El proyecto de reforma tributaria por $16,3 billones que fue hundido en el Congreso de la República, muestra un nuevo panorama que consiste en que el Presupuesto General de 2026 ya no irá por $546,9 billones, sino por $530,6 billones, pues estaba desfinanciado por el monto que se estaba discutiendo.

El aumento de impuestos a sectores de ingresos medios y altos, junto con nuevos gravámenes al consumo y a las grandes empresas, fue recibido con preocupación por congresistas por los impactos negativos en la economía real. 

Entre algunos factores que permitieron su caída se encuentra la fragmentación política, la débil estrategia de negociación, un contexto económico delicado por cuenta de la inflación persistente y el bajo crecimiento hicieron que aumentar la carga tributaria fuera percibido como un riesgo adicional para la recuperación económica. Igualmente, la presión social y empresarial.

“No es cierto que el presupuesto quede desfinanciado en el marco de lo general, lo que se prevé es que se deben generar una serie de incidencias por este desfinanciamiento, es decir, que de los 546 millones nos van a hacer falta 16 millones para cumplir las diferentes metas propuestas por el actual gobierno. Esto significa que se verá obligado a recortar alrededor de 37 millones del presupuesto para dar cumplimiento a lo mismo y alcanzar un parámetro que se llama la regla fiscal y que va a afectar programas sociales como los subsidios de vivienda, servicios públicos, apoyo al deporte y a la cultura”, expresó Freddy Rodríguez, experto en Derecho público y docente de la Fundación Universitaria Horizonte en ‘Revista de la Mañana’.

Ante este nuevo panorama, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que la decisión ha traído como resultado “una situación de dificultades para la implementación de varios proyectos sociales”. Por lo tanto, el Gobierno tendrá que analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas sociales planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

“Las posibles soluciones dada la coyuntura pueden ir encaminadas al recorte directo del gasto público, especialmente en inversión y funcionamiento, allí debe el Gobierno ser más austero, necesita entrar a realizar una revisión muy precisa sobre dónde puede recortar gastos en algunos departamentos o ministerios.

ebe hacer una reorientación de partidas presupuestales, que eso significa trasladar de un lugar a otro, de un ministerio a otro ministerio para poder dar cumplimiento, además de generar un mayor endeudamiento interno y externo, es una posibilidad, insisto, la última de las posibilidades que le puede quedar al Gobierno y la menos posible es un decreto de estado de emergencia económica”, expresó.

Es importante recordar que una reforma tributaria es un conjunto de cambios legales que modifica la estructura impositiva de un país, ajustando impuestos, tasas, beneficios fiscales y mecanismos de recaudación. Su objetivo principal es equilibrar las finanzas públicas, ya sea para aumentar los ingresos del Estado, redistribuir la carga tributaria o estimular ciertos sectores económicos.