Históricamente, un país como Colombia con grandes problemas asociados a la violencia de diferentes tipos, ha tenido que asumir costos significativos para su actividad económica. Los indicadores de seguridad establecen un evidente deterioro desde hace meses, en este momento la inquietud es que las finanzas se vean afectadas y se genere un nivel menor de crecimiento.

John Jairo Cuellar, analista económico de la Universidad Central puntualizó en ‘Revista de la Mañana’ los ámbitos que se han visto afectados: “Hablamos de inversión privada, la permanencia de empresas dentro del sector productivo del país, los daños que se ocasionan a infraestructuras importantes como por ejemplo los oleoductos o las redes de transmisión eléctrica. Asimismo, el impacto negativo sobre el turismo, que es una actividad altamente sensible a las percepciones de seguridad y la confianza de los empresarios e inversionistas”.

Por otra parte, existe una serie de costos directos e indirectos que se asumen tanto desde el sector público como el privado porque unas condiciones deterioradas de integridad hacen que, se vean forzados a tener que gastar más recursos en seguridad y justicia, tratando de protegerse frente a cualquier eventualidad relacionada con las olas de violencia. Estos son dineros que ya no pueden ser utilizados en otras actividades que estimulen la productividad del país lo que genera un deterioro económico. 

En cuanto a los costos que para la sociedad supone el crimen y la violencia en términos de productividad, el analista señaló “Estos tienen un impacto negativo, ya que el Estado colombiano los debe asumir en forma de gasto público y este es más elevado. Con respecto al gasto privado, al que también se ven obligados muchas personas para protegerse frente a la alteración del orden público en el país, se está asumiendo un costo grande. Es una factura bastante elevada la que se debe pagar”.

Si bien la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC generó un apaciguamiento de la violencia, lamentablemente en los últimos años se ha notado un deterioro. Causa de ello, el brote del fenómeno del crimen relacionado con lograr una presencia intensa del Estado a la hora de llenar esos espacios que fueron cedidos por las guerrillas en zonas periféricas y que se han convertido en un escenario de disputa entre otros grupos armados por tratar de mantener el control del narcotráfico. Esto último denota la lucha por retener los beneficios económicos de las rentas asociadas a este fenómeno.

Entre las estrategias para mitigar esta problemática económica es importante destacar: “Se trata de ponernos un poco más serios en el sentido de llevar presencia gubernamental legítima a todos esos rincones del país y esto supone un esfuerzo económico y fiscal, porque la presencia del Estado no se limita a la Policía o el Ejército (que además suele ser intermitente) sino que también implica llevar el Estado en términos de un juez, del sistema educativo, ofreciendo infraestructura pública. Ese tipo de cosas le van a ganar espacios a la violencia, sobre todo en esas zonas tan olvidadas.”, argumentó Cuellar. 

El reto para el próximo Gobierno es estrictamente económico dado que tendrá unas finanzas públicas muy golpeadas y unas limitaciones muy serias en materia de recursos. Colombia viene en una caída que se ha vuelto casi crónica en la inversión que afectará la capacidad productiva y el crecimiento en los años venideros. Lo que obligará a reformular esas estrategias y a buscar unas nuevas salidas.