El próximo 18 de agosto se llevará a cabo el foro ‘Oportunidades para la Contratación Pública Transparente en la Región Andina’, con el fin de saber qué piensan los empresarios sobre este hecho, dar recomendaciones y, así, evitar la corrupción en este tipo de contratación, como lo dijo Ángela Vélez, directora del Centro Internacional para la Empresa Privada, CIPE, Colombia, en LAUD 90.4 FM ESTÉREO.

“Desde hace 20 años hacemos seguimiento a la corrupción y realizamos una encuesta donde le preguntamos a los empresarios por la percepción que tenían en temas de corrupción en contratación con el Estado”, manifestó Vélez, quien agregó que se ha visto cómo capitales corrosivos afectan a las instituciones democráticas, las debilitan, generan mala percepción y, por ende, afectan a los ciudadanos.
“En este ejercicio hemos visto la importancia que cuando hablamos de corrupción no solo se trata de empleados públicos, sino de un papel importante que juega la empresa privada”.

Algunos de los resultados de esta encuesta son los siguientes:

- La percepción de corrupción se ubica hoy en niveles muy similares a los observados hace veinte años. En 2002, el 70 % de los encuestados consideraba que la corrupción había aumentado en los últimos dos años. En 2022 ese porcentaje se mantuvo relativamente constante en el 68 %.

- La falta de transparencia en los procesos de contratación de los gobiernos locales empeoró considerablemente. Actualmente 1 de cada 2 empresarios no considera ni transparente ni confiable los procesos contractuales de su administración local. En 2022, 1 de cada 4 empresarios encuestados tenía esta misma percepción.

- Los empresarios consideran cada vez más complejos los procesos de contratación pública y han optado por no participar. En 2022, el 94 % manifestó que se ha arrepentido de participar en algún proceso de contratación pública, mientras que en 2002 solo el 68 % tomó esta determinación
El CIPE, para la realización del Foro el jueves 18 de agosto, tiene el apoyo de IPSOS, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Cámara de Comercio de Quito y el Consejo Privado Anticorrupción del Perú.  

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