Esto fue un evento que reunió a representantes del sector educativo, ambiental y gubernamental. La nueva hoja de ruta busca fortalecer la formación ambiental en todos los niveles educativos y responder a los retos que hoy enfrenta el país en materia de cambio climático, biodiversidad y sostenibilidad.

Durante el acto, LAUD 90.4 FM ESTÉREO conversó con el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, quien explicó que esta actualización salda una deuda pendiente con la comunidad educativa, ya que la política vigente había sido formulada en 2002, en un contexto ambiental muy diferente al actual.

“Estamos enfrentando una crisis climática que nos obliga a actualizar estos sistemas y fortalecerlos para formar a niños, niñas, jóvenes y profesionales en acción climática y educación ambiental”, afirmó el Ministro. 

Uno de los principales cambios de la actualización es el fortalecimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), que ahora incorporan de manera más decidida la acción climática. Según explicó el jefe de la cartera educativa, la educación ambiental ya no puede centrarse únicamente en prácticas como el reciclaje o la separación de residuos, sino que debe promover una comprensión de los desafíos que enfrenta la vida en el planeta y de las acciones necesarias para mitigarlos.

Otra de las novedades destacadas es la incorporación de las instituciones de educación superior como actores vinculantes dentro de la política. En adelante, las universidades que avancen en los procesos de acreditación de alta calidad deberán fortalecer la inclusión de la educación ambiental en sus currículos, impulsar semilleros de investigación relacionados con la adaptación al cambio climático y promover proyectos orientados a la sostenibilidad de los territorios.

El Ministro también resaltó el papel de los colegios oficiales como espacios clave para la construcción de comunidades comprometidas con la protección de la vida y el cuidado del entorno. En ese sentido, la política propone avanzar hacia “planes escolares para la vida”, en los que las instituciones educativas se conviertan en centros de acción climática y desarrollo comunitario.

La actualización de esta política constituye la primera transformación del instrumento en 23 años y responde a desafíos contemporáneos como la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, la transición energética y la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en asuntos ambientales.

Además, su construcción fue resultado de un amplio proceso participativo que incluyó 20 encuentros nacionales y diversos espacios regionales en los que participaron organizaciones sociales, instituciones educativas, universidades, pueblos étnicos, jóvenes, autoridades ambientales y entidades territoriales. Sus aportes permitieron consolidar una propuesta más incluyente, diversa y ajustada a las realidades ambientales y sociales del país.

Con esta actualización, el Gobierno Nacional busca consolidar una educación ambiental más integral y pertinente, capaz de formar ciudadanos comprometidos con la adaptación al cambio climático, la protección de los ecosistemas y la construcción de territorios sostenibles para las futuras generaciones.