El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Educación (Sintrenal) ha convocado a un paro nacional para los días 29 y 30 de noviembre. La medida busca exigir al Ministerio de Educación el pago inmediato de deudas laborales pendientes desde 2010 para diversos roles en las instituciones educativas públicas y secretarías de educación.

La decisión se tomó durante la Asamblea Nacional del sindicato entre el 15 y 18 de noviembre, con la participación de más de 120 delegados. Además de las demandas salariales, el sindicato también hace un llamado al Congreso para que acelere el trámite de las reformas sociales propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro.

Sintrenal reconoce que el paro afectará la atención al público y los procesos educativos en todo el país, extendiendo la convocatoria a docentes, directivos, secretarios de educación, alcaldes y gobernadores. Esta acción se suma a las advertencias previas de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al Gobierno por el incumplimiento de acuerdos, generando preocupaciones sobre el reconocimiento y pago del 0,4 % por ajuste y nivelación salarial.

"Invitamos a la comunidad ejecutiva, docentes, directivos, secretarios de educación, alcaldes y gobernadores a que exijan al Ministerio de Educación el pago inmediato de las deudas laborales y dar pronta solución a este conflicto laboral", dicta el documento de la organización.

Convocamos personal administrativo de Edu. celadores servicios generales Aux. administrativos técnicos profesionales de Inst. educativas y Secretarías de Edu. Deptal mpal y Distrital a paro nacional 29 y 30 Nov. por pago de deudas laborales @petrogustavo @Mineducacion @SintrenalN pic.twitter.com/GnLdYDxwVu

— GERMAN PATIÑO SOCHE (@GERPASO13) November 20, 2023

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se reunió con representantes de Fecode para abordar estos temas, destacando la importancia de convertir los 50 puntos acordados en políticas públicas educativas. El sindicato espera que estas acciones contribuyan al beneficio de la educación y los derechos del magisterio.

Con el propósito de desarrollar las capacidades humanas y la productividad del sector turismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) creó EMPRETUR, el primer programa nacional de estímulos, incentivos y fomento al sector turístico del país. Para esto, la cartera dispuso de más de $19.000 millones de pesos para sus primeras cuatro convocatorias.

La estrategia EMPRETUR brindará la posibilidad de fortalecer los negocios de las micro, pequeñas y medianas empresas como prestadores de servicios turísticos; además de las unidades productivas y organizaciones de base comunitaria asociadas al turismo. Las primeras cuatro convocatorias se ejecutarán a través de Colombia Productiva, FONTUR, iNNpulsa Colombia y ProColombia. Estas estarán abiertas hasta el 30 de enero de 2024.

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, destacó “el sector turismo representa una gran oportunidad para que las comunidades, logren mejorar su calidad de vida a través de proyectos productivos, por eso hemos iniciado una apuesta para desarrollar las capacidades de la gente en todos los territorios del país”.

Los negocios acogidos por EMPRETUR podrán llevar a cabo procesos de entrenamiento, capacitación, formación, sensibilización y misiones académicas para mejorar las capacidades humanas y productivas. Junto a esto, los emprendedores también serán  certificados en Normas Técnicas Sectoriales de Turismo y Normas Colombianas.

En el lanzamiento de EMPRETUR, el viceministro de Turismo, Arturo Bravo, añadió que el programa cuenta con convocatorias dirigidas a territorios turísticos no tradicionales, como los departamentos de Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Sucre, Vaupés y Vichada.

Los términos de cada convocatoria pueden ser consultados en el siguiente link donde también estará alojada la documentación requerida para aplicar y ser parte de la iniciativa. 

Por: Gustavo Barreto.  

En la conmemoración del Día Mundial del Niño, organizaciones civiles, autoridades territoriales y de control emitieron un llamado a todas las instituciones y sociedad civil a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Colombia, la violencia sexual se sigue presentando como uno de los hechos más reportados. Más de 12.000 procesos de restablecimiento de derechos y al menos 14.700 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niñas, niños y adolescentes han sido contemplados por las autoridades.

