El documento no contempla cambios en tarifas, sino que se enfoca en prevención, monitoreo y control, así como en la búsqueda de alternativas para comunidades ubicadas en puntos donde no es posible formalizar la cobertura.

Con esta firma, el Distrito y las organizaciones privadas buscan avanzar en una estrategia conjunta que permita reducir la informalidad y elevar la calidad de vida en sectores donde el acceso básico sigue siendo un desafío.