El informe da a conocer alcances, pero advierte retrocesos y riesgos en asuntos de paz, democracia, derechos sociales y protección a poblaciones excluidas con el paso de los años, lo que cual se constituye en un reto para dejar un legado real en materia de Derechos Humanos a tan solo un año de mandato que le resta al actual Gobierno.

Asimismo, manifiesta que las agresiones contra lideres sociales hacen de Colombia el país más peligroso a nivel internacional, ya que, para citar algunas cifras, en los primeros ocho meses del tercer año de administración nacional se registraron 385 agresiones, incluidos 110 asesinatos. 

“Sabemos que hay voluntad del Gobierno, pero necesitamos acciones eficaces, además requerimos que la Fiscalía por ejemplo asuma no solamente con mayor responsabilidad sino con recursos y acciones mucho más eficaces la investigación y el proceso que puede llevar a la judicialización de los responsables, porque el problema radica en que no se sabe quién los cometió, ni sus razones y todos estos crímenes como la mayoría de violaciones de Derechos Humanos siguen en la impunidad”, explicó Aura Rodríguez Directora de la Corporación Viva la Ciudadanía a LAUD 90.4 FM ESTÉREO. 

Por otra parte, la reforma a la salud fue bloqueada en el Congreso, pese a contar con amplio respaldo social en comparación con las de corte laboral y pensional las cuales fueron aprobadas y con implementación pendiente. 

Es de anotar que el sistema de salud vive una crisis estructural que se ha agudizado, aunque es una problemática que viene de administraciones anteriores por temas de corrupción y la inequidad del modelo actual. Este es otro punto que destaca este informe. 

Así mismo, resalta que la persistencia de la violencia y la precariedad en Derechos Humanos se evidencian en regiones como: Catatumbo, Chocó, Magdalena Medio, Caribe, López de Micay y norte del Tolima pese a la promesa de paz que no ha llegado. Es allí cuando las comunidades viven la violencia armada y carecen de alternativas económicas. 

“El Catatumbo es una región que necesita una atención especial, allá se diseñó y se acordó de manera conjunta con las comunidades un plan que además buscaba no solamente erradicar los cultivos de coca, sino hacer una transformación territorial y ese es un elemento importante para la superación de la violencia”, argumentó la vocera de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.

Con respecto a la denominada “Paz Total” el balance arroja que las negociaciones con grupos armados no han producido resultados claros ni sostenibles. Pese a que los homicidios se han reducido en algunas zonas, la expansión de grupos armados ilegales y el control territorial demuestran la limitada capacidad del Estado para dar mejoría a esta situación.

Los retos de este informe plantean que debe existir una apuesta por la paz que proporcione bienestar de las comunidades en sus territorios, el pleno respeto de los actores al Derecho Internacional Humanitario y la profundización de transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. También, es indispensable que el Gobierno Nacional, la rama Legislativa, la rama Judicial y el Ministerio Público aúnen sus esfuerzos, para superar la situación estructural y coyuntural de Derechos Humanos, dejando de lado las disputas partidistas electorales.