“El entorno familiar se configura como uno de los escenarios en los que existe mayor riesgo de que niñas, niños y adolescentes sean violentados en su integridad sexual, pero también se constituye como uno de los espacios claves para la detección de señales”, manifestó el Defensor del Pueblo.

La Defensoría reiteró a los ministerios de Salud, Educación y TICS, además de todas las entidades responsables de la ruta de atención a víctimas de violencia sexual contra esta población a acoger las recomendaciones formuladas en el informe ‘Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Colombia’.  
Factores como la guerra, la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, de acuerdo con UNICEF afectan de manera desproporcionada a la niñez en el mundo. 

“En Colombia un alto número de niños, niñas y adolescentes siguen sufriendo de manera indiscriminada las consecuencias de las guerras, los conflictos, la desigualdad y el cambio climático”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia. 

Ante este escenario nacional, la institución garante de los Derechos Humanos instó a todas las entidades del Estado a que prioricen en sus agendas acciones focalizadas en la garantía de los derechos de las niñas y los niños y pongan en marcha, de forma articulada, procesos tendientes a minimizar y erradicar las amenazas y vulneraciones que afectan su integralidad. 

Por: Gustavo Adolfo Barreto González

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) luego de una conversación con miembros de la comunidad indígena que demandaban resarcir sus derechos que fueron “vulnerados” en la última aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda llegaron a compromisos en materia estadística para los indígenas.

La inclusión en la certificación de población indígena de resguardos para las vigencias 2024 y 2025 a los integrantes de pueblos indígenas de la zona rural que residan fuera del resguardo; elaborar una propuesta que permita incorporar los auto censos como insumo para la certificación de población indígena en el marco del Sistema General de Participaciones fueron parte de los acuerdos pactados entre la Nación y los ciudadanos.
Germán Carlosama, director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, al término de esta reunión aseguró, “Este acuerdo es muy importante en procura de que se reconozcan sus derechos principalmente en cuanto a la población y al Sistema de ingresos corrientes de la Nación”.

A su vez, Vladimir López, representante ancestral indígena en nombre de las comunidades indicó que “sigamos construyendo, aunando esfuerzos para buscar esos cambios estructurales políticos, especialmente con quienes históricamente hemos sido marginados”.

Ante tales acuerdos, el DANE, el DNP y el Ministerio del Interior, revisarán la contrapropuesta de las comunidades indígenas para de esta forma dar una respuesta a las autoridades en una reunión el próximo 21 de noviembre. Así mismo, El DANE emitirá la nueva certificación del censo antes del 31 de diciembre de 2023.

Por: Gustavo Barreto.

Promulgada por el Congreso de la República, la Ley 776 de 2002, detalla las enfermedades laborales, proporcionando a los trabajadores cobertura ante posibles accidentes o afecciones derivadas de sus tareas diarias.

Bajo el Código Sustantivo del Trabajo, se especifica que los empleados deben comunicar a sus empleadores la enfermedad laboral, tras obtener un dictamen de la EPS. La calificación de este proceso, será dada por el médico tratante que atiende a la persona. Luego de ello, se enviará al reporte de la Administradora de Riesgos Laborales y a la Entidad Promotora de Salud. Es una evaluación que se tramita en los dos días hábiles siguientes al diagnóstico de la enfermedad. 

A su vez, la enfermedad laboral en el país se define en el artículo 4 de la ley 1562 de 2012 como “la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a desempeñarse”, dentro del documento se lee que el Gobierno Nacional “determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes”. 

La Ley 776 de 2002, establece las condiciones para acceder a la “incapacidad permanente parcial” debido a enfermedades laborales, reduciendo la capacidad operativa del empleado entre un 5 % y un 50 %, consecuencia de accidentes o enfermedades profesionales.

Las enfermedades que aplican para la “incapacidad permanente parcial”, incluyen:

•    Afectaciones en el sistema cardiovascular y cerebro-vascular.
•    Afectaciones en el sistema respiratorio.
•    Afectaciones en el sistema digestivo y el hígado.
•    Enfermedades en los ojos u oídos.
•    Trastornos mentales y afectaciones en el sistema nervioso.
•    Enfermedades en la piel.
•    Cáncer de origen laboral.
•    Intoxicaciones.
•    Enfermedades en el sistema endocrino.

