En el marco del calendario electoral, entró de nuevo en operación la Ley de Garantías Electorales, caracterizada por ser una norma diseñada para asegurar la transparencia, la equidad y la imparcialidad en los procesos democráticos. 

Desde el 8 de noviembre de 2025, los gobernadores, alcaldes, secretarios y gerentes de entidades descentralizadas no pueden suscribir convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

Así mismo, desde el 31 de enero de 2026, la medida se ampliará a todas las entidades del Estado, suspendiendo la contratación directa en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal.

Esta restricción, establecida en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, no admite excepciones y se mantendrá en vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio, en tanto pueda presentarse una segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, la norma prevé excepciones expresas en los siguientes casos: 

-    Gestiones de las entidades sanitarias y hospitalarias.
-    Atención de emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales.
-    Reconstrucción de infraestructura pública afectada por eventos de fuerza mayor.
-    Defensa y seguridad nacional.
-    Operaciones de crédito público.

Con base en lo anterior, según sea el caso, deberá estar sustentado mediante un acto administrativo motivado, en donde se justifica la necesidad y la legalidad del contrato.

“Desde el 31 de enero de 2026, esta limitación será extendida igualmente a las entidades del orden Nacional, impidiendo crear, suprimir o proveer cargos, así como vincular o desvincular funcionarios, a no ser que se presenten casos autorizados por la ley”, expresó Nicolás Rojas, abogado del Centro Jurídico Internacional en ‘Revista de la Mañana’.

Si se llega a presentar el incumplimiento de estas disposiciones puede derivar en sanciones penales incluidas en el artículo 410 del Código Penal colombiano, donde se establecen penas de prisión de 64 a 216 meses, multas entre 66 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes y suspensión o inhabilidad para ejercer funciones públicas.

La Ley de Garantías es una responsabilidad legal y ética para todas las entidades del Estado. En ese sentido, su aplicación rigurosa afianza la transparencia, la confianza ciudadana y la estabilidad institucional que deben acompañar al proceso democrático colombiano previsto para el 2026 a nivel de Presidencia de la República y Congreso Nacional.