Todos los días los medios de comunicación informan sobre medias que toman los dirigentes, instituciones, secretarías o ministerios, las cuales son de obligatorio cumplimiento para la ciudadanía en general, varias pueden afectar o beneficiar a las poblaciones. Pero ¿Qué mecanismo usan las entidades para crear dichas normas? Lo hacen a través de actos administrativos.

LAUD 90.4 FM ESTÉREO dialogó al respecto con Gonzalo Ramírez Cleves, docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia y Especialista En Derecho Constitucional y Ciencias Políticas.

¿Qué son los actos administrativos?

“Es cualquier declaración, decisión o manifestación de voluntad que toma una entidad del Estado y posee efectos jurídicos”, expresó el experto. En otras palabras, es una decisión oficial que toma una autoridad pública que influye en las personas, pues tiene la facultad de otorgar derechos, imponer obligaciones, autorizar algo, negar un permiso, reglamentar leyes, etc. Por ejemplo: La Ley seca que impide el expendio de bebidas alcohólicas en determinadas horas. O la restricción del parrillero hombre en las motocicletas de un municipio.

Características

Se toman de manera unilateral, es decir que nace del Estado sin requerir permiso de los ciudadanos. Son documentos legales, vinculantes y de cumplimiento inmediato. Deben ser notificados si son para un particular o publicados sin son para la población en general, esto con el fin de que puedan entrar en vigencia y tener efectos. Además, son impugnables.

Tipos

Existen varias clases, algunos son:

· Decretos: “Son los que expiden autoridades de orden nacional o territorial, por ejemplo, la Presidencia de la República, los gobernadores o los alcaldes. Son de contenido general, tienen nivel jerárquico superior y logran desarrollar leyes”, manifestó el investigador.

· Resoluciones: “Los expide generalmente el ministro, los directores del departamento administrativo, secretarios o los superintendentes. Es un acto de menor rango que se usa para tomar decisiones específicas, otorgar o eliminar permisos, tomar medidas, entre otros”, agregó.

· Directivas: Son instrucciones, recomendaciones u orientaciones que se dan a los subordinados dentro de una entidad pública. En su mayoría no crean derechos u obligaciones para los ciudadanos, sino que organizan la actuación interna de la administración.

· Acuerdos: Son actos expedidos por los concejos municipales, las asambleas departamentales y algunos consejos directivos de organismos públicos con el propósito de regular asuntos de su competencia. Por ejemplo, un acuerdo que aprueba el presupuesto de un municipio.

· Ordenanzas: Son normas que expiden las asambleas departamentales para regular temas de interés del departamento, como tributos o planes de desarrollo.

· Circulares: Son comunicaciones mediante las cuales una corporación o institución explica, aclara o unifica la interpretación de medidas y procedimientos. Dependiendo de su contenido, tienen efectos únicamente internos o también producen efectos jurídicos.

· Licencias y permisos: Son documentos mediante los cuales una autoridad faculta a una persona o empresa para realizar una actividad determinada, como una licencia de construcción o un permiso ambiental.

· Autorizaciones y concesiones: Permiten a un particular ejercer una actividad o usar un bien público bajo determinadas condiciones, como una concesión para operar una vía o prestar un servicio público.

¿Cómo impugnarlos?

Si alguien no está de acuerdo con los actos o considera que vulneran algún derecho, puede impugnarlos de la siguiente manera:

· Vía administrativa: “Existen tres recursos, el primero es el de reposición que es el que usted hace ante la misma entidad que produce la instrucción para que la revise de nuevo. El segundo es el recurso de apelación que se hace ante la autoridad que está más arriba que el organismo que emitió el documento. Y la queja, que se usa cuando la apelación es rechazada”, informó el docente.

· Vía jurisdiccional: En este caso es posible usar la ‘nulidad y restablecimiento del derecho’, que consiste en que usted pide nulo el acto administrativo por la vía judicial y además solicita una reparación económica del daño. Al igual está la opción de ‘nulidad simple’ que se traduce en la demanda a la directriz para que se elimine del todo del ordenamiento jurídico porque es contrario a la Constitución o la Ley.

No obstante, los que no estén de acuerdo con las medidas poseen otra herramienta, que es la tutela, que aplica en el momento que se viola un derecho directamente.

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