Un 2 de mayo de 2002 la extinta guerrilla de las Farc fueron los máximos responsables de la masacre en contra de la población de Bojayá, que se resguardaba en la iglesia del municipio.

Un día como hoy, en medio de los enfrentamientos entre los guerrilleros de las FARC-EP y los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ambas empeñadas en mantener el control de la zona y el acceso al río Atrato; Un "cilindro bomba" fue lanzado por miembros del Frente 58 del Bloque Noroccidental de la guerrilla, a la iglesia del pueblo, en donde la comunidad se resguardó para protegerse, produciendo la muerte de aproximadamente 100 personas.

Leyner Palacios, quien hace parte de la Comisión de la Verdad y es víctima de esta masacre, pues perdió a muchos de sus familiares, dijo que hay mucha preocupación en cuanto a la reparación que no fue adecuada, también por la persistencia de la violencia en los territorios, hay alarma por el confinamiento del 70 % de las personas en los cascos rurales, sigue el reclutamiento, situación que ha llevado a que algunos niños y jóvenes recurran al suicidio; y la falta de atención a las víctimas.
Este 2 de mayo se realiza una conmemoración por parte  del Sistema Integral para la Paz, la Iglesia de Chocó, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos  Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, entidades que unen para acompañar a las víctimas y a las comunidades  afrodescendientes e indígenas que hoy siguen enfrentando la violencia y el  sufrimiento provocado por el conflicto armado.

Igualmente,  el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, junto a  autoridades étnico territoriales organizan un homenaje a las personas que  perdieron la vida y un conversatorio para debatir y exponer la situación de  derechos humanos en el territorio ante las denuncias de homicidios, amenazas  de muerte, ataques, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes,  desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad y  desapariciones forzadas, entre otras violaciones.