Para pérdidas de capacidad inferiores al 50 %, el trabajador tiene derecho a una indemnización calculada según su salario mensual.

Los cambios de imágenes institucionales que le cuestan al país aproximadamente dos billones de pesos dejarán de existir, a través de la implementación de un único manual de identidad visual para todas las entidades estatales. De esta forma, Presidencia, alcaldía, gobernaciones y demás instituciones establecerán una marca país que evite generar nuevos logos y publicidad tras el posicionamiento de una nueva administración.

La aprobación de este proyecto para la ponente en el Senado, Angélica Lozano, representa para el país un avance en la austeridad. “Según la FLIP, entre 2018 y 2022 se gastaron $46 mil millones de pesos para posicionar la marca solamente del presidente. 

Cristian Avendaño, representante del Partido Alianza Verde, ante la aprobación expresó que: “Lo que pasa hoy es que cada vez que llega un nuevo gobernante impulsa un nuevo logo, colores, eslogan y todo eso significa un gasto innecesario y este dinero podría ser invertida en educación, salud y política social”, señaló el parlamentario. 

Expertos que han aplaudido la aprobación de este Proyecto de Ley señalan que solamente en Bogotá, los costos de Branding en la administración de Lucho Garzón gastó más de 61 millones de dólares, así mismo, el periodo del hoy presidente en la alcaldía, la posición de imagen tuvo un gasto superior a los 146 millones de dólares.  

El proyecto que ahora le resta solamente su paso por la conciliación en la corporación y la sanción presidencial entraría en ejercicio el próximo primero de enero, fecha en que se posesionarán los nuevos mandatarios territoriales. 

Por: Gustavo Barreto

Comunicador Social- periodista. 

Al finalizar el año 2022, el Gobierno ordenó congelar las tarifas de los peajes a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), queriendo mitigar la inflación. En su momento la Procuraduría General de la Nación alertó una preocupación sobre el riesgo de los proyectos viales de cuarta y quinta generación, esta inquietud se materializó poco después con el déficit de 900 mil millones de pesos. Por esta razón se propuso de manera urgente atender la financiación de la construcción de las estructuras viales, clave, para el país. 

En el borrador presentado por el Ministerio de Transporte en el decreto 0050 de 2023, a partir del 1 de diciembre, aumentarían los precios en los peajes. En el documento, se estipula que la ANI, finalizará la normalización de las tarifas estimadas para julio del próximo año, según las condiciones contractuales de cada tramo.
 
“A más tardar el 1 de julio del año 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), finalizará la normalización del esquema tarifario estimado para ese momento, según las condiciones contractuales de cada caso”, dicta el decreto.

Según el proyecto, a partir del primero de diciembre, el aumento sería de 13,12 % de acuerdo con las cifras arrojadas por el Dane.

A menos de ocho días de las elecciones territoriales en Colombia, la emisora de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas se prepara para llevar a su audiencia toda la información en esta nueva jornada electoral, a través de sus redes sociales y el dial. Pero antes de la hora cero, es fundamental entender los cargos en juego el próximo 29 de octubre de 2023.

Millones de colombianos están convocados para emitir su voto desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. en todo el país. Los elegidos ocuparán sus cargos durante el periodo 2024-2027. Aquí se detallan los principales cargos en disputa:

Gobernadores:

En los 32 departamentos de Colombia, se elegirán los próximos gobernadores, quienes tienen la máxima autoridad ejecutiva departamental.

Alcaldes:

En todas las ciudades se escogerán alcaldes, encargados de liderar la administración local y gestionar temas como infraestructura, educación, salud y seguridad.

Miembros de Asambleas Departamentales:

A nivel departamental, los electores elegirán a quienes aprueban leyes y políticas de su región.

Concejales:

A nivel municipal, se votará por concejales, responsables de promulgar ordenanzas y ejercer control político a nivel local.

Juntas Administradoras Locales (JAL):

En ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, los ciudadanos también elegirán a miembros de las Juntas Administradoras Locales, encargadas de gestionar asuntos internos y representar los intereses de los barrios.

