En el más reciente Consejo de Ministros liderado por el presidente Gustavo Petro, el mandatario propuso modificar la tarifa del servicio de energía eléctrica por medio de decreto. Ante ello, el gremio reaccionó e instó al diálogo serio, técnico y respetuoso. Con el propósito de conocer más sobre el tema con una mirada académica, LAUD 90.4 FM ESTÉREO, habló con Danna Caicedo, docente e investigadora del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. 

“El Ministerio de Minas y Energía tiene la competencia para establecer y coordinar las políticas en materia de uso de energía. Sin embargo, hay que recordar que las leyes 142 y 143 de 1994 establecen que la que fija el cálculo del valor es la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG”, dijo la profesora. 

Las entidades que conforman la CREG son: Los ministerios de Minas y Energía, y Hacienda, y seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, nombrados por el Presidente de la República. Además, cuenta con la presencia del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios con voz, pero sin voto. 

¿Cómo se define el valor a pagar en la factura?

Caicedo afirmó que se debe regir por los principios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, suficiencia financiera y simplicidad. “La tarifa que los usuarios cancelan es la combinación de varios factores, no solo se cobra el consumo de las personas, sino también las actividades de generación de energía, transmisión, distribución y comercialización”. 

Esto quiere decir que la corriente viaja desde las hidroeléctricas, llega por líneas de alta tensión a las plantas, luego hay que transportarla a grandes distancias por todo el país por dichas líneas hasta llegar a las ciudades y municipios.

“Una vez llega, por ejemplo, a lugares como Bogotá, tiene que empezar a bajar tensiones para poder trasladarla por la malla eléctrica de nuestra ciudad. Eso está a cargo de otras empresas propietarias encargadas de operar y mantener esas redes”, aseguró. 

La sumatoria de todos estos elementos, más el consumo, es lo que se paga en la factura que llega a los hogares de los ciudadanos, por eso el cálculo de la misma requiere que se tenga en cuenta el proceso para evitar dificultades en la prestación del servicio. 

El debate

Definir el valor a pagar es el punto de discusión. Por un lado, el Gobierno Nacional manifestó que el borrador del decreto ya está publicado para comentarios, el cual “busca forzar a las empresas generadoras a que la mayoría de su energía no la negocien en la bolsa, sino que lo hagan en contratos con las empresas comercializadoras y distribuidoras, buscando un beneficio tarifario para la sociedad en general”. Más información aquí. 

Por el otro lado, los gremios expusieron: “La estrechez entre la oferta de energía firme y la creciente demanda genera presión en las tarifas, lo cual debe solucionarse con el ingreso de mayor oferta y la eliminación de las barreras que están impidiendo que proyectos de generación y transmisión entren oportunamente. Insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5 % rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos”. Más información aquí.

Por su parte, la docente explicó: “En mi opinión, no podrían como tal fijar las tarifas a través de decreto, pero sí establecer algún lineamiento político que debe ser tenido en cuenta por la CREG a la hora de revisar ese nuevo cálculo”. En conclusión, es necesario el diálogo y la concertación para optar por la mejor opción a favor de los colombianos. 

La experta explicó en detalle en qué consisten los subsidios de energía y por qué existe la deuda con el sector energético cercano a los $4 billones de pesos a raíz del congelamiento de la tarifa durante la pandemia por el Covid-19. 

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