La educación inclusiva permite el acceso a niños con discapacidad y otras necesidades especiales a cualquier institución educativa en donde se relacione en clase con sus pares de edad, dándole las mismas oportunidades de aprendizaje como a cualquier otro niño.

En Colombia, legalmente todas las entidades públicas y privadas, desde la primera infancia hasta el posgrado, están amparadas por la Constitución Política. La Ley 1618 del 2013, en su artículo 24, define que el derecho a la educación es para todos y por lo tanto los colegios deben tener un plan de atención para las distintas poblaciones”.

María Angélica Yazzo Zambrano, Máster en Desarrollo Educativo y Social e investigadora en educación inclusiva, dijo en LAUD 90.4 FM ESTÉREO que todas las instituciones educativas deben tener la capacidad de realizar procesos de admisión y revisar que tengan  las condiciones y apoyos especializados, como lo estipula el decreto 1421.

“No debe ser posible que algún colegio, ya sea público o privado, niegue la posibilidad de que ingrese un niño o niña con alguna condición de discapacidad.  En su autonomía es claro que las instituciones deben realizar sus procesos de admisión con la observación, pero cuando se recibe no se puede excluir, pues prima el derecho a la educación y a la infancia”, explicó la experta.

Para la docente se ha avanzado en algunos aspectos como en la cualificación de los maestros del país. “Muchas universidades están a la vanguardia en capacitar para la inclusión, se han adelantado técnicas de evaluación y existe el decreto 1421 que nos da una herramienta como el PIAR, la cual garantiza la pertinencia de la enseñanza y aprendizaje del estudiante con discapacidad y se ha venido aplicando con excelentes experiencias en los colegios públicos”.

Y agregó que la falencia está en que no se ha  implementado una cultura inclusiva, pues la política está, “pero en las instituciones educativas, y sobre todo en el sector privado, se debe empezar a tener concienciación de que enseñar es un proceso continuo, y tanto directivos como profesores, deben ser competentes en este ámbito”.

En casos cuando a los niños o jóvenes se le haya vulnerado el derecho a la educación, existen organismos como el Consultorio y la Clínica Jurídica para la inclusión de la Fundación los Libertadores. También está la Fundación Asdown que orienta y acompaña a las personas con discapacidad intelectual, sin excepción, y a sus familias.