Esta labor evalúa el estado actual de las conversaciones con 13 actores armados en 17 regiones del país que suman cerca de 48.000 combatientes. También, brinda los avances y retos con base en la calificación de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.

Ante ese contexto ofrece un análisis minucioso de los procesos con el ELN, el Frente Comuneros del Sur (FCS), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y diversas estructuras urbanas que participan en espacios de conversación sociojurídica en Buenaventura, Medellín, el Valle de Aburrá y Quibdó. 

Es así como este informe revela un Reporte Humanitario que muestra el deterioro en materia de Derechos Humanos y de Derecho Internacional humanitario con más de 4.000 acciones violentas registradas entre los años 2022 y 2025 de los cuales tan solo en el año en curso se han presentado 603 eventos violentos.

Lina Mejía, coordinadora de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de ‘Vivamos Humanos’ manifestó: “En el caso del ELN, aunque está suspendido el proceso, se encuentra en un punto intermedio, ya que ha logrado 28 acuerdos, entre ellos el de México que es como la carta de navegación y ceses al fuego bilateral, temporal y nacional, así como la consolidación del Comité Nacional de Participación, dejando retos en materia de reanudación de retenciones ilegales con fines económicos y recrudecimiento de acciones armadas en los territorios”. 

Entre los hallazgos se puede destacar que, aunque se reconocen avances en mecanismos de participación, las comunidades siguen exigiendo garantías de seguridad, representatividad y cumplimiento de acuerdos.

“La ofensiva del Catatumbo y el atentado hacia el senador Miguel Uribe han hecho tambalear la situación de paz en el país. Sin embargo, hay unos procesos en curso, mesas de negocios en el marco de la idea de Paz Total que plantea el Gobierno Nacional dejando resultados parciales. Hay posibilidades que grupos pequeños dejen las armas e instalar las mesas para el siguiente mandato”, manifestó León Valencia, director de la Fundación Entre Pares Colombia.

Entre los retos que demanda seguir adelante con estos procesos de paz se encuentran: Contrarrestar el incumplimiento de ceses, la fragmentación y expansión territorial, la falta de garantías de seguridad, una notoria desconfianza en la institucionalidad y la presencia estatal la cual es débil. 

Por lo anterior, se debe tener presente una labor por parte del Gobierno en aras de multiplicar los esfuerzos para implementar el propósito de la Paz Total. También disminuir una existe desconfianza por la fragmentación de los actores armados, la limitada capacidad institucional para implementar acciones y asegurar el cumplimiento de acuerdos para la sostenibilidad de los procesos.  

Ricardo Villa, gestor de paz y asesor de la Presidencia de la República en procesos de Paz destacó la labor de la población civil en los procesos de paz: “Es clave que se organice y participe en diferentes espacios de negación para transformar el territorio de manera que se pierda el miedo a denunciar y se encuentren mecanismos para vivir mejor”.

Todo lo anterior sugiere establecer lineamientos normativos claros sobre el uso del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en los procesos de diálogo, poner como punto de partida la consecución de alivios humanitarios inmediatos e impulsar mecanismos de monitoreo y verificación eficiente y con participación social.

Conozca el informe completo aquí: