El 2 de abril de 2025 se sancionó la Ley Estatutaria 2453 que reconoció que la violencia contra las mujeres que hacen política es una barrera estructural para su participación. A un año de su entrada en vigencia y en un 2026, marcado por múltiples jornadas electorales en Colombia como las pasadas elecciones legislativas, entidades como la Misión de Observación Electoral (MOE) han realizado un balance sobre la implementación de la norma y los desafíos que se siguen evidenciando a lo largo y ancho del territorio nacional.

Así lo dijo Danilo Sepúlveda, Coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE Colombia, quien participó en el programa ‘Revista de la Mañana’ y explicó cómo la medida, aunque tiene varios logros, también enfrenta un panorama inquietante por la falta de claridad en las rutas para la atención de la violencia de género en política.

“En estos momentos las mujeres representan aproximadamente el 25 % de las autoridades territoriales, es decir alcaldías, gobernaciones, concejos, etc. Y en las pasadas elecciones del 8 de marzo tuvimos un resultado en el cual ni avanzamos ni retrocedimos. Nos estancamos en un 30 % de representación femenina en el Congreso de la República”, refirió Sepúlveda frente a la actual participación de la mujer en el contexto colombiano.

La cifra, aunque importante, también revela retos respecto a garantizar escenarios más paritarios, respetuosos e inclusivos para las mujeres. A la luz de que, especialmente en los territorios, persisten estereotipos y vulneraciones que las estarían desanimando a alzar su voz y expresarse en democracia.

La Ley 2453 de 2025 define este fenómeno como la combinación de dos factores: La violencia política, que busca restringir derechos como votar, ser elegida o ejercer un cargo público, y la violencia basada en género. Esto incluye múltiples manifestaciones en materia psicológica, simbólica, económica, física, sexual, digital y vicaria. Esta última cuando se instrumentaliza a personas como hijos, familiares o pareja, para causar daño a la mujer.

En esa línea, uno de los focos más preocupantes es el entorno digital. Las redes sociales han ampliado la visibilidad de candidatas, lideresas y funcionarias, pero también se han convertido en espacios donde proliferan ataques sexistas, el acoso, la difusión de datos personales, el hostigamiento a familiares y la manipulación de imágenes mediante Inteligencia Artificial.

A esto se suman los estereotipos como el cuestionamientos por la apariencia física, la edad, la supuesta falta de capacidad intelectual o la idea de que las mujeres son solo “adorno” dentro de la política.

“Frecuentemente las mujeres se conciben como adornos en el escenario político, como si no sumaran o como si no tuvieran capital político. También es importante resaltar la forma en que se cosifica a las mujeres y se les sexualiza, desde el comentario hasta el chiste con doble sentido que muchas veces es normalizado (...) Estamos hablando de una un espectro que abarca múltiples escenarios y esa es precisamente la invitación que hacemos en la MOE, a no naturalizar este tipo de conductas”, agregó el funcionario.

El gran reto sigue siendo la aplicación real de la ley. Actualmente no existe un delito autónomo de violencia política contra las mujeres, por lo que los casos deben tramitarse bajo distintas figuras legales, dependiendo de si se trata de amenazas, lesiones, agresiones sexuales, faltas disciplinarias u otras conductas.

Además, aún no hay un registro nacional consolidado que permita conocer cuántos casos ocurren, dónde se presentan y cómo responden las autoridades. Sin datos claros, diseñar políticas públicas efectivas resulta más difícil. Por otro lado, persiste la falta de información para las víctimas que no saben a qué entidad acudir, qué pasos seguir o qué tipo de protección pueden solicitar.

Según concluyó Danilo Sepúlveda, Coordinador de Inclusión y Diversidad de la MOE Colombia, los integrantes del nuevo Congreso que se posesionará el próximo 20 de julio tendrá un papel clave. Además de fortalecer la implementación de la Ley 2453, deberán impulsar debates sobre paridad, alternancia y universalidad, conceptos orientados a garantizar una representación más equilibrada entre hombres y mujeres en listas políticas y cargos públicos.