Desde hace muchos años la seguridad y la efectiva aplicación de justicia en Colombia se han convertido en el principal llamado de la ciudadanía a las autoridades. En un contexto en el que la delincuencia común ha robustecido sus operaciones, la impunidad parece imperar y la congestión de procesos representan grandes retos para el ámbito judicial, la propuesta de una reforma, ha cobrado especial relevancia y de hecho, desde el Gobierno Nacional, se viene trabajando en un proyecto al respecto.

Se trata de una iniciativa en la que según ha expresado el ministro Jorge Iván Cuervo, jefe de la cartera, se viene trabajando. Iniciando por los consensos que requiere una reforma de tal magnitud, con acuerdos técnicos y políticos con entidades como la Fiscalía General de la Nación, las Altas Cortes, la Defensoría del Pueblo y por supuesto, el Consejo Superior de la Judicatura.

Para entender mejor el contexto actual y los retos que enfrenta la construcción de una reforma a la Justicia, en el programa ‘Revista de la Mañana’ dialogó con el abogado y analista político Luis Fernando Ulloa, quien explicó la forma en la que el panorama criminal ha evolucionado y con ello, se ha hecho más evidente la necesidad de transformar el sistema penal.

“El gran reto que tenemos como país, como Estado, es articular las ramas del poder público. Si bien la rama judicial es la encargada de aplicar esa norma, pues es la rama legislativa la que confecciona y arma la discusión para que se creen las leyes del país. (...) Si eso sucede, ya podemos avanzar en una política real en materia punitiva ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Que los jueces no están interpretando el delito. Por ejemplo, un delito menor como un robo de celular, puede ser excarcelable, pero lo que no estamos viendo es todo el contexto: Que son grandes redes criminales”, explicó el invitado.

Además de ese crecimiento en el fenómeno criminal, la postura punitivista que relaciona la justicia con el castigo también estaría enfrentando problemas. Por un lado, penas más fuertes no están reduciendo los delitos ni más cárceles están garantizando menos reincidencia. Un panorama que abre las puertas a nuevas formas de interpretar el sistema penal, es el caso de las penas restaurativas y otras de sanción más centradas en la reparación a las víctimas y la resocialización de los infractores.

Otro de los grandes retos que enfrenta el sector es el de la congestión judicial. No obstante, según ha explicado el ministro Jorge Iván Cuervo, solucionar este tema no requeriría una reforma y, en cambio, bastaría una redistribución de los procesos judiciales. Es decir, por medio de audiencias virtuales, se podrían enviar algunos casos a ciudades que no registren sobrecarga laboral. De igual manera, se analiza la posibilidad de que ciertos conflictos laborales sean dirimidos por inspectores de trabajo antes que por la justicia ordinaria.

Mientras gran parte del debate está en construir un sistema penal que sea más ágil, respetuoso de los derechos y de fácil acceso para la ciudadanía, desde diferentes sectores empieza a señalarse la importancia de impulsar una justicia preventiva que además de identificar y responder a señales tempranas de riesgo, se anticipe al delito y permita otras salidas para eso atraviesa otros aspectos de la sociedad.

“Hay que aplaudir ese ejercicio que está haciendo el Ejecutivo de empezar a pasar de lo punitivo, o sea del incremento de penas, a un terreno donde ya deberíamos de estar hace mucho tiempo: Iniciar a trabajar en la prevención del delito. Ese objetivo pasa por el componente social y educativo, por la inversión pública y por la tecnología que tenemos que tener”, concluyó Ulloa.

La prevención, según se ha señalado desde el Gobierno, tendría un papel prioritario en una eventual reforma en aspectos como el feminicidio. En donde además de generar herramientas para identificar riesgos de manera oportuna, se garantice la atención temprana.