Los votantes pueden recibir hasta cinco tarjetones, pero esto varía según la ubicación. En Bogotá, por ejemplo, se recibirán tres tarjetones para votar por Alcaldía, Concejo y JAL. La elección de cargos departamentales es exclusiva para quienes residen en los municipios correspondientes.

Además de estos cargos principales, en algunas elecciones territoriales pueden existir otros cargos específicos a nivel local, como los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC), que promueven el desarrollo y la participación ciudadana en las comunidades.

En la mesa de trabajo de LAUD 90.4 FM ESTÉREO, precedida por su coordinador, Alfredo Ardila Godoy, estarán analistas, expertos e investigadores, quienes contribuirán a entender dicho proceso e incidencias de estos comicios electorales.

A partir de las 9:00 a.m. el próximo 29 de octubre LAUD 90.4 FM ESTÉREO llevará toda la información, el minuto a minuto y los análisis de esta jornada a través del dial 90.4 FM ESTÉREO las redes sociales Facebook, X (Twitter), e Instagram -@LaudEstereo-, y también por la página web laud.udistrital.edu.co.

Con la pregunta ¿Cómo imaginas una Colombia reconciliada? El concurso para los jóvenes del país busca reflexionar sobre el informe final de la Comisión de la Verdad.

Apoyado por el Legado de la Comisión de la Verdad, la Embajada de Alemania en Colombia y UNICEF busca que por medio de muestras artísticas, se difunda y se socialice los contenidos de los archivos de la Comisión, además de Propiciar reflexiones, opiniones y encuentros de adolescentes y jóvenes en torno a la apropiación de la verdad y la construcción de un futuro posible.

Julien Yahois, especialista para la protección infantil de UNICEF, en conversación con LAUD 90.4 FM ESTÉREO señaló cómo estos espacios de reconocimiento y divulgación son piezas importantes para la historia de Colombia. “Los jóvenes tienen la clave para poder construir una cultura de paz y generar diálogos democráticos abiertos sin el uso de la violencia. Por esos son la estructura de este evento”, aseguró el funcionario.  

Los participantes podrán presentar sus propuestas en las categorías de 14 a 17 años y 18 a 24 años de forma individual o grupal. La modalidad grupal debe estar conformada por máximo tres personas, donde también se puede incluir a ciudadanos extranjeros, sin embargo, al menos uno de los miembros del equipo tiene que ser colombiano.

Para conocer el cronograma de participación y premiación que se extiende hasta el 5 de diciembre de 2023, consulte la página web trazosdepaz.com, al igual que los premios dispuestos para cada ganador que incluirá reconocimientos económicos y cursos de francés, alemán e inglés.

Vea la entrevista completa aquí 
 

Gustavo Adolfo Barreto González

Comunicador Social y periodista

En menos de 20 días, el país se prepara para una nueva jornada electoral, los ciudadanos votarán para elegir a las autoridades regionales de ciudades, municipios y departamentos en todo el país.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la votación se llevará a cabo desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. el próximo 29 de octubre, abarcando todo el territorio nacional. Para garantizar la seguridad de las elecciones y su normal desarrollo, el Gobierno Nacional ha establecido una serie de medidas para mantener el orden público.

Una de estas restricciones es la implementación de la 'Ley Seca' en todo el país, la cual estará vigente antes, durante y después de las votaciones. Según el artículo 16 del decreto del Ministerio del Interior, esta medida estará en vigor desde las 6:00 p.m. del sábado 28 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 30 de octubre de 2023.

La 'Ley Seca' prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio colombiano durante ese período. Esto se aplica a establecimientos de comercio, bares, discotecas y cualquier lugar que venda licor. Como alternativa, algunos locales comerciales planean celebrar Halloween el viernes 27 de octubre o durante el fin de semana del 4 y 5 de noviembre de este año.

Es importante destacar que aquellos que no cumplan con la 'Ley Seca' enfrentarán sanciones por parte de los inspectores de policía y comandantes de estación. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, la multa por infringir esta restricción tiene un valor de $392,000.