“Todo queda cómo está, como si tuviéramos un sistema electoral que después de las dificultades en las elecciones legislativas y presidenciales no requiriera ser revisado, mejorado y fortalecido para devolverle la credibilidad a la ciudadanía. Y se hunde sin ni siquiera comenzar el debate”, manifestó Barrios.

Lo que se hundió en la reforma electoral

- Reformar el Consejo Nacional Electoral -CNE y su origen partidista.

- Avanzar en la desconcentración del poder que se había fijado en la cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

- La creación de una jurisdicción electoral que serviría de solución a un tema recurrente en estos últimos años como lo es la afectación de los derechos políticos por parte de un ente administrativo.

- La creación de una jurisdicción electoral

Reforma de los partidos políticos

Entendiendo que tiene que surtir ocho debates de los cuales se aprobó esta semana el primero,  la reforma constitucional a los partidos políticos contiene varios puntos importantes, pero son dos considerados el eje de dicho acto legislativo, sin embargo, puede incomodar a muchos y se corre el riesgo de que se no se apruebe.
Una son las listas cerradas con dos  temas: el de la financiación cuyas reglas actuales son contradictorias a la incorporación de las listas cerradas que facilitan el control y la vigilancia por parte de la autoridad electoral, del monto, origen y destino de los recursos empleados en las campañas, al centralizar la rendición de cuentas en los partidos.

“Si se cierra la lista, la financiación sería estatal y se prohíbe la financiación privada. No tiene ningún sentido que se establezca que  los candidatos busquen y administren recursos para su propia campaña, cuando la ciudadanía no votará por una candidatura específica, sino por una lista que tiene un orden predefinido”.

Y el otro tema,  la democratización interna de los partidos, sin embargo la MOE advierte con preocupación que “aunque el modelo está previsto para ser aplicado a partir de las elecciones de 2026, pareciera que el principio de paridad tiene una excepción y sería exigible para las elecciones a Congreso, hasta el 2030